La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha inaugurado esta mañana las Jornadas de fiscales especialistas en protección de personas con discapacidad y mayores, centradas en la plena inclusión.
Las jornadas, que durarán dos días, hoy y mañana, se celebran en Madrid, en la sede de la Fundación ONCE. En ellas participarán 80 fiscales de toda España y otros expertos en la materia.
Son las primeras jornadas de fiscales especialistas que la Fiscalía organiza de manera presencial desde el inicio de la pandemia.
El acto ha sido presentado por la fiscal de Sala Coordinadora de los servicios especializados, María José Segarra, exfiscal general.
En él también ha intervenido el secretario general del Consejo General de la ONCE, Rafael de Lorenzo.
Durante su intervención, Delgado ha reconocido la actuación de los fiscales y ha agradecido su esfuerzo en tan difíciles momentos en amparo de las personas más vulnerables.
Ha puesto en valor la especialización de los fiscales, que “concede una posición privilegiada para dar una respuesta eficaz, uniforme, específica e integral a las necesidades de la ciudadanía”, y el trabajo en equipo, “seña de identidad» de la carrera fiscal, y ha destacado el compromiso de la Fiscalía General para fortalecerlas y fomentar su transversalidad.
Delgado también ha puesto de relieve las funciones tuitivas del Ministerio Fiscal y el reto de la especialidad para desempeñar como institución «un papel protagonista en la protección de las personas con discapacidad y mayores, avanzar hacia una sociedad cada vez más inclusiva y remover los obstáculos que impidan la plena integración y el disfrute en igualdad de los derechos que todos y todas tenemos reconocidos”.
Las Jornadas vienen marcadas por la entrada en vigor el pasado 3 de septiembre de la Ley 8/2020, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Esta ley adapta y desarrolla los principios de la Convención de la Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, según ha destacado la Fiscalía en un comunicado.
El Ministerio Fiscal asume la defensa de su autonomía y la búsqueda de apoyos adecuados a sus necesidades que les permita desarrollar, en el más amplio sentido, su capacidad, garantizando el pleno acceso a la justicia y la adaptación de los procedimientos judiciales a las necesidades de comunicación, comprensión y participación.
Delgado ha recordado que la Fiscalía General ya ha reclamado mayores medios y recursos para que esa fundamental misión pueda ser desarrollada de manera eficaz.
El Ministerio Público señala en el comunicado que la Unidad Especializada para la protección de personas con discapacidad y mayores recibió su impulso definitivo con la creación de la figura del fiscal de Sala coordinador por Real Decreto 255/2019, de 12 de abril, por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes, cuya efectiva dotación se produjo el pasado 10 de noviembre con el nombramiento de María José Segarra.
La Fiscalía cuenta con una red de fiscales especialistas desplegