Serán juzgados a partir del próximo miércoles, 29 de septiembre, en la Audiencia Provincial de Madrid. Foto: Carlos Berbell/Confilegal
La Fiscalía pide 4 años de cárcel para los empleados de dos constructoras por estafar a una pareja de ancianos para que abandonara su casa
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24/9/2021 11:51
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Actualizado: 24/9/2021 11:51
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La Fiscalía Provincial de Madrid pide cuatro años y tres meses de prisión para un hombre que ejercía de apoderado de una constructora, A. M. M., por estafar a una pareja de ancianos con el objetivo de que abandonara la vivienda donde ambos residían en régimen de alquiler.
Las víctimas tenían entonces 82 años el hombre y 76 la mujer, en la actualidad 95 años y 90.
También pide esa pena por un delito de estafa para otras tres personas, P. O. B., J. M. O. B. y A.O. B., administradores solidarios de otra constructora.
La primera citada es Servicios Inmobiliarios y Constructivos Centro S.A. (SICC) y la otra la constructora Oramba S.A.
El juicio comienza el próximo miércoles, 29 de septiembre, en la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Tercera).
Según expone el representante del Ministerio Público en su escrito de acusación, el matrimonio, formado por E. J. A. G., nacido en noviembre de 1925, y F. M. S., nacida en septiembre de 1931, vivía en alquiler en una finca de Madrid desde el 1 de junio de 1961.
Explica que años después, la constructora Oramba, de la que eran administradores solidarios P. O. B., J. M. O. B. y A.O. B, adquirió todos los solares contiguos a la finca y se interesó también por la adquisición en la parcela donde vivía la pareja.
Indica que tras esta adquisición, Oramba fue demandada por la propietaria de la finca alquilada al matrimonio y un juzgado falló en septiembre de 2004 contra la empresa por no respetar en una construcción contigua la servidumbre de luces y vista. También la condenó a restablecer las cosas al estado anterior a la vulneración de dicha servidumbre.
Según manifiesta el Ministerio Fiscal, dado que Oramba seguía interesada en hacerse con la propiedad de la finca, la empresa contactó en varias ocasiones con la pareja a quienes propuso resolver el arrendamiento y otorgarles una vivienda en usufructo en otra promoción inmobiliaria a cambio de abandonar su casa. Ambos se opusieron, y como contrapartida a la petición inicial exigieron una vivienda en propiedad, una cuestión que la constructora rechazó.
La Fiscalía explica que en diciembre de 2004 la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de apelación Oramba, y que en vista de ello el apoderado de la constructora Servicios Inmobiliarios y Constructivos Centro, A. M. M., se puso en contacto con la pareja “sabedor del enfrentamiento y mala relación» que tenían con la empresa, y «les propuso la resolución del arrendamiento a cambio de una vivienda en propiedad de 45 metros cuadrados en la promoción inmobiliaria que construiría en esta finca, pagándoles 600 euros al mes hasta la entrega de la misma durante los primeros veinte meses y 721 euros los meses posteriores hasta la entrega».
La Fiscalía señala que el matrimonio aceptó esta oferta y firmó con el acuasadola resolución del arrendamiento, en escritura del 28 de septiembre de 2006, «supeditado a la adquisición de la propiedad de la finca» a su propietaria por SICC (que se produjo el mismo día), abandonando el matrimonio la vivienda el 24 de agosto de 2007, casi un año después.
Sin embargo, según destaca la Fiscalía, un mes antes, Oramba y SICC habían suscrito un contrato privado de compromiso de compraventa recogiendo que la parte compradora debería subrogarse en la totalidad de las obligaciones derivadas de la resolución del arrendamiento y mediante escritura de 2 de octubre de 2007.
Apunta que ese mismo día firmaron también una escritura donde se reflejaba que SICC vendía la propiedad de la finca a Oramba sin ocupante alguno en la misma, siendo ya propietaria de las fincas colindantes y «evitando los perjuicios derivados del fallo condenatorio en el pleito sobre luces y vistas».
Hace hincapié en que el acuerdo entre ambas sociedad se hizo “sin haber tenido nunca el propósito de entregar ninguna vivienda en propiedad a los antiguos inquilinos”, a quienes abonaron 600 euros mensuales hasta diciembre de 2008, “cesando después de hacerlo hasta hoy, sin haberles entregado tampoco una vivienda en propiedad”.
Desde esa fecha, el matrimonio vive de alquiler que sufragan ellos mismos.
El 1 de diciembre de 2008 Oramba vendió la finca a otra entidad, sin que esta última quedase subrogada en ninguna de las obligaciones asumidas por Oramba con los ancianos.
Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita que se imponga a los acusados una multa de quince meses, a razón de cuota diaria de veinte euros, y que indemnicen directa y solidariamente al matrimonio con la cantidad que pericialmente se determine en ejecución de sentencia por el valor que tendría una vivienda de 45 metros cuadrados en una promoción inmobiliaria que se hubiese construido en esa finca o bien con una vivienda como la pactada, así como con la cantidad de 721 euros por cada uno de los meses en los que hayan tenido que vivir de alquiler desde enero de 2009.
Pide que la sociedad SICC responde subsidiariamente respecto de A. M. M., y Oramba respecto a los otros tres acusados.
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