Tres asociaciones de jueces denuncian que un proyecto de resolución del Consejo de Europa ‘ponga en entredicho la objetividad y transparencia del Poder Judicial en España’

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han informado hoy que el próximo lunes se somete a la consideración de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa un proyecto de resolución que «viene a reprobar que los políticos sean enjuiciados por manifestaciones vertidas en el ejercicio de sus funciones», y denuncian que en él se vierten «afirmaciones que ponen en entredicho la objetividad y transparencia del Poder Judicial en España y su compromiso de garantizar la libertad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos».

Dicho proyecto ha sido aprobado por el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea y se refiere a la sentencia del ‘caso procés’. 

Y se prevé que salga adelante.

Estas tres asociaciones subrayan en un comunicado que «en España los órganos judiciales no están al servicio de unos intereses del poder Ejecutivo para reprimir las libertades públicas, como se desliza en el texto», sino todo lo contrario, hasta el punto de que las asociaciones firmantes, en defensa de la independencia judicial, han acudido a la Comisión Europea para «alertar, precisamente, del riesgo que determinadas reformas legislativas podían suponer para la separación de poderes y el respeto a la independencia judicial».

Por ello, instan al Gobierno a que despliegue los instrumentos diplomáticos en su mano para impedir la aprobación del proyecto de declaración en los términos en que aparece redactado, por resultar «injustos y afrentosos» para uno de los poderes del Estado.

También exigen a los partidos políticos con representación en la Asamblea del Consejo de Europa, para que en el debate de la aprobación del mencionado texto, «expongan con claridad que la declaración se aparta radicalmente de la realidad del funcionamiento de los órganos judiciales en España».

Además, reclaman al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como organismo concernido por el proyecto de declaración, en cuanto garante de la independencia judicial que se pone en entredicho, para que se pronuncie oficialmente sobre su contenido, «denunciando públicamente las falsedades e inexactitudes que el mismo contiene para evitar una declaración que, si bien carece de eficacia ejecutiva, lesiona el prestigio del Poder Judicial y la necesaria confianza en su recto funcionamiento cara a los ciudadanos».

Sostienen que las anteriores posturas «no se compadecen en absoluto» con la realidad de la situación judicial en España de la que se han hecho eco los organismos internacionales encargados de testar la calidad democrática de las instituciones.

Así, recuerdan que en el apartado 34 del informe intermedio de cumplimiento de España, en la Cuarta Ronda de Evaluación, efectuado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), se establece con toda rotundidad: “El GRECO ha sido muy claro a este respecto y desea volver a serlo: no cabe duda de la independencia e imparcialidad de los jueces en el desempeño de sus funciones (véase también el apartado 3 del informe de la cuarta ronda de evaluación de España; el apartado 78 del informe de cumplimiento”.

Añaden que de acuerdo con el último ‘Democracy Index’ de la Unidad de Inteligencia de ‘The Economist’, España aparece, una vez más, entre los sistemas democráticos más avanzados del mundo, que establece únicamente 23 democracias plenas en todo el planeta.

Destacan, asimismo, que según el índice ‘Rule of Law de World Justice Project’, organización civil que trabaja para analizar y promover el Estado de Derecho en todo el mundo, España ocupa la posición 21 de un listado de 126 países, con una mayor consolidación y cumplimiento del Estado de Derecho.

«Con estos datos, poner en cuestión la calidad de la democracia en España y la labor de los tribunales y su defensa de los derechos fundamentales, insinuando una complicidad en la persecución ideológica de sus ciudadanos, constituye una falacia que debe ser reparada, evitando que se consoliden declaraciones sin fundamento que perjudican la imagen de la Justicia y de la propia percepción de España, como Estado de plenas garantías», denuncian las asociaciones.

Hacen hincapié en que «los órganos judiciales españoles constituyen la más eficaz garantía de las libertades y aseguran la convivencia pacífica de los ciudadanos en el marco de la legalidad, por encima de subjetivas consideraciones de legitimidad ideológica que se pretenden imponer al margen del marco de convivencia, incluso a quienes no estén conformes con las mismas».

Concluyen diciendo que como se señala en la sentencia del ‘caso procés’ dictada por el Tribunal Supremo el 14 de octubre de 2019: “Cuando se invaden espacios acotados por normas penales mediante actuaciones animadas por un deseo, no solo de exteriorizar las disidencia, que puede estar fundada en convicciones profundas, sino también de lograr la modificación de la legalidad, se ha asumir que el mismo ordenamiento reaccione con los resortes previstos como autodefensa frente a vías, no ya carentes de cobertura, sino en abierta oposición y rebeldía frente a la legalidad”.