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Siete años después comienza el juicio contra los responsables de la Fundación Afal, que tutelaba a millonarios incapacitados

SE LES ACUSA DE LOS DELITOS DE APROPIACIÓN INDEBIDA, ESTAFA, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ADMINISTRACIÓN DESLEAL El "expolio" a los millonarios tutelados, como lo describió el Ministerio Fiscal, tuvo lugar entre 2008 y 2014.
| | Actualizado: 12/09/2021 0:56

Tres años y cuatro meses después de terminar la fase de investigación y de que el Ministerio Fiscal presentara su escrito de acusación, en mayo de 2018, contra los que fueron máximos responsables de la Fundación Afal Futuro, finalmente verá la luz mañana lunes ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, presidido por el magistrado Eduardo Víctor Bermúdez Ochoa.

Es uno de los juicios más esperados. Está previsto que dure 31 sesiones.

La Fiscalía solicita seis años de cárcel para el director de Afal, Jaime Conde Moralacinco años para la abogada de la entidad, Mercedes Díaz Mayo; dos años y medio para Rafael Núñez, marido de la presidenta de la entidad Blanca Clavijo, que falleció en el 2014 en un accidente de tráfico tras sufrir un ataque al corazón; y un año y nueve meses para Juan Antonio Fernández, voluntario, por un delito de apropiación indebida. 

Para la también voluntaria, María Eugenia James Lamigueiro, se solicita un año de prisión por un delito de falso testimonio. 

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El Ministerio Fiscal afirma que expoliaron a las personas que tenían bajo su tutela –mayormente personas mayores, que padecían Alzheimer o demencia senil, pero también jóvenes, como Yolanda García Cereceda, heredera del patrimonio de «La Finca», la urbanización de élite de Madrid–, a las que supuestamente sustrajeron 8.422.909 euros mediante transferencias «inconsentidas» e «injustificadas» a sus propias cuentas corrientes.

La Fundación Afal nació en 2005.

Los hechos sucedieron entre 2008 y 2014, que fue cuando un grupo de familiares y de empleados lo denunciaron ante la Justicia. En aquel momento Afal tenía en torno a cien personas tuteladas. 

La denuncia y los datos que emergieron de las investigaciones obligaron a la Fiscalía a solicitar a los jueces de incapacidades la remoción de todas las tutelas que tenía hasta ese momento la Fundación Afal.

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Sobre la cifra final sustraída no hay coincidencia por parte de las acusaciones particulares.

En el caso específico de García Cereceda el daño patrimonial constatado se eleva a 9.915.176 euros, además de 31.573.712 euros, por las deudas que la Fundación aceptó en su nombre.

Yolanda García Cereceda fue incapacitada en 2011 por el Juzgado de Primera Instancia e Incapacidades número 65 de Madrid a instancias de la entonces fiscal jefe de Incapacidades de la Comunidad de Madrid, Nuria López-Mora, que fue quien propuso que fuera la Fundación Afal la que se ocupara de su custodia y de gestionar su patrimonio.

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La demanda de incapacitación fue interpuesta por su hermana, Susana García-Cereceda, con la que, en esos momentos Yolanda libraba un duro enfrentamiento por la herencia de su padre, el fallecido millonario, Luis García-Cereceda. 

Previamente, a Yolanda García Cereceda se le había privado, en diciembre de 2010, de la custodia de sus tres hijos, de 5, 6 y 8 años, que no recuperó hasta 2018.

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Por ello, la petición de cárcel para Jaime Conde Morala, Mercedes Díaz Mazo y Rafael Núñez, por un delito continuado de estafa, un delito de falsedad en documento mercantil, y dos de administración desleal es sensiblemente superior a la de la Fiscalía: 23 años de cárcel. 

Durante la instrucción la Fiscalía rechazó la posibilidad de interrogar a la fiscal López-Mora, amiga de Clavijo, quien realizó múltiples cursos y conferencias para la Fundación, cobrando por los mismos. También se expulsaron del caso los correos electrónicos que intercambiaron la presidenta de Afal y ella desde su cuenta de hotmail.

Blanca Clavijo, la que se supone que fue el cerebro de todo, presidenta de la Fundación Afal, falleció en julio de 2014, poco después de que comenzaran las investigaciones, debido a un infarto que sufrió mientras conducía en dirección a la sede de esta entidad, en Paracuellos del Jarama, población al este de Madrid.

HABÍA UN PLAN PARA «EXPOLIAR» EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS TUTELADAS

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la Fundación, presidida por la desaparecida Blanca Clavijo, y el resto de los imputados, idearon un plan para «expoliar» el patrimonio de las personas que tutelaban, «en su mayoría ancianos con demencia», a las que los Juzgados de Primera Instancia de Madrid les habían conferido esa responsabilidad.

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Entre Clavijo, Conde y Díaz gestionaron los “grandes” patrimonios de sus tutelados, vendiendo sus inmuebles, realizando obras en los mismos y hasta asesorándoles en materia legal o fiscal “conscientes del perjuicio que originaban a los ancianos tutelados” y “despreciando las obligaciones derivadas de su función de tutor”.

Mediante el expolio al que sometían a los ancianos lograban sustraer buena parte de su patrimonio para incorporarlo bien al suyo propio a través de distintas sociedades bien al patrimonio de la Asociación Nacional del Alzheimer Afal Contigo o de la misma Fundación.

