La propuesta ha sido rechazada por los agentes sociales, tanto por las patronales CEOE y Cepyme como por los sindicatos CCOO y UGT. Foto: EP.
Desencuentro entre patronal y sindicatos por la posible subida del Salario Mínimo Interprofesional
El Gobierno ha planteado a los agentes sociales una subida de 15 euros, un 1,58%, del salario mínimo
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02/9/2021 06:48
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Actualizado: 18/4/2023 11:07
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Los expertos aclaran que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debe pasar por la negociación colectiva y ser fruto del diálogo social.
El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre una subida inminente deslegitima la negociación colectiva y mete presión a los empresarios.
Aunque es cierto que desde un punto de vista técnico esta es una competencia exclusiva del Gobierno y las negociaciones del diálogo social no son vinculantes.
La ley habla de un periodo de consultas, pero la potestad es del Ejecutivo.
El Gobierno ha planteado a los agentes sociales una subida de 15 euros, un 1,58%, del salario mínimo, hasta 965 euros brutos al mes, para lo que resta de 2021, en tanto que para 2022 y 2023 ha propuesto sendas subidas de 31 euros, lo que dejaría el SMI al cierre de la legislatura en 1.027 euros.
Así lo han comunicado los sindicatos CCOO y UGT, aunque el Ministerio de Trabajo ha evitado confirmar una cuantía concreta.
La subida para este año supondría la mitad de la inflación actual, que se sitúa en el 3%.
La propuesta ha sido rechazada por los agentes sociales, tanto por las patronales CEOE y Cepyme como por los sindicatos CCOO y UGT, con lo que el Ministerio de Trabajo ha decidido convocar una nueva reunión para el próximo lunes para dar otra oportunidad al acuerdo social.
Hay que distinguir la subida del SMI por ley, que es competencia gubernamental, de los salarios que se pactan por convenio colectivo que esos siempre tienen que estar por encima del SMI y ahí el Gobierno no interviene, es cuestión de los sindicatos y la patronal empresarial.
ES UNA OBLIGACIÓN JURÍDICA PARA EL PAÍS
La Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (AEDTSS) respalda la subida del salario mínimo. Su presidenta, María Emilia Casas, ha recordado que incrementarlo hasta el 70% del salario medio es una obligación jurídica ineludible para España.
“La interpretación del artículo 4 de la Carta Social Europea, de donde proviene este umbral, no deja lugar a dudas acerca de que España tiene la obligación jurídica de subir el SMI hasta alcanzar el 70% del salario medio”, ha destacado.
“Otra cosa bien distinta son los tiempos, para los que la negociación con los agentes sociales resulta una pieza crucial. Si la subida se hace en este entorno se logra que se haga más acorde con la situación actual que viven las empresas que conocen bien empresas y sindicatos”, añadió.
La principal asociación de especialistas en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ha recordado que el informe de la comisión expertos encargado por el Ministerio prevé diversos escenarios económicos para alcanzar el mencionado objetivo.
María Emilia Casas, catedrática de Derecho del Trabajo y expresidenta del Tribunal Constitucional.
Por una parte, se formula una senda de subida en función ritmo de la recuperación del PIB y de la productividad, según los datos aportados en la Actualización del Programa de Estabilidad.
Por otra, también se contempla un escenario más conservador en el que, como consecuencia de la inestabilidad derivada de la pandemia, se concentrara el resto de la subida para los años finales de la legislatura.
“Desde un punto de vista técnico, el informe de la Comisión de expertos aporta diversas alternativas que pueden ser de gran utilidad para que Gobierno y agentes sociales acuerden una senda de crecimiento adecuada para la realidad económica que atraviesa hoy nuestro país”, ha subrayado Casas.
La presidenta emérita del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ha subrayado también los efectos beneficiosos que la subida del SMI tiene en términos de equidad, cuestión en que se ha venido insistiendo en diferentes congresos y seminarios auspiciados por la AEDTSS.
UNA SITUACIÓN COMPLEJA
Carlos de la Torre, «Of Counsel» de Baker Mckenzie y vicepresidente de Adirelab, cree que “la subida del SMI es compleja y poliédrica porque afecta cuestiones sociales a nivel de salario digno y recuperación poder adquisitivo de trabajadores y es cuestión económica con impacto en el mercado laboral y también jurídica”.
Este experto recuerda que es una prerrogativa del Gobierno, según dice el Estatuto de los Trabajadores, “creo que se verá el impacto que puede tener en el crecimiento económico. Ahora la recuperación económica esta siendo sólida y habrá que ver la inflación un problema para los trabajadores con bajos salarios”.
A su juicio, “podría plantearse una subida pequeña ahora y más elevada en los dos próximos años”.
Partimos de una subida del 22% en el año 2019 llegando a los 950 euros al mes. Ahora la subida que se está gestando está anclada en una Comisión de catorce expertos que asesoraron al Gobierno que identificaron una horquilla entre 12 y 19 euros.
