La Fiscalía Anticorrupción llegó a un acuerdo de conformidad con los abogados de la empresaria Susana García-Cereceda por el que redujeron su petición inicial de 16 años y 10 meses de cárcel a solo dos años, lo justo para no entrar en prisión. Lo mismo que para sus dos hombres de confianza, Francisco Lorenzo Peñalver Sánchez, socio y administrador de la mercantil Procisa, y David Fernández, el exjefe de seguridad.
Un acuerdo que será puesto en tela de juicio hoy por los representantes legales de la hermana de la empresaria, Yolanda García-Cereceda, en la fase de cuestiones previas del juicio que comienza hoy, a las 10 de la mañana, en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares, localidad en las afueras al este de Madrid.
De hecho, el abogado de Yolanda García-Cereceda, que ejerce la acusación particular contra su hermana, Peñalver y Fernández, ya presentó un incidente de nulidad de actuaciones contra el auto de apertura de juicio oral dictado por el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, y contra un segundo auto que denegó su aclaración y complemento.
«No tiene ningún sentido que para Susana García-Cereceda, que fue la que contrató al comisario José Manuel Villarejo, la Fiscalía redujera la pena de 16 años y 10 meses de cárcel por los delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental a tan solo dos años por un delito de cohecho activo cometido por particular, descubrimiento de secretos de empresa y revelación de secretos a particulares relacionados con su vida sexual en grado de tentativa. Más una multa que asciende, aproximadamente a 124.000 euros», afirma José Luis Segado, abogado de Yolanda García-Cereceda.
«Y que para el comisario el Ministerio Fiscal siga manteniendo los 38 años de cárcel; para su esposa, Gema Alcalá, 36 años y 4 meses; para su socio, Rafael Redondo, 36 años y 4 meses; y para el comisario principal Enrique García Castaño, 30 años y 10 meses de prisión», añade.
«SEUDOCONFORMIDAD»
El letrado califica de «seudoconformidad» el acuerdo alcanzado por la Fiscalía Anticorrupción con la empresaria porque va contra la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que dice que mientras que no haya una conformidad uniforme de todas las partes no se puede hablar de conformidad.
Y en este caso no la hay.
Según esta acusación particular, Susana García-Cereceda contrató a Villarejo y a su empresa, Cenyt, para espiar a la hermana, a Silvia Gómez Cuétara Novoa, viuda del padre –Luis García-Cereceda, creador de La Finca, una urbanización exclusiva para millonarios a las afueras de Madrid– y al arquitecto de la firma, Joaquín Torres Verez, en esta pieza, denominada Land.
Al parecer, el encargo que recibió Villarejo fue el de buscar información íntima que pudiera servir para disuadir en las negociaciones por la herencia del padre, cifrada en más de 1.000 millones de euros, cuando falleció hace una década de un tumor en el cerebro.
«Los ilícitos servicios se llevaron a cabo en interés privado de Susana García-Cereceda y su socio Francisco Peñalver y de su conflicto derivado de la herencia de don Luis García-Cereceda», dice el escrito.
Tampoco tiene ningún sentido que, en este caso, la Abogacía del Estado no acuse, añade.
«No tiene ninguna explicación que la Abogacía del Estado se haya apartado de este procedimiento. Que no acuse. Adolece de toda lógica que en un juicio en el que se juzgan múltiples cohechos de un funcionario de la Seguridad del Estado, la Abogacía del Estado se haya quitado de en medio. Esto también lo vamos a recurrir», añade.