Todo ello para invertir posteriormente el dinero en la construcción del proyecto Villafal, una residencia de lujo para ancianos con Alzheimer situada en Paracuellos del Jarama, un negocio con el que los acusados “pensaban ganar grandes cantidades de dinero”.

Dado que la Fundación era nombrada tutora de los ancianos –la mayoría con Alzheimer, sin familiares o “teniendo estos intereses contrapuestos”– los acusados estaban autorizados para manejar sus cuentas por lo que no tenían impedimento alguno para transferir capital a sus cuentas de la Asociación Afal Contigo, la Fundación Afal Futuro o a la mercantil T4L que formaba parte del grupo de empresas de Afal.

Estas transferencias “inconsentidas” o “injustificadas”, según la Fiscalía alcanzaron el importe mencionado de 8.422.090 euros “sin que conste en muchas ocasiones quién de ellos hacía las transferencias al efectuarse éstas por internet, pero en todo caso de común acuerdo y consentimientos de los tres”.

Las empresas utilizadas se elevaron a diez, en especial T4L Technology for Living, S.L.

PERJUDICADOS

La perjudicada número 1 fue incapacitada por sentencia judicial firme el 20 de diciembre de 2008 al tiempo que la Fundación Afal fue nombrada como su administradora.

Entre el 18 de noviembre de 2013 y el 27 de diciembre de ese mismo año los acusados realizaron 24 transferencias por un importe de 50.000 euros cada una a una cuenta en la que aparecía como beneficiaria la Asociación Afal Contigo.

Es decir, hicieron transferencias en favor de la Asociación por importe de 1.150.00 euros.

Desde otra cuenta realizaron otra transferencia “injustificada” a T4L por valor de 32.430 euros, e incluso efectuaron cargos injustificados a la misma mercantil desde una tercera cuenta aludiendo a la venta de un edificio por valor de 83.490 euros propiedad de la persona tutelada y cuya venta había sido encomendada a otra persona en exclusiva.

En total, sumando otras dos transferencias injustificadas de  50.000 euros y de 193.921 euros la mercantil T4L consiguió tener en su cuenta corriente gracias a la anciana incapacitada  otros 359.941 euros. La fiscalía solicita por tanto que se le indemnice en concepto de responsabilidad civil con 1.509.841 euros.

El perjudicado número 2 fue incapacitado judicialmente el 9 de diciembre de 2010.

Entre el 30 de enero de 2013 y el 9 de enero de 2014 el tutelado recibió en su cuenta corriente de España cuatro trasferencias de una cuenta en Suiza de dinero que previamente se había regularizado fiscalmente por importe de 4.715.933 euros y otra por valor de 550.000  dólares americanos.

Los acusados, por su parte, efectuaron un vaciamiento patrimonial de esa cuenta en favor otras cuentas cuyos beneficiarios eran Afal Contigo (1. 842.000 euros), T4L (899.400 euros)  o la constructora Fomento de Construcciones y Contratas (2.087.976 euros) porque era la empresa encargada de construir la residencia Villfal en Paracuellos del Jarama, sin que conste que conste que la empresa tuviera conocimiento del origen ilícito de tales pagos.

A la perjudicada número 3 lograron expoliar 570.200 a través de transferencias realizadas a Afal Contigo (345.000 euros) y a T4L (234.200 euros), dinero que en su mayoría fue destinado por los acusados al pago de certificaciones de obra de la residencia Villafal.

A los perjudicados 4 y 5 (un hombre y su hermana) les transfirieron de sus cuentas 397.763 euros a la Asociación Nacional del Alzheimer Afal Contigo y a T4L, mientras que a las perjudicadas 6, 7 y 8 las cantidades ascendieron a 266.784 euros, 33.250 euros y 61.954 euros, respectivamente.

SEGUROS DE VIDA Y CONTRATOS DE RENTA VITALICIA

Dentro del plan establecido para “saquear” a las persona tuteladas Mercedes Díaz Mayo concertó seguros de vida o contratos de renta vitalicia con una entidad aseguradora situando como beneficiarios a los herederos legales, “a sabiendas de que no existían”, y en su defecto a los tutores legales, esto es, a la propia Fundación Afal.

Algunas de estas pólizas seguían en vigor en 2018 puesto que en la persona no había fallecido pero en un caso concreto se llegaron a embolsar 39.534 euros.

Por su parte, Rafael Núñez en colaboración con su mujer ordenó varias transferencias “injustificadas” a la mercantil DYSF de la que era administrador único “haciendo suyo el dinero” y sin que conste que el acusado realizara servicio alguno a la persona tutelada.

Respecto a los otros dos acusados, José Antonio Fernández Díaz y María Eugenia James Lamigueiro, trabajaban como voluntarios en la Fundación y el primero de ellos facilitó su número de cuenta a Blanca Clavijo quien le transfirió 1.400 euros por unos servicios que nunca llegó a prestar a las personas tuteladas por la Fundación.

Además, ambos acusados por encargo de Blanca Clavijo manifestaron de forma “mendaz” ante un juez que la perjudicada número 6 redactó su testamento en su presencia y hasta reconocieron “sin ninguna duda” la letra y la firma de persona tutelada. Dicho testamento fue elaborado con la finalidad de que parte del importe revirtiera en la Fundación Afal ya que por escritura pública  convertía heredera universal a la Fundación Reina Sofía.

Así, lograron que la Fundación Afal le cedieran por un euro los derechos derivados de un procedimiento judicial en el que se establecía una indemnización que no llegaron a percibir por un importe de 1.111.000 euros.