El presidente del tribunal que enjuicia el caso Afal, Eduardo Víctor Bermúdez Ochoa, presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, había dado su visto bueno al comienzo del juicio contra los que fueron máximos responsables de la Fundación Afal Futuro para que María Teresa Molina, auditora economista adscrita al cuadro de peritos de los Juzgados de Madrid, compareciera para ser interrogada.
«Se admite el informe emitido por el perito judicial en el incidente de rendición de cuentas relativo a Yolanda García Cereceda en el que constan los perjuicios producidos por la Fundación Afal… debiendo citarse al perito judicial», decía el auto firmado por el tribunal el pasado 16 de septiembre.
Molina había hecho un estudio sobre al inventario de las propiedades de García-Cereceda, una de las demandantes, quien estuvo bajo la tutela de la Fundación Afal Futuro.
La conclusión del mismo es, al parecer, «escandalosa» porque dice que sobre las propiedades millonarias de García-Cereceda, que gestionó la Fundación Afal mientras estuvo bajo su tutela, jamás se hicieron rendiciones de cuentas, ni inventarios, ni consignaron las operaciones realizadas en distintas sociedades del grupo por las cuales le produjeron perjuicios económicos consignados en varios millones de euros.
Además, en la formación del inventario que realizó la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos falta por consignar en el activo del inventario una cifra superior a 90 millones de euros.
«Para nosotros es una prueba relevante, crucial. Hay una resolución que así lo acordó. No estamos pidiendo nada que se salga del guión previsto», explica José Luis Segado, uno de los abogados de Yolanda García-Cereceda.
La ausencia de convocatoria de la perito María Teresa Molina se ha producido, al parecer, debido a «un olvido» del tribunal.
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL NO CONSIDERA NECESARIO ESCUCHARLA A PESAR DE HABERLO ACORDADO
Para paliarlo, el Bermúdez Ochoa ha decidido continuar con el proceso, sin citar a la perito, por considerar que el informe ya consta en el sumario y que podrá leer su contenido cuando toque.
Lo que le preocupa al magistrado es, al parecer, avanzar con el juicio, cuya duración estaba prevista en 27 jornadas. Por lo que, para no retrasarlo, decidió entrar en la fase de informes.
Algo a lo que se han opuesto los abogados de García-Cereceda, por lo que han interpuesto un incidente de nulidad de actuaciones, contemplado en el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que especifica como una de las causas: «Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión».
Una nulidad que afectaría al trámite de los informes finales. Por no haber podido ejercer un derecho a un interrogatorio acordado previamente por el propio tribunal.
«El testimonio de esta perito y las contestaciones que pueda hacer a nuestras preguntas es tan relevante que puede modificar nuestro informe final e, incluso, el de otros demandantes. Por eso no se puede avanzar en la fase de informes sin convocar a esta auditoria y escucharla antes. Es de todo putno irregular y podría tener consecuencias muy serias«, añade el abogado.
La decisión del tribunal, a su juicio, «conculca y quebranta el derecho a una tutela judicial efectiva que asiste a doña Yolanda desde el punto y hora en el que el Tribunal ha dejado de practicar (por su exclusiva responsabilidad) una diligencia probatoria que expresamente había acordado y que, además, había asumido practicar».
La pelota queda en el tejado del magistrado Bermúdez Ochoa.
