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Yolanda García-Cereceda reclama a la abogada general del Estado que asigne a uno de sus miembros al juicio contra la Fundación Afal
Yolanda García-Cereceda, una de las dos herederas del multimillonario creador de "La Finca" –Luis García-Cereceda–, estima que la presencia de la Abogacía del Estado en el juicio que comenzará en septiembre contra la Fundación Afal es esencial. De ahí que le haya pedido a la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey, que asigne a uno de sus compañeros a este juicio.

Yolanda García-Cereceda reclama a la abogada general del Estado que asigne a uno de sus miembros al juicio contra la Fundación Afal

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02/8/2021 01:00
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Actualizado: 02/8/2021 01:00
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Yolanda García Cereceda, quien ejercita la acusación particular en el juicio contra la Fundación Afal Futuro, ha dirigido un escrito a la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey, en el que reclama la presencia de un representante de este cuerpo en dicho procedimiento en el que el Estado persigue una deuda de nada menos que de 18 millones de euros.

El juicio comenzará el próximo 13 de septiembre ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, jurisdicción penal.

La abogada del Estado de este caso, María Pons Pelufo, informó el pasado 9 de julio a ese tribunal que, debido a su «imposibilidad de asistir» a las 31 sesiones del juicio fijadas para los meses de septiembre, octubre y noviembre, dejaba «en manos del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal y civil en el presente procedimiento».

Como víctima de la Fundación Afal, García Cereceda entiende que la ausencia de la abogada del Estado en esta causa supone una evidente dejación de la enorme responsabilidad civil de 18 millones «perseguida por el Estado».

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A esta cantidad hay que unir el cobro de sendas deudas, por importe de 2.419.262,80 euros y de 764.799,58 euros, en dos expedientes de apremio, de Afal que también persigue la Abogacía del Estado.

La afectada considera que la disposición fraudulenta del patrimonio de las personas tuteladas por Afal, casi todas ellas con demencia senil –salvo ella–, «fue posible merced al irregular funcionamiento, dejémoslo así, de nuestra Administración de Justicia pues es público y notorio que la Fiscal Jefe de Incapacidades (Nuria López Mora) daba cobertura (no solamente los  promovía sino que, contra viento y marea, también los mantenía) a los corruptos tutores ahora procesados».

Y añade: «Si bien es cierto que la citada Fiscal, aunque pueda parecer sorprendente, ni siquiera ha sido (a lo menos de momento) citada como mero testigo, también lo es que hay evidencias en la causa (los familiares de las víctimas, la denuncia del periodista que dio lugar a la investigación, evidencias documentales…) puede dar lugar a que el nombre de la Administración de Justicia (en este caso personalizado en la referida Fiscal) quede en mal (muy mal) lugar de tal suerte que ello, a su vez, propicie la reclamación de más de una víctima contra el sistema judicial por tan clamorosa irregularidad».

García-Cereceda, se desprende de su escrito, recela, por ello, del Ministerio Fiscal. De ahí que reclame la presencia lógica de la Abogacía del Estado en un juicio de este calado y con un patrimonio tan importante en juego. Máxime cuando dicho cuerpo cuenta con una plantilla cercana a las 600 personas. 

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TODO COMENZÓ EN 2014

La titular del Juzgado de Instrucción 17 de Madrid, María Luz García, comenzó la instrucción de esta causa en 2014.

Entonces impuso una fianza civil de 18 millones de euros, embargó los bienes de la Fundación Afal Futuro e investigó a su cúpula –formada entonces por ocho personas– por los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, entre otros.

“Se han llevado a cabo siete testamentos falsos y un sistema de venta de pisos. […] Se vendieron sus inmuebles, se contrataron productos financieros”, relató a la juez un extrabajador de la Fundación, testigo J. M. S, según publicó el diario El País.  

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Todo se articuló mediante una sofisticada ingeniería financiera trazada de la mano de inmobiliarias y consultoras externas.

