El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó ayer que si el Ejecutivo determina que el fondo creado por la Generalitat de Cataluña para avalar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los 34 exaltos cargos del gobierno catalán a los que se reclaman 5,4 millones de euros no es legal, lo recurrirá.
Así lo manifestó a los periodistas durante su viaje de promoción económica y de inversión de tres días a Estados Unidos, al ser preguntado por este asunto tras la inauguración de la Oficina Económica y Comercial de España de Nueva York, en el edificio Chrysler y sobre la decisión de la Generalitat de usar finalmente el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para avalar las citadas fianzas impuestas por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas «embajadas catalanas» y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.
Sánchez no quiso entrar al fondo del asunto argumentando que el Gobierno todavía no tenía un criterio fijado al respecto. No obstante, ha vuelto a señalar, al igual que hizo hace dos semanas en una rueda de prensa durante su gira por los países bálticos, que si el Ejecutivo determina que ese fondo no es legal, lo recurrirá.
Por otra parte, en dicha conversación informal con periodistas también aseguró que no va a recuperar la reforma que pretendía cambiar las mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero pidió al presidente del PP, Pablo Casado, que reflexione para levantar un bloqueo que debilita a las instituciones. Además, anunció que el próximo 29 de julio comparecerá en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del curso político y económico y exponer el grado de cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo.
EL GOBIERNO CATALÁN LOS AVALARÁ A TRAVÉS DEL ICF AL NO HABER ENCONTRADO A NINGUNA ENTIDAD FINANCIERA QUE AVALE LAS FINANZAS
Fuentes del gobierno catalán informaron ayer que la entidad financiera pública de la Generalitat ha aprobado activar el mecanismo previsto en el decreto de creación del Fondo Complementario de Riesgos para que el ICF presente el aval, con el contraaval del fondo de 10 millones de euros aprobado por el ejecutivo autonómico la semana pasada para este tipo de casos.
En un principio la Generalitat había aprobado la creación de este fondo con la idea de que una entidad bancaria presentara el aval y la Generalitat, a través del fondo de 10 millones de euros, hiciera de contraaval a dicha entidad bancaria.
El decreto aprobado por el gobierno catalán para la creación del fondo preveía que en caso de no encontrar a ninguna entidad que avalara a los afectados, el ICF los avalaría directamente y el fondo de la Generalitat le haría de contraaval.
Tras constatar el pasado martes que no había ninguna entidad bancaria dispuesta a avalar a los encausados por el dictamen del Tribunal de Cuentas, el consejero de Economía, Jaume Giró, anunció que descartaba hacer la gestión directamente a través del ICF para no poner en riesgo a sus trabajadores.
Entonces remitió una carta al Tribunal de Cuentas pidiendo un margen de 15 días ya que varios afectados habían pedido acogerse al fondo y solicitaban tiempo para comprobar que cumplían los criterios para poder hacerlo.
Sin embargo, según informó ayer Giró en el Pleno del Parlamento de Cataluña, trabajadores del ICF le habían llamado para explicarle que estaban dispuestos a tirar adelante con la idea inicial y expedir los avales, por lo que cambió de opinión y finalmente el ICF los expide con el contraaval del fondo de la Generalitat.
Ayer estuvieron trabajando para poder hacerlo en tiempo y forma.
El vicesecretario general y portavoz del Comité Ejecutivo de Cs, Edmundo Bal, abogado del Estado en servicios especiales, ha expresado su deseo de que el Tribunal de Cuentas vea fraude de ley en el aval de los exaltos cargos de la Generalitat por asumirlos el Instituto Catalán de Finanzas y no los admita.
