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Reprochan al tribunal del caso Afal apartarse de la doctrina Falciani del Supremo sobre la admisión de pruebas

La doctrina Falciani tiene su origen en los datos que el ingeniero Hervé Falciani sustrajo del banco HSBC de Ginebra con los nombres de 127.000 defraudadores, 1.800 de ellos españoles, que ocultaban en él su dinero. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional dieron por válida la obtención de esos datos en la legislación española.
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La acusación particular de Yolanda García-Cereceda, una de las víctimas y perjudicadas en el juicio contra la Fundación Afal, ha reprochado al tribunal colegiado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid que se haya apartado de la doctrina del Tribunal Supremo, conocida como «doctrina Falciani», por la que se deben aceptar las pruebas de documentos obtenidas por un particular.

Documentos que «más tarde se convierten en fuentes de prueba que llegan a resultar, por una o otra circunstancias, determinante para la formulación del juicio de autoría y descubrimiento de la realidad material de lo sucedido, núcleo de todo procedimiento penal».

Así lo explican en su escrito de protesta contra la decisión del tribunal de no admitir el informe pericial de 95 páginas elaborado por Gabriel Hugo Araújo Padilla, experto en derecho informático y pericias judiciales, miembro de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI).

En el mismo, Araújo Padilla da por buenos los correos que le fueron entregados a García-Cereceda en un CD por Karín Conde Morales, responsable del departamento de la Fundación Afal, al ser comunicaciones que trataban sobre su persona.

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No proceden de los servidores de la Fundación, que fueron analizados por la Policía Nacional meses después de que estallara el caso y en los que no encontraron nada porque habían sido borrados.

LA DOCTRINA FALCIANI

La doctrina Falciani tiene su origen en los datos que el Gobierno francés remitió a España sobre las cuentas secretas y opacas 127.000 clientes, 1.800 de ellos españoles, tenían en el Shanghai Banking Corporation (HSBC), de Ginebra, Suiza, y que el ingeniero Hervé Falciani había sustraído.

Fueron un total de 800 Gigas de nombres, números de cuentas y el dinero que los más ricos del mundo ocultaban secretamente, lejos de las Haciendas de sus países.

Posibilitó la recuperación, más tarde, de 300 millones de euros para la Hacienda española que sacó a la luz a 659 defraudadores de nuestro país.

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La «lista Falciani» española le fue entregada al Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria española el día 24 de mayo de 2010 por el agregado fiscal y financiero de la Embajada de la República Francesa en España.

El tribunal de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, que presidió el magistrado Celso Rodríguez Padrón (actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid) el caso contra el canario Sixto Delgado Coba, de 74 años, validó la autenticidad de los datos.

Coba, ingeniero jubilado de Repsol que llegó a cobrar el paro, mantenía una cuenta opaca en el HSBC con 6.950.482,05 dólares.

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El Supremo validó judicialmente después la «lista Falciani» en el recurso de casación estableciendo que si la Policía, o los aparatos del Estado, obtienen una información de esa forma la prueba no es válida, en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Pero si lo hace un particular sin conexión con los aparatos del Estado y que no buscaba prefabricar pruebas sino obtener un lucro, como era el caso del informático bancario Hervé Falciani, si puede dársele validez.

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El Supremo confirmó la condena a Coba de 6 años de prisión por fraude fiscal y la condena a pagar 12,2 millones de euros. 

El Tribunal Constitucional después la validó, por unanimidad, concluyendo que no hubo ni vulneración de los derechos fundamentales del defraudador ni a la presunción de inocencia por la obtención de datos bancarios de la lista Falciani.

Para los representantes legales de García-Cereceda, el caso tiene la misma base jurídica en lo referido a los correos electrónicos. 

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OTROS MEDIOS DE PRUEBA NO ADMITIDOS

La protesta también se extiende a la inadmisión, por parte de este tribunal también, de las demandas de amparo interpuestas ante el Tribunal Constitucional contra sus autos, que negaron la posibilidad de que la entonces fiscal de incapacidades, Nuria López-Mora, pudiera ser interrogada por su relación de amistad con la presidenta de la Fundación Afal, Blanca Clavijo, que falleció en 2014. Así como la recusación del magistrado ponente de la causa.

López-Mora ha negado dicha amistad.

Fueron los abogados de Santos García Laínez los que solicitaron el interrogatorio de la fiscal, a la que se adhirieron los de García Cereceda.

«Desde el punto y hora en el que la búsqueda de la verdad real y material del proceso exigía, en sede de Instrucción y en la que se podía haber pedido su imputación en la causa, conocer cual fue el papel desempeñado por la citada Fiscal en la trama objeto del presente enjuiciamiento (entre otras cosas, porque en ese caso las víctimas podrían haber sido resarcidas por el Estado en su condición de responsable civil subsidiario)», dice el escrito de protesta.

«También la búsqueda de la verdad material del proceso exigía, en este plenario, haber oído, en calidad de testigo, a doña Nuria López Mora«, añaden.

Las acusaciones particulares cuestionan la actuación de la Fiscalía por su inacción «ante los atropellos cometidos por la Fundación Afal contra sus tutelados con infracción de la circular 3/2010, de 29 de noviembre de la Fiscalía General del Estado y el Convenio de Nueva York de Derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006».  

Y «su pasividad al dejar de investigar la inexplicable actuación en las tutelas aquí perseguidas de la que fuera Fiscal responsable de incapacidades, doña Nuria López Mora».