El magistrado del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha aplazado al 22 de julio la declaración del bróker Javier Biosca, prevista para este jueves, como presunto cabecilla de una estafa piramidal a inversores en criptomonedas que habría dejado cientos de afectados.
Biosca debía haber comparecido presencialmente este 15 de julio ante el Juzgado Central de Instrucción Número 1, para lo cual Abascal ordenó que fuera trasladado desde la cárcel de Alhaurin de la Torre (Málaga), donde se encuentra desde el pasado 8 de julio.
Sin embargo, su declaración se ha suspendido fijándose nueva fecha para el próximo día 22.
Su mujer e hijo, también señalados por esta presunta estafa, comparecerán este viernes ante el magistrado, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
El juez Santiago Pedraz, entonces a cargo de dicho juzgado, ordenó el ingreso de Biosca en prisión provisional para evitar que pudiera fugarse, que destruyera pruebas o que pudiera contactar con los perjudicados, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas el día de la vistilla.
Biosca está acusado de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad en documento público, delitos que habría perpetrado a través de la empresa ‘Algoritmhmics Group’ captando desde 2019 a inversores particulares que querían obtener altos intereses en el mercado de las criptomonedas.
De acuerdo con las querellas presentadas, el acusado, su mujer e hijo –presuntos captadores– garantizaban una rentabilidad del 20 o del 25% semanal y, como los primeros inversores comenzaron a recibir beneficios, se corrió la voz y el negocio pasó rápidamente de 30 inversores a 500.
Sin embargo, con la llegada de la pandemia de coronavirus se produjeron los primeros incumplimientos por parte de Biosca. Dejó de pagar a algunos inversores hasta que a finales de octubre de 2020 ‘Algoritmhmics Group’ dejó de hacer abono de cantidad alguna.
La Asociación de Afectados por las Inversiones en Bitcoins –representada por el bufete de Emilia Zaballos— calcula que los afectados podrían rondar los 300 y el dinero estafado pasaría de los 100 millones de euros.
