Atropellados por el paso de los meses que se suceden a enorme velocidad y apenas dejan huella en la memoria de lo realizado hace tan solo unas cuantas semanas, debemos hacer una siquiera breve parada en nuestro ritmo frenético para recordar que hoy entra en vigor el nuevo Estatuto General de la Abogacía, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 2 de marzo.
Alguien dijo entonces que había tiempo para prepararse antes de que estuviera vigente. Pero ya está aquí.
Desde que el Gobierno lo aprobase a través de un Real Decreto, la Abogacía ha llevado a cabo distintas acciones para difundir su contenido.
Desde la impresión de más de 130.000 ejemplares del propio Estatuto hasta la difusión de su inagotable versión electrónica. Pasando, lógicamente, por infinidad de noticias, entrevistas, resúmenes, reportajes y análisis sobre lo que supone para nuestra profesión disponer 20 años después de un nuevo marco jurídico notablemente mejorado y plenamente actual, a pesar de haber dormido algunos años a la espera del Real Decreto 135/2021 que hoy le permite cobrar plena vigencia.
Afortunadamente para todos, no hay que explicarle a los abogados y abogadas la importancia de contar con una normativa profesional adaptada a las necesidades de quienes ejercemos ante juzgados y tribunales.
Pero quizá no está de más apuntar que conseguimos hoy, con este nuevo estatuto profesional que no lo es de una profesión cualquiera, una posición más sólida y nuevos instrumentos para la defensa de nuestros intereses que, nunca lo olvidemos, son en última instancia los de la ciudadanía.
Porque cuando generamos un protocolo para garantizar el respeto de los abogados en un tribunal, lo que conseguimos es consolidar la materialización del principio de igualdad ante la ley.
O cuando obtenemos la garantía de que cualquier registro judicial en un despacho profesional no puede violentar la privacidad del conjunto de clientes del abogado, lo que hacemos valer es el interés de todos y cada uno de los expedientes que no son objeto de la investigación y, por tanto, no pueden verse perjudicados.
Expedientes que, hágase notar siempre, contienen parte de la vida de familias enteras que depositan en nosotros asuntos de enorme trascendencia.
Pues bien, todos esos pasos adelante son hoy una realidad incontestable; parte de nuestro ordenamiento jurídico que invocar y hacer valer. Y anoto que invocar y hacer valer porque, como todos sabemos, la existencia de una ley no fue nunca motivo suficiente para su generalizado cumplimiento.
Instar a los tribunales a que prevalezca la ley sobre la arbitrariedad es precisamente una de nuestras principales armas en defensa tanto de nuestra profesión como del conjunto de derechos ciudadanos.
El Estatuto que hoy entra en vigor contiene otra serie de regulaciones que ofrecen a las instituciones colegiales un plazo de adaptación de un año. El tiempo es razonable y, sin embargo, el reloj ya está en marcha.
Los colegios y consejos hemos empezado a trabajar en ello. En profundizar en nuestras cartas de calidad y en revisar que todos los servicios que debemos ofrecer a los colegiados y la ciudadanía se corresponden con lo que regula el Estatuto. Estoy segura de que nos ayudarán a ser más útiles y ágiles para todos.
Este 1 de julio es, por tanto, un nuevo punto de inflexión para la Abogacía. Un momento de satisfacción pero también de toma de conciencia de los retos que tenemos por delante y que esta nueva regulación nos ayudará a afrontar. Decía la Premio Nobel Marie Curie que “nunca te das cuenta de lo que has hecho, solo puedes ver lo que queda por hacer”.
De la misma forma, este Estatuto lejos de ser un destino es principalmente un nuevo compañero para continuar nuestro viaje hacia la conquista de nuevos derechos. Recorrámoslo juntos.
