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Interior remitirá a Justicia la petición de la AUGC y el SUP de aumentar las penas por delito de atentado a agente de la autoridad

Ambas organizaciones reclaman una reforma del artículo 550 del Código Penal, siguiendo el modelo de otros países de nuestro entornoAUGC y SUP han transmitido al ministro del Interior que conocen a diario casos reales que reflejan "cómo se ha degradado el principio de autoridad y cómo esta situación incide en la prestación del servicio, afecta al derecho a la vida, a la integridad física y moral y a la salud" de los agentes de ambos Cuerpos. Foto: EP
| | Actualizado: 27/07/2021 10:34

El Ministerio de Interior ha respondido afirmativamente a la petición de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) de reformar el Código Penal para aumentar las penas por el delito de atentado a agente de la autoridad, y la remitirá al Ministerio de Justicia.

Según han informado ambas organizaciones, el Ministerio del Interior les informó el pasado viernes que toma en consideración su propuesta para «reforzar el principio de autoridad de guardias civiles y policías».

La AUGC y el SUP enviaron conjuntamente una misiva al Ministerio del Interior el pasado 2 de julio reivindicando la modificación de Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal «en busca de una mayor protección para los miembros de los cuerpos policiales, a través del aumento de las penas aplicadas en ilícitos penales de delito de atentado contra agente de la autoridad».

“Tanto AUGC como el SUP somos receptores a diario de casos reales que reflejan cómo se ha degradado el principio de autoridad y cómo esta situación incide en la prestación del servicio, afecta al derecho a la vida, a la integridad física y moral y a la salud de miles de hombres y mujeres de los dos Cuerpos”, expusieron en su escrito.

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Por ello, ambas organizaciones entienden que es preciso acometer una reforma legislativa que permita «adecuar los tipos penales ya existentes», recogidos en al artículo 550 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, «ofreciendo así una respuesta más adecuada a este tipo de ilícitos penales, siguiendo el modelo de otros países de nuestro entorno».

Solicitan “iniciativas de política criminal que contribuyan a restablecer el respeto al principio de autoridad y a quienes lo encarnan».

Por ello, instaron al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a que junto con el Ministerio de Justicia inicie los trámites legales necesarios «para una modificación de la penalidad que se aplica a los tipos penales que velan por la protección de estos bienes jurídicos, que debe ser elevada y agravada».

Desde Interior les han comunicado que «esta acción se valora positivamente en la búsqueda de que la actuación de los efectivos policiales se vea protegida, pues con ello se facilita el desarrollo de sus misiones generales basadas en cumplir y hacer cumplir la ley, en proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y en garantizar la seguridad ciudadana».

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Ambas organizaciones llevarán a cabo un seguimiento de la iniciativa que», sin duda, ha de culminar con la presentación de un Proyecto de Ley Orgánica» que dé respuesta a las «inquietudes y preocupaciones» que AUGC y el SUP expresaron al
ministro del Interior y que, en breve, llegarán a la ministra de Justicia.

TAMBIÉN PIDEN LA EJECUCIÓN DE UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Ambas organizaciones también enviaron el pasado 2 de julio una misiva a la Secretaría de Estado de Seguridad pidiendo la ejecución de un seguro de responsabilidad civil, «como marca la Ley de Personal», que dé cobertura a las actuaciones de los agentes de la autoridad ante situaciones derivadas del ejercicio de sus funciones.

La AUGC y el SUP advierten que «esta obligación no se ha materializado», y destacan que la contratación de una póliza que cubra las acciones que puedan cometer los funcionarios policiales en el desarrollo de sus funciones es una prioridad para ambas organizaciones.

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Como quiera que la aprobación de estas coberturas está supeditada al desarrollo reglamentario de la ley, reclaman que «se dé cumplimiento estricto a la misma de manera urgente».