«El Gobierno lo ve en 15 euros al mes. No parece muy alta. Los sindicatos piden más y la patronal CEOE señala que eso tendrá un desplazamiento de costes en algunos sectores afectando a 1,6 a 2 millones de trabajadores”, comenta.
Al mismo tiempo, agrega, “otra cuestión es el impacto sectorial y su impacto en el mercado laboral. Según los informes del Ministerio está afectando a hostelería y agricultura y en menor medida a servicios y comercio”.
Carlos de la Torre, ‘of counsel’ laboral de Baker Mckennzie.
Al mismo tiempo la subida va a a un colectivo formado por “jóvenes, mujeres y trabajadores mayores que tienen salarios más bajos”.
Sobre la queja de los autónomos de que la subida del SMI perjudicará sus negocios, De la Torre indica que “recuerda que hay autónomos con empleados a sueldo y otros no sujetos a convenios colectivos. El SMI es el suelo de la contratación laboral y puede afectar subida de cotizaciones sociales”.
En cuanto al impacto de una eventual subida del SMI en la destrucción de empleo y posibilidades de contratación, este experto indica que “no parece que haya una evidencia rotunda que una subida pequeña pueda destruir empleo”.
En este escenario este jurista apunta que “no me parecería mal la subida. Al final puede haber un decretazo y una solución salomónica por parte del Gobierno oídos los agentes sociales, si no hay acuerdo en la mesa de diálogo”.
APOSTAR POR EL DIÁLOGO SOCIAL
Por su parte, Eva Blázquez, profesora Titular Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid y exviceconsejera de Economía de la Comunidad de Madrid, considera fundamental que «esta decisión se tome en el marco del diálogo social».
«Solamente cuando este tipo de modificaciones se realizan con el beneplácito de los agentes sociales, de todas las partes (empresa y personas trabajadoras), se consigue equilibrar los distintos intereses”, apunta
También indica que “ahora se abre el camino, en principio, a dicha negociación y esperemos que la decisión venga de la mano de un acuerdo de sindicatos y asociaciones empresariales”.
Esta jurista señala que “en circunstancias normales, ni siquiera entiendo discutible la necesidad de subir el SMI cada año, sobre todo en momentos como este, cuando le inflación vuelve aparecer después de un período largo de estabilidad de los precios, provocada especialmente por la ingente subida del precio de la luz”.
“Además, tampoco parece discutible que el aumento del salario genera un incremento del consumo y esto a su vez revierte en beneficios para las empresas”.
Blázquez reconoce que “estando a favor siempre de la subida del SMI con el fin de garantizar que se mantenga, mejor se eleve, el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y de acuerdo con el aumento del fenómeno denominado trabajadores pobres”.
Eva Blázquez, profesora Titular Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid y exviceconsejera de Economía de la Comunidad de Madrid.A su juicio, “esto es, la constatación de que el desarrollo de una prestación de servicios ya no es garantía de acceso a los bienes que una sociedad del bienestar debe asegurar. Sin embargo, en este momento en el que el mercado laboral está fuertemente influido por los efectos de la pandemia, quizás, esta opción deba ser repensada”.
Esta jurista indica que “la elevada tasa de desempleo que aún se mantiene, sin que se hayan recuperado los niveles de empleo de 2019, y los efectos aún inciertos que en dicha tasa puede tener el fin de los ERTE relacionados con el Covid-19 (no olvidemos que, por el momento, solo se encuentran prorrogados hasta el 30 de septiembre), debe llevar a reflexionar sobre cuál es el objeto prioritario en estos momentos”.
“Y hay razones para defender que debe ser el mantenimiento de la viabilidad de las empresas a los efectos de mantener el empleo, sobre todo de los que aún se encuentran en ERTE y evitar el aumento de la tasa de desempleo».
A su juicio, “si bien es verdad que la tasa de desempleo se ha reducido los últimos meses y ha aumentado la contratación, no se puede olvidar que esta situación en parte tiene su origen en la campaña de verano y en el inicio de la reducción de las limitaciones de las medidas sanitarias generadas por la Covid, que ha conllevado el incremento del consumo”.
“No obstante, todavía quedan por conocer los efectos de la finalización de los ERTE provocados por la pandemia. Es en este momento cuando se podrá valorar la viabilidad económica de las empresas (no olvidemos que el tejido productivo español son pymes y micropymes, cuyo mantenimiento en una crisis es más complejo), y analizar si es conveniente aumentar el SMI”.
Para Eva Blázquez, “mientras este momento llega, lo más cauteloso parece mantener el SMI y, en su caso, poner en marcha políticas de empleo que tengan por objeto el mantenimiento del empleo existente, más allá de las clásicas de promoción de la contratación”.
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