Jaime Conde, exdirector de la Fundación Afal, niega su implicación en el «expolio» a personas con Alzheimer y demencia senil
El que fuera "número 2" de la Fundación Afal, Jaime Conde, negó ayer a la Fiscalía ningún tipo de responsabilidad. Él era solo un empleado. Quien mandaba era Blanca Clavijo, la presidenta, fallecida en 2014. Foto: Equipo de Investigación/La Sexta.

Jaime Conde, exdirector de la Fundación Afal, niega su implicación en el «expolio» a personas con Alzheimer y demencia senil

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21/9/2021 06:50
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Actualizado: 21/9/2021 06:50
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El exdirector de la Fundación Afal, Jaime Conde Morala, negó ayer responsabilidad alguna durante el interrogatorio al que fue sometido por el Ministerio Fiscal afirmando que era un mero empleado que hacía labores de gerencia.

Conde Morala explicó que él figuraba como director de la Fundación «a efectos publicitarios» y que la máxima responsable era Blanca Clavijo, la presidenta, que falleció en el 2014 en un accidente de tráfico tras sufrir un ataque al corazón.

«La relación con Blanca Clavijo no era de igual a igual. Ella era la superiora y yo el inferior», relató al tribunal que preside el magistrado Eduardo Víctor Bermúdez Ochoa, confiriéndole toda la responsabilidad de lo sucedido.

La Fiscalía solicita para el exdirectivo seis años de cárcel por la comisión de un delito de apropiación indebida de 8.422.909 euros, dinero que supuestamente sustrajeron a personas que tenían bajo su tutela, mayormente personas ancianas que padecían Alzheimer o demencia senil, pero también jóvenes, como Yolanda García Cereceda, heredera del patrimonio de «La Finca», la urbanización de élite de Madrid.

Junto con Conde Morala también están imputados la abogada de la entidad, Mercedes Díaz Mayo, para la que el Ministerio Fiscal solicita cinco años de prisión.

Para Rafael Núñez, marido de la fallecida Blanca Clavijo, la petición es de dos años y medios. Y un año y nueve meses para Juan Antonio Fernández, voluntario, por el mismo delito. 

Para la también voluntaria, María Eugenia James Lamigueiro, se solicita un año de prisión por un delito de falso testimonio. 

De acuerdo con la acusación pública, los acusados idearon un plan para «expoliar» el patrimonio de las personas que tutelaban a las que los Juzgados de Primera Instancia de Madrid les habían conferido esa responsabilidad.

Entre Clavijo, Conde y Díaz gestionaron los “grandes” patrimonios de sus tutelados, vendiendo sus inmuebles, realizando obras en los mismos y hasta asesorándoles en materia legal o fiscal “conscientes del perjuicio que originaban a los ancianos tutelados” y “despreciando las obligaciones derivadas de su función de tutor”.

Todo ello para invertir posteriormente el dinero en la construcción del proyecto Villafal, una residencia de lujo para ancianos con Alzheimer situada en Paracuellos del Jarama, un negocio con el que los acusados “pensaban ganar grandes cantidades de dinero”.

Conde Morala, durante el interrogatorio al que fue sometido por la Fiscalía, negó haber hecho transferencias «inconsentidas» e «injustificadas» a sus propias cuentas corrientes.

«La Fundación es la que tiene que responder por ello porque es la que se ha enriquecido», añadió, descargándose de culpa alguna.

La Fundación Afal nació en 2005.

Los hechos sucedieron entre 2008 y 2014, que fue cuando un grupo de familiares y de empleados lo denunciaron ante la Justicia. En aquel momento Afal tenía en torno a 100 personas tuteladas, pero llegó a tener hasta 150. 

Las víctimas supuestamente expoliadas fueron cinco, entre ellas Juan Luis de la Cruz Cort, María de los Santos García Laínez y Yolanda García Cereceda. 

El caso, que ha acumulado 40.000 folios desde que comenzó a investigarse en 2014, cuenta con seis acusaciones: el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y cuatro acusaciones particulares. Los 16 abogados restantes ejercen la defensa.

El interrogatorio a Conde, por parte del resto de las partes, continúa hoy en la sala de vistas de la planta baja del edificio de la jurisdicción civil de la Audiencia Provincial de Madrid, colindante con el de la jurisdicción penal. Se celebra ahí por cuestiones de espacio.

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