El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado la jubilación forzosa de Cándido Conde-Pumpido Tourón como magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al cumplir la edad exigida legalmente para ello.
Así lo acordó la Comisión Permanente del órgano de gobierno del Poder Judicial el pasado 13 de mayo. La decisión se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) coincidiendo con la fecha en la que el magistrado cumple 72 años.
«Vengo en declarar la jubilación forzosa por edad del magistrado del Tribunal Supremo don Cándido Conde-Pumpido Tourón, con destino en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, por cumplir la edad legalmente establecida el día 22 de septiembre de 2021, con los derechos pasivos que le correspondan por esta causa y cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecha indicada».
Conde-Púmpido ejerce actualmente como magistrado del Tribunal Constitucional, puesto para el que fue nombrado en marzo de 2017. La designación como magistrado del TC lo es por un periodo de nueve años, de modo que su jubilación del Supremo no afecta a su actual cargo.
Antes de su llegada al tribunal de garantías, el magistrado fue fiscal general del Estado entre abril de 2004 y diciembre de 2011 durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela. En 1974, inició su carrera profesional como juez de Primera Instancia e Instrucción en Puebla de Sanabria (Zamora), continuándola en 1976 como juez de Carballino (Orense).
En febrero de 1981, fue destinado al País Vasco como magistrado de la Audiencia Provincial de San Sebastián, ciudad en la que permaneció hasta diciembre de 1985. En esa fecha, el Consejo General del Poder Judicial le nombró presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, cargo en el que fue renovado en 1991. También ha sido miembro nato del Consejo de Estado desde mayo del año 2004 a diciembre de 2011.
Fue elegido por el CGPJ magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en 1995 hasta hoy que se ha oficializado su jubilación forzosa.
Su paso por el Supremo
Como magistrado del Supremo fue ponente de sentencias como la del caso Roldán en 1999 y en la que se elevaba la condena al exdirector general de la Guardia Civil de 28 a 31 años, la de la privatización de la empresa textil Intelhorce, o del caso del expresidente del Gobierno de Navarra Gabriel Urralburu, por el cobro de comisiones ilegales de constructoras. Además formó parte del tribunal que condenó, entre otros, al exministro del Interior José Barrionuevo, por el caso Marey.
Tras pasar por la Fiscalía General del Estado, durante su segunda etapa en el Supremo destaca la instrucción de la causa contra la fallecida exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del ‘caso Imelsa’.
También formó parte de la Sala que ratificó la condena de cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a Alfonso Fernández Ortega, ‘Alfon’, al considerar que el explosivo que portaba durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012 «estaba destinado a causar graves lesiones e incluso la muerte de una o varias personas que se encontrasen cerca en el momento de la explosión».
Otras de sus conocidas resoluciones fue la inadmisión de la querella presentada contra el expresidente de Extremadura José Antonio Monago, por los 32 viajes que realizó a Canarias entre 2009 y 2011.
