El magistrado del Tribunal Supremo Javier Hernández García, premiado por el Foro Justicia y Discapacidad

También han sido galardonados Carrefour España, la periodista Belén Torres y la Fundación Bobath

13 / 07 / 2021 14:23

El magistrado del Tribunal Supremo Javier Hernández García, la empresa Carrefour España, la periodista Belén Torres Vela y la Fundación Bobath son los premiados por el Foro Justicia y Discapacidad en la XIV edición de sus premios anuales.

El jurado los ha fallado hoy.

Este galardon es un reconocimiento a la contribución de todos los premiados, cada uno desde su ámbito profesional, a la mejora de la vida de las personas con discapacidad, a la defensa del ejercicio pleno de sus derechos y a la erradicación de cualquier tipo de discriminación y barreras.

En la categoría a una trayectoria profesional, el reconocimiento ha sido para el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Javier Hernández «por el trabajo desarrollado a través del estudio de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente desde la perspectiva de los derechos humanos».

Antes de ser nombrado magistrado del Alto Tribunal, Hernández fue delegado de Discapacidad del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La empresa Carrefour España ha obtenido el reconocimiento en la categoría a una actuación empresarial. El Foro ha querido premiar «la labor que viene desarrollando a través de la Fundación Solidaridad Carrefour y las direcciones de Talento y Recursos Humanos en la promoción de la inclusión social y la integración laboral de personas con discapacidad o en situación de desventaja social, con especial atención a las víctimas de la violencia de género».

También se ha querido premiar el desarrollo de una serie de tiendas modelo de accesibilidad universal, así como la puesta en marcha de un sistema de video-interpretación en lengua de signos española.

En la categoría a un medio de comunicación social, el premio ha recaído en la periodista Belén Torres Vela por su trabajo en canal Sur Televisión, donde durante 22 años dirigió y presentó ‘Solidarios’, un programa pionero que desde su nacimiento en 199 «convirtió la discapacidad en tema de interés informativo».

Su dedicación a la discapacidad y a la eliminación de barreras se ha desarrollado también en el ámbito universitario. Como docente en el Centro Universitario EUSA, ha dirigido trabajos de fin de grado sobre comunicación y discapacidad. Asimismo, ha impartido numerosos cursos relacionados con el tratamiento informativo de la discapacidad.

En la categoría a una actividad empresarial, el reconocimiento ha sido para la Fundación Bobath, dedicada al tratamiento integral de las personas afectadas de parálisis cerebral y daño cerebral. La atención a este colectivo empieza desde la etapa escolar y concluye con su formación profesional e integración en el mercado laboral.

Asimismo, la Fundación forma a los profesionales que atienden a las personas con parálisis cerebral o daño cerebral y promociona la investigación científica en este ámbito.

Los premios serán entregados el próximo 3 de diciembre, día internacional de las personas con discapacidad, o el día más próximo posible si fuere inhábil, en acto público y solemne, presidido por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

El Foro Justicia y Discapacidad fue creado por el CGPJ en 2003 y lo preside el vocal Juan Manuel Fernández.

Está integrado por el CGPJ, los ministerios de Justicia y de Derechos sociales y Agenda 2030; la Fiscalía General del Estado; el Consejo General de la Abogacía Española; el Consejo General de Procuradores de España; el Consejo General del Notariado (Fundación Aequitas); el Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantil y de Bienes Muebles de España; el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales; el Colegio de Psicólogos; el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); la Fundación ONCE y Plena Inclusión.

También se han incorporado a lo largo de estos años expertos de diferentes actividades.

Su puesta en marcha se produjo en virtud de un Convenio interinstitucional suscrito el 1 de diciembre de 2003, «con la finalidad básica de coordinar las Instituciones Jurídicas del Estado, para conseguir una mayor efectividad en la tutela judicial de los derechos de las personas con diversidad funcional, más de cuatro millones en nuestro país».

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