Las ‘Big Four’ [cuatro grandes] tienen al Estado como uno de sus clientes frecuentes, por encima incluso de grandes compañías.
Entre las cuatro grandes firmas de servicios profesionales –Deloitte, PwC, EY y KPMG– movilizan recursos públicos millonarios cada año.
De hecho, poniendo cifras al alza, se han llevado al menos 400 millones de euros de las arcas públicas en el último lustro.
Incluso en 2020, donde la contratación pública permaneció paralizada durante la declaración del primer estado de alarma, fueron capaces de hacerse con un buen puñado de suculentas adjudicaciones.
Ello en un contexto de pandemia que afectó a parte de sus ejercicios fiscales, que concluyen entre los meses de mayo y septiembre.
Sólo en el periodo comprendido entre junio de 2020 y junio 2021 los servicios a las distintas administraciones y organismos públicos repercutieron en más de 83 millones de euros para el póquer de consultoras.
Contratos que implican labores de auditoría, asistencia jurídica o asesoría procedente del fondo europeo de reconstrucción ‘Next Generation UE’.
Según datos de la plataforma de contratación pública, PwC se llevó adjudicaciones por valor de 29,12 millones de euros, lo que representa aproximadamente un 4% de la facturación de 642 millones de euros alcanzada por la firma en su último ejercicio, que finalizó el 30 de junio de 2020.
Le sigue por importe Deloitte, compañía que percibió 24,1 millones de euros en acuerdos con entidades públicas, cuando sus ingresos en España superaron los 865 millones a 31 de mayo del año pasado.
Algo por debajo de estos importes se situaron KPMG y EY, con 19,16 y 10,9 millones de euros respectivamente en servicios públicos.
La primera resultó la consultora más penalizada por el impacto del coronavirus, toda vez que medio año de su ejercicio fsical, que llega hasta septiembre, estuvo marcado por la crisis, lo que provocó una ligera caída del 0,3% en sus ingresos, que se situaron en 471,7 millones.
Aunque estas cifras no son muy significativas dentro del conjunto de 2.553 millones de euros que ingresaron en España durante el año fiscal 2020, da muestra del peso relativo que ejerce el Estado en su actividad y del lucro cesante que se arriesgan a perder.
Más aún, en un momento en el que está sobre el tapete la prohibición de que puedan pujar por contratos públicos.
En la resolución de su propuesta de sanción dentro del llamado ‘Cártel de Bilbao’, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sugerido que Deloitte, KPMG y PwC y el resto de consultoras condenadas, no puedan concurrir a licitaciones durante cinco años.
Según publicó Vozpópuli, de dictarse ya la resolución esta inhabilitación se extendería hasta 2026 tras analizar que estas empresas acordaban presentar ofertas en función de sus intereses.
La propuesta descansa sobre la mesa de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, que de acuerdo con la ley de contratos puede aplicar esta prohibición a cualquier empresa sancionada por alterar la competencia, como es el caso.
Asimismo, aunque todavía no se ha pronunciado al respecto, el organismo también tiene capacidad de determinar si la sanción sería general o sólo afectaría a una serie de licitaciones.
De esta forma, además de los 6,3 millones de euros de multa por repartirse licitaciones, las firmas afectadas dejarían de percibir importantes cuantías durante el plazo determinado, que en el caso de las Deloitte, KPMG y PwC supondría más de 70 millones de euros anuales.
