Yolanda García Cereceda acusó ayer a su hermana Susana, una de las enjuiciadas en el proceso que se sigue contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que se está celebrando en la Audiencia Nacional, de contratar al comisario para mantenerla incapacitada y que así no pudiera tener acceso a la fortuna que su padre, Luis García Cereceda, les legó a ambas.
García Cereceda compareció como testigo y perjudicada por los encargos que su hermana habría hecho Villarejo y a su empresa, CENYT, entre 2012 y 2013, justo cuando había una pugna por el control de Procisa, la empresa que su padre les legó a ambas, y de la herencia familiar.
En esta pieza, conocida como «Land», Villarejo habría utilizado los recursos policiales a su disposición para tales fines.
«La guerra empezó cuando murió mi padre», en 2010, declaró Yolanda García Cereceda. A mí hermana y a mí nos legó el 24,5 % de la empresa a cada una.
Un año después su hermana la incapacitó judicialmente, privándola de sus propiedades y de sus tres hijos durante cinco años.
«Me echaron del Consejo de Procisa. Me quitaron mi firma. Y lo que me correspondía», añadió.
Esa incapacitación judicial la dejó «muerta civilmente». «Me impidió tomar ninguna decisión», subrayó, detallando que no pudo ni gestionar su herencia ni formar parte de las decisiones empresariales.
De acuerdo con Yolanda García Cereceda, su hermana Susana utilizó a Villarejo para desacreditar a Jaime Ostos, con el que se casó en Estados Unidos en un procedimiento que no reconoció, cuando este trataba de devolverle la capacidad para poder decidir.
«Cuando se presenta para reintegrarme, curiosamente, aparecen también las operaciones del señor Villarejo», ironizó.
En este contexto, al ser preguntada por el fiscal anticorrupción Miguel Serrano en qué se había visto perjudicada por el vínculo entre CENYT y su hermana, no dudó: «La intervención expresa del señor Villarejo para bloquear y mantener mi incapacidad, que estaba gestada con la intención de que fuera de por vida y dejarme sin lo que me corresponde económicamente».
«Me echaron de mi finca, de 800 hectáreas. Me privaron de los 10 millones de euros de la herencia que me correspondía, de los bienes que tenía mi padre en el extranjero y del dinero en B», añadió. «Pero lo más importante, me privaron de mis hijos. Eso me duele de forma especial, muy especial»
A ello ha añadido un daño «personal» porque, visiblemente emocionada, relató que su hermana se quedó también con sus hijos –con edades de 5, 7 y 9 años– durante los cinco años que estuvo incapacitada, un tiempo durante el cual tuvo «contacto cero» con ellos. Solo «a través de abogados».
García Cereceda se mostró segura de que el cometido de Villarejo era «sacar trapos sucios» para «defenestrarla». De ahí las pesquisas de CENYT sobre una petición de documentación para matrimonio en Estados Unidos –que nunca se produjo– sobre Jaime Ostos y sobre ella misma, que reconoció datos de índole personal en la información manejada por las empresas del comisario.
«Me siento tremendamente perjudicada, mi hermana ha utilizado todo en mi contra de una manera que para mí todavía es inexplicable, pero había muchos intereses económicos envueltos».
De acuerdo con Yolanda García Cereceda, las maniobras de su hermana la privaron de su herencia.
«Me echaron de mi finca, de 800 hectáreas. Me privaron de los 10 millones de euros de la herencia que me correspondía, de los bienes que tenía mi padre en el extranjero y del dinero en B», añadió. «Pero lo más importante, me privaron de mis hijos. Eso me duele de forma especial, muy especial».
A la hermana menor de las Cereceda, no le cabe la menor duda de que Villarejo cometió los delitos de revelación de secretos de los que se le acusa.
Su abogado, durante el interrogatorio, se refirió al acuerdo que la Fiscalía había cerrado con Susana García Cereceda por el que habían pactado reducir la petición de condena.
Aunque no lo mencionó expresamente, el abogado de Yolanda García Cereceda denunció ante el juez instructor esa «seudoconformidad» entre la Fiscalía Anticorrupción y el representante legal de la empresaria por el que redujeron su petición inicial de 16 años y 10 meses de cárcel a solo dos años, lo justo para no entrar en prisión.
Lo mismo que para sus dos hombres de confianza, Francisco Lorenzo Peñalver Sánchez, socio y administrador de la mercantil Procisa, y David Fernández, el exjefe de seguridad.
Sin embargo, para el comisario Villarejo el Ministerio Fiscal mantiene los 38 años de cárcel; para su esposa, Gema Alcalá, pide 36 años y 4 meses; para su socio, Rafael Redondo, 36 años y 4 meses; y para el comisario principal Enrique García Castaño, 30 años y 10 meses de prisión.
INFORMACIONES QUE «SOLO ELLOS PODÍAN SABER»
En la misma línea que Yolanda García Cereceda se expresó, también como perjudicado, el arquitecto Joaquín Torres, que se describió como una especie de protegido de Luis García Cereceda, para quien trabajó durante años como arquitecto de sus promociones inmobiliarias, entre ellas la urbanización de lujo La Finca (Madrid).
A su muerte, «la relación se va enfriando» con su familia y sus empresas.
«A mí no me quería nadie en Procisa, salvo Don Luis», hasta el punto de que «Susana, en una especie de arrebato», le llamó «ladrón» y eso fue un punto de inflexión. «Ahí decidí reclamar lo que era mío», recordó, hablando de varios millones de euros.
Según su relato, la mayor de las García Cereceda le amenazó. «Tú no sabes quién soy yo. Voy a acabar contigo», le habría advertido. Él no le dio importancia, pero a partir de ese momento empezó a sufrir una «campaña de acoso» a través de la prensa.
«Fue horrible», resumió.
En un principio no lo atribuyó a Villarejo, porque entonces no era conocido públicamente y «nadie piensa que le van a espiar». Sin embargo, con las primeras informaciones sobre el comisario ató cabos.
«A partir de la contratación de Susana a Villarejo empiezan a aparecer informaciones sobre mí en la prensa dejando mi imagen personal y profesional totalmente vapuleada y cayendo en pico la facturación del estudio, hasta el punto de que tuve que quebrar», narró.
Torres sostuvo que, en su caso, Susana García Cereceda usó a Villarejo para «destruirle». Y ello, argumentó, porque aparecían datos «que solo ellos podían saber», algunos de los cuales ha reconocido igualmente en la documentación en poder de CENYT.
«Tuvieron terribles consecuencias en lo profesional pero también en lo personal», indicó, enfatizando que llegados a este punto únicamente quiere «pasar página».
