El juicio por el caso Afal acaba de comenzar en el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid que preside el magistrado Eduardo Víctor Bermúdez Ochoa. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
El tribunal del caso Afal decidirá sobre la admisión de una prueba pericial informática sin haberla leído
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14/9/2021 06:48
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Actualizado: 14/9/2021 06:48
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El tribunal que ayer comenzó a enjuiciar el caso Afal decidió pronunciarse por escrito más adelante sobre la admisión de los correos electrónicos que intercambiaron la fallecida presidenta de la Fundación Afal, Beatriz Clavijo –fallecida–, y la entonces fiscal de incapacidades, Nuria López-Mora, sin haber querido leer el informe pericial informático que se aportó por la acusación particular de Yolanda García-Cereceda, una de las víctimas, y que demostraba su validez técnica.
Fue en el marco del trámite de cuestiones previas, durante la primera sesión del juicio, que está previsto que dure 31 sesiones ante el tribunal de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid, que preside el magistrado Eduardo Víctor Bermúdez Ochoa.
Dichos correos vendrían a demostrar que la fiscal López-Mora habría asesorado a Clavijo, con la que mantenía una relación de amistad (cosa que la fiscal niega), sobre casos que tutelaba la Fundación, especialmente sobre los incapacitados con grandes patrimonios y que le habría solicitado que intercediera con algunos de los jueces o con otros compañeros.
Los correos le fueron entregados a García-Cereceda en un CD por Karín Conde Morales, responsable del departamento de la Fundación Afal, al ser comunicaciones que trataban sobre su persona.
No proceden de los servidores de la Fundación, que fueron analizados por la Policía Nacional meses después de que estallara el caso y en los que no encontraron nada porque habían sido borrados.
El informe pericial de 95 páginas elaborado por Gabriel Hugo Araújo Padilla, experto en derecho informático y pericias judiciales, miembro de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI), analiza dicho material en profundidad y lo da por bueno.
En el mismo explica que toda comunicación se establece entre dos puntos y aunque la información puede desaparecer en el punto de destino podría estar aún en el punto de origen.
En consecuencia determinados servicios como Hotmail, Gmail o Yahoo podrían conservar los correos electrónicos que fueron borrados por los usuarios; la autoridad judicial podría librar oficio para obtener dicha información de esas compañías.
Portada del informe pericial sobre los emails, compuesto de 95 páginas, sobre los que tiene que pronunciarse el tribunal y que los magistrados no han querido leer.
LOS CORREOS SON VÁLIDOS
Es la conclusión a la que llega Araújo Padilla: Los «archivos son representación fiel de los mensajes de correo que contienen ya que la información forense que se ha extraído y analizado ha dado como resultado una total coherencia en fechas, identificación de servidores, de personas, metadatos de archivos adjuntos, geolocalización y todos los demás parámetros técnicos de autenticación concluyentes«.
Y añade: «No presentan ningún indicio de haber sido manipulados, siendo coherente la información de todas sus cabeceras, con las fechas y horas que muestran, presentando algunos de ellos, determinadas limitaciones en lo que a la geolocalización se refiere, tal como se ha detallado».
De acuerdo con el perito, en el informe se detallan y transcriben íntegramente la cabecera de los correos electrónicos, las cuentas de correo de cada remitente y destinatario, el contenido textual de cada «email» y sus archivos adjuntos, si los hay, «siendo dichas transcripciones reproducción fiel del contenido original analizado en cada archivo electrónico».
Para dicho análisis, el perito informático se ha servido de seis herramientas tecnológicas: «Coolutils’ Mail Viewer», «Messageheader», «IP Lookup Tools», «Whois Domain Tools», «DNS Checker – SEO and Domain Analysis Tool» y «G Suite.Tools»; el trabajo lo realizó en el Centro de Peritaciones Judiciales.
Araújo Padilla subraya en su informe que, según la documentación aportada, «en ningún momento del proceso judicial» se ha solicitado la intervención profesional de un especialista perito informático.
«Hasta el momento al parecer se han aportado y valorado pruebas digitales, sin contar con el aval de un profesional especializado en la materia (artículo 335.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), tal y como aconseja la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 19 de mayo de 2015 (sentencia número 300/2015, ponente Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez), entre otras muchas dictadas en la materia», refiere el perito.
EL TRIBUNAL RECHAZÓ QUEDARSE CON LA MEMORIA USB QUE CONTENÍA EL INFORME PERICIAL
La representación legal de García-Cereceda ofreció al tribunal la memoria USB conteniendo el informe pericial de Araújo Padilla, otro informe pericial económico, la denuncia contra la administración concursal y la demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional.
La consecuencia es que los tres magistrados, al rechazar el USB, van a resolver por escrito sobre su admisibilidad sin haber estudiado previamente el material, como correspondería al caso.
También tienen que pronunciarse sobre su propuesta de rechazar la responsabilidad de Bankia y de Bankinter, a lo que se adhirió la Fiscalía.
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