Abogado consigue que la Justicia ordene que se facilite a un cliente preso un ordenador portátil para poder estudiar su caso
Marcos Molinero ha conseguido un hito histórico: que la Justicia ordene que se facilite a un preso preventivo un ordenador para poder estudiar en la cárcel su causa.

Abogado consigue que la Justicia ordene que se facilite a un cliente preso un ordenador portátil para poder estudiar su caso

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22/9/2021 01:30
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Actualizado: 22/9/2021 01:30
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El abogado madrileño Marcos Molinero ha conseguido que un hito histórico: Ha conseguido que la Justicia haya reconocido el derecho de un preso preventivo –un cliente suyo– a que se le facilite un ordenador portátil para poder estudiar su causa, contenida en un DVD, dentro de la prisión.

Ha sido el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, en funciones de apelación. Los autores de esta providencia histórica, que tiene fecha de 17 de septiembre pasado, son los magistrados Mario Pestaña Pérez, José Joaquín Hervás Ortiz y Luz Almeida Castro. 

«Es la primera vez que un tribunal ordena que se proporcione a un preso preventivo un ordenador portátil para poder leer todos los documentos de su caso», afirma Molinero.

«Es un reconocimiento al derecho de defensa que tienen los ciudadanos encausados, como el mío. A conocer las pruebas que hay contra su persona», añade.

«Y es lógico. Hoy en día todos los procedimientos están en formato digital. La Administración de Justicia e Instituciones Penitenciarias están obligados a facilitar este tipo de medios a los presos. Lo que no es de recibo es que en módulos penitenciarios donde hay 200 personas exista un ordenador que solo se puede consultar en la Biblioteca de 9 a 12», subraya el abogado.

De acuerdo con Molinero, «hemos exigido algo que es un derecho del encausado, el derecho a saber de qué se le acusa y a estudiar su sumario para una mejor defensa».

El texto de la providencia firmada por los tres magistrados dice:

«Dada cuenta y a la vista de lo manifestado por el Letrado de la defensa, ofíciese a Madrid Digital a través de la Presidencia de esta Audiencia Provincial para que proporcionen a este Tribunal un ordenador portátil y autorice a los técnicos informáticos para que acondicionen informáticamente los programas necesarios para que dicho ordenador sirva exclusivamente como lector del DVD que contiene la totalidad de las actuaciones. Asimismo, los informáticos deberán incluir los programas necesarios para permitir la visualización de todo el material digital que contenga así como tratamiento de texto», dice el documento oficial.

En la misma se indica a los funcionarios de Madrid Digital que se copie en el DVD la documentación digital de la causa y que se imposibiliten las comunicaciones externas a través de Internet o cualquier otra red y a que se inutilicen conexiones con memorias USB «o de cualquier otro tipo que permitan la extracción de datos».

En opinión de Molinero, la providencia indica con claridad el camino para Instituciones Penitenciarias: «Estamos ya en un mundo digital. Instituciones Penitenciarias debe actualizarse, en la línea que indica la providencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Debe modernizarse, facilitando portátiles a los presos que lo demanden. De otra forma, seguirá vulnerando su derecho de defensa. Y tendrán problemas».

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID YA RECONOCIÓ EN MAYO EL DERECHO DE UN PRESO A TENER UN ORDENADOR PARA ESTUDIAR SU CAUSA

La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid es un paso más al que dio el 28 de mayo pasado otra Sección, en ese caso la Tercera, compuesta por los magistrados Pilar Abad Arroyo, Agustín Morales Pérez-Roldán y Antonio Viejo Llorente, quienes «rectificaron» a una magistrada de instrucción al reconocer el derecho constitucional de un preso preventivo –como en este último caso– a defenderse de las acusaciones que se le hagan y, por ello, a disponer de un ordenador en la cárcel para poder estudiar su causa, un sumario que se aproxima a los 10.000 folios.

Esta última providencia establece que es la Administración de Justicia la que debe facilitar el ordenador al preso preventivo.

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