El CGPJ que preside Carlos Lesmes ya puede tener su espacio en el Libro Guinness de los Récords por derecho propio

Los 21 miembros que conforman el actual Consejo General del Poder Judicial tenían que haberse ido el 4 de diciembre de 2018. El próximo 4 de septiembre llevarán en funciones 2 años y 8 meses.

O, lo que es lo mismo, 960 días.

Por ello, el actual gobierno de los jueces, presidido por Carlos Lesmes, ya podría solicitar tener su sitio en el Libro Guinness de los Récords, la publicación que recoge los récords mundiales. Es la máxima autoridad mundial en la materia.

De los siete CGPJ que han existido en este periodo democrático de nuestra historia, que comenzó –por lo que a la justicia se refiere– en 1980, solo había uno que hasta ahora había superado su tiempo de mandato con creces. Con muchas creces.

Fue el que presidió Francisco Hernando Santiago, que fue renovado 1 año y casi 11 meses por encima de su tiempo; el 29 de septiembre de 2008, después de haber iniciado su mandato el 7 de noviembre de 2001.

En ambos casos, el retraso en su renovación tiene el mismo origen: la imposibilidad de que los dos principales partidos, el PSOE y el PP, se hayan podido poner de acuerdo. Condición obligada, según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Entre los dos, tanto en el Congreso como en el Senado, suman tres quintas partes de los votos, una mayoría reforzada que no se puede producir mediante cualquier otra suma de fuerzas políticas.

El presidente de la institución, Lesmes, advirtió, en la apertura del Año Judicial del año pasado, a los partidos políticos que la no renovación del órgano de los jueces era una «seria anomalía».

El ejemplo de su antecesor, Pascual Sala –presidente del CGPJ y de Supremo entre el 7 de noviembre de 1990 y el 26 de julio de 1996–, sin embargo, no ha sido de inspiración para Lesmes.

Como estos dos Consejos, el de Sala comenzó a pasarse de tiempo. Una situación con la que acabó el entonces presidente provocando la renuncia de seis vocales, con lo que unido a otras vacantes, el CGPJ se quedó con 11 vocales. Tres menos de los necesarios para celebrar Plenos.

Los partidos no tuvieron más remedio que elegir un nuevo Consejo, que comenzó su mandato el 26 de julio de 1996, poco más de ocho meses después de su tiempo.

Tal como están las cosas, esta situación se podría prolongar más allá de 2022, por lo que no procedería solicitar inscripción alguna en el Libro Guinness. Por ahora. Porque podría suceder que la renovación permaneciera suspendida hasta después de las próximas elecciones generales, previstas para el 28 de mayo de 2023.

La verdad es que el CGPJ ha dejado de molestar tras la última reforma de la LOPJ que impide a un Consejo en funciones, como este, hacer ningún nombramiento discrecional, entendiendo como tales las vacantes dejadas por magistrados del Tribunal Supremo, y las Presidencias de sus cinco salas, la Presidencia de la Audiencia Nacional y las Presidencias de sus tres Salas, lo mismo que a los presidentes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia, a los magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de dichos órganos judiciales y a los presidentes de las 52 Audiencias Provinciales.

Al privar al CGPJ de esta importante función, ha quedado de facto desactivado. Lo que ha creado la sensación, entre los 5.500 miembros de la carrera judicial, que la Justicia no está, en absoluto entre las prioridades de la clase política.

Las posiciones de PSOE y PP, hay que decirlo, están enfrentadas. Mientras que el PSOE quiere seguir nombrando, a través del Parlamento, a los 12 vocales jueces que conforman el CGPJ, el PP mantiene que tiene que producirse primero una reforma de la LOPJ que permita que los jueces y magistrados elijan a sus 12 vocales mediante votación secreta y directa, como ya se hizo en 1980, y que fue cambiado en 1985 para el sistema actual.

Las cuatro asociaciones nacionales de jueces –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)– apoyan esa forma de elección, con la reforma previa de la LOPJ, si bien JJpD considera que habría que renovar con el sistema vigente para no dejar pasar más tiempo.

La reforma podría hacerse después.

UNA REFORMA QUE SE PODRÍA HACER EN TRES MESES

«Hay que renovar el CGPJ, pero también el sistema, las dos cosas van unidas», afirman fuentes de la AFJV. Con voluntad política, dicha reforma no llevaría más de tres meses en el Parlamento.

Si no se hace así, apuntan, la percepción de independencia del CGPJ por parte de la ciudadanía no mejorará.

FJI incide en que el sistema está «caduco» y va contra los estándares mínimos de independencia judicial, por lo que interesan que al menos la mitad de los miembros sean elegidos por sus pares. Además, apuntan que la reforma de la ley es posible porque contaría con el apoyo de tres partidos de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox).

Desde la asociación mayoritaria de jueces en España, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), han mantenido a lo largo de los últimos meses que se tiene que renovar cuanto antes el Consejo y que hay que abordar la reforma de la LOPD.

Precisamente, en el primer contacto que mantuvieron con la ministra de Justicia, Pilar Llop, tras tomar posesión de su cargo, el presidente de la APM, Manuel Almenar, le instó para que se llegue a un acuerdo para la renovación del CGPJ y para reformar la actual Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que los miembros de esta institución sean elegidos directamente por los jueces.

La Unión Europea ha expresado repetidas veces su opinión: los jueces deben elegir a sus representantes en el Consejo.