“Primero se les sacaba de la casa y se vendía lo que había en la casa en anticuarios. […] Después no se pagaba la residencia para pagar deuda, […] se contrataban seguros”, añadió este extrabajador de la Fundación.

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AFAL ATENTÓ CONTRA SU PATRIMONIO

De acuerdo con el escrito de acusación de Yolanda García Cereceda, la Fundación Afal atentó contra su patrimonio –produciendo un vaciamiento– mientras estuvo tutelada. Y lo hizo por tres vías diferentes: 

Primero, «mediante la facturación, por parte de KPMG de servicios (la mayoría innecesarios o, en su caso, claramente ineficaces) por importe de 334.000 euros«.

Segundo, disponiendo de 46.486 euros de una cuenta corriente que ella tenía en Bankinter.

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Y en tercer lugar, «aquietándose dolosa e intencionadamente a las operaciones mercantiles realizadas por Susana García-Cereceda [su hermana] en la compañía ‘Cría Caballar, S.L.’ con el fin de que, en la práctica, doña Yolanda fuese excluida como socio de la referida sociedad (el perjuicio, en este caso, para doña Yolanda ha sido cifrado provisionalmente por un periodo en la materia en la cantidad de 9.534.690 euros)».

Yolanda García-Cereceda acusa, por ello, a Jaime Conde Morala, Mercedes Díaz Mayo y Rafael Núñez Blázquez, de un delito continuado de estafa, un delito de falsedad en documento mercantil, y dos de administración desleal. Y pide un total de 23 años de cárcel y 36.500 euros de multa.

Además, reclama una indemnización de 334.000 euros, por los servicios innecesarios de KPMG, por los 46.486 euros de la cuenta de Bankinter, y por los 9.534.690 euros de las citadas operaciones mercantiles realizadas por su hermana con la aquiescencia de la Fundación; también por 31.573.712 euros por las deudas que esta Fundación aceptó en su nombre.

Yolanda García-Cereceda fue incapacitada en diciembre de 2010 a instancias del Ministerio Fiscal tras la demanda que interpuso su hermana Susana García-Cereceda, «en evidente conflicto hereditario» con su  hermana. 

Según el escrito de acusación, «a pesar de que doña Susana aducía motivos fraternales y de humanidad para justificar tan extrema medida, lo cierto y verdad es que la hermana de doña Yolanda actuaba movida única y exclusivamente por razones espurias que al cabo le permitieron, so capa de la incapacitación de doña Yolanda, apropiarse de unas cantidades de dinero muy importantes del grupo societario del que ambas eran únicas herederas de su difunto padre (amén del usufructo vitalicio para la viuda en segundas nupcias), el popular empresario don Luis García-Cereceda«.

Con ello, supuestamente consiguió diluir, «cuando no desaparecer, la participación empresarial en numerosas empresas del grupo, como ha puesto de manifiesto el informe pericial de la mercantil Cría Caballar, S.A., y cautivar y limitar los derechos societarios que [Yolanda García-Cereceda] tenía en la matriz del grupo de empresas, la mercantil Procisa. De tal suerte que, pese a ostentar un 33 % del capital que a doña Yolanda le correspondía y debía corresponder en pleno ejercicio, se ha limitado a un 10,89 % actual, en cuya intervención ha jugado un papel protagonista la Fundación Afal Futuro».

El próximo 13 de octubre, precisamente, la Audiencia Nacional comenzará a juzgar, en el marco del caso Tándem, –pieza número 3– a  Susana García-Cereceda López, a sus hombres de confianza, Francisco Lorenzo Peñalver Sánchez y David Fernández Aumente, al comisario José Manuel Villarejo, su esposa, Gema Alcalá, administradora de las sociedades de su marido, su socio Rafael Redondo, y su compañero, el también comisario Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional.

En ese juicio Yolanda García-Cereceda también es acusación particular.

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