Un total de 29 de los 34 excargos del gobierno catalán a los que el Tribunal de Cuentas reclama una fianza de 5,4 millones de euros han presentado hoy un «anuncio» de que se acogerán al aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICE).
La delegada instructora ha estado analizando la documentación recibida y al considerar que los escritos presentados constituyen un mero anuncio, pero no han sido acompañados de los avales, ha dado un plazo improrrogable de dos días para la presentación de los mismos.
En la providencia advierte que de no formalizar los depósitos, serán embargados.
Respecto al hecho de la admisión o no de aval del Fondo de la Generalitat, el Tribunal de Cuentas ha dicho que «se dirimirá cuando proceda».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su parte, reafirmó ayer que si el Ejecutivo determina que el fondo creado por la Generalitat de Cataluña para avalar estas fianzas no es legal, lo recurrirá.
El Tribunal de Cuentas ha impuesto esta fianza por los gastos derivados de la promoción exterior del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 con dinero público, por el presunto desvío de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.
Reclama cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria.
Entre ellos están el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica, y el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras.
La mayor suma se le atribuye al exsecretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones, seguido por la exinterventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el exconsejero de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el expresidente Artur Mas por 2,8 millones; y el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.
En el caso del exconsejero de Exteriores Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras, también indultado, figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.
