La ministra de Justicia, Pilar Llop, y el responsable de Justicia e Interior del PP, Enrique López, colisionaron a cuenta de la decisión que el Supremo tiene que tomar sobre los indultos concedidos por el Gobierno a los 9 separatistas catalanes. Fotos: EP.
Gobierno y oposición colisionan fuertemente a cuenta de la decisión que el Supremo deberá tomar sobre los indultos a los separatistas
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09/8/2021 20:38
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Actualizado: 09/8/2021 20:38
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Primero fue la ministra de Justicia, Pilar Llop, la que declaró esta mañana que era «bastante improbable», desde un punto de vista jurídico, que el Supremo –la Sala de lo Contencioso-Administrativo, para ser precisos– anule los indultos concedidos por el Gobierno el pasado mes de junio a los 9 separatistas condenados por el Alto Tribunal.
«De hecho, la Abogacía del Estado ha alegado que existe una falta de legitimación por parte de las fuerzas políticas que han presentado», explicó insistiendo en que este recurso es «una cuestión meramente jurídica y técnica».
La ministra es magistrada en servicios especiales –equivalente a la excedencia pero con la diferencia en que le sigue corriendo la antigüedad como si estuviera en la carrera, a todos los efectos–.
Llop hizo estas declaraciones a los medios en Castrillón, Asturias, donde estaba inaugurando el nuevo Juzgado de Paz.
En ese marco destacó su «absoluto respeto» por las resoluciones judiciales –vaya por delante la aclaración– y resaltó la «absoluta independencia» de los magistrados del Supremo.
«Quizá quien sí quiere influir es quien está diciendo que yo tengo alguna intención de influir», insistió.
Sus palabras –no podía ser de otra manera– se vieron contestadas de inmediato por el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López –también magistrado en servicios especiales–, quien calificó de «inapropiadas» las declaraciones de Llop por el solo hecho de ser ministra de Justicia.
«Si hay un ministro que no debe valorar las decisiones judiciales ni hacer alusiones a cuál debe ser la decisión judicial más acertada, es el ministro de Justicia», declaró López en una entrevista en La Sexta.
Y añadió que «no es apropiado» establecer un «criterio previo» a una decisión judicial «tan importante», que podría anular unos indultos concedidos por el Gobierno que para López son una «barbaridad jurídica».
La ministra de Defensa, Margarita Robles, también afirmó la semana pasada que no contemplaba un escenario en el que el Tribunal Supremo revoque los indultos concedidos por el Gobierno a los presos del ‘procés’.
«Mal comenzamos con estas declaraciones», ha apuntado López respecto a Llop, que asumió el cargo en la renovación de Gobierno llevada a cabo por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez hace un mes y ha pedido «máximo respeto al Poder Judicial».
LO QUE DE VERDAD QUERÍA «VENDER» LA MINISTRA
La inmediata contestación de López da una buena idea de cómo se hallan las relaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Están rotos los puertes no solo para la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –que lleva caducado 2 años y 8 meses–, sino también para la elección de los 4 magistrados del Tribunal Supremo, el Defensor del Pueblo y ahora los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas.
De nada sirvió el viaje que hizo la ministra Llop a Asturias para inaugurar el nuevo Juzgado de Paz de Castrillón junto al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.
Y razones había porque esa Comunidad Autónoma había invertido más de 110.000 euros en este nuevo servicio, que viene a tripicar en metros cuadrados –de 55 a 159– el local anterior.
La configuración de este nuevo Juzgado responde a las previsiones de la futura Ley de Eficiencia Organizativa.
De este modo, con la adecuación de espacios y la dotación de la tecnología necesaria los juzgados de paz se transformarán en Oficinas de Justicia, reduciendo la brecha territorial, digital y ecológica, y acercando los servicios públicos a la ciudadanía.
Y se enmarca en el Plan Justicia 2030 que impulsa el Ministerio de Justicia y cuyo principal propósito es transformar este servicio para hacerlo más accesible y eficiente, con el fin de contribuir a la cohesión social y territorial, así como a la sostenibilidad.
El nuevo Juzgado de Paz va a dar servicio a un total de más de 22.000 habitantes y es el que más población atiende de los 60 órganos de este tipo que funcionan en Asturias, por delante de los de San Martín del Rey Aurelio (15.800), Corvera (15.500), Llanera (13.000) y Gozón (10.200).
Esto parecía ser lo importante, pero tres frases sobre otro asunto nacional, lo convirtieron en irrelevante.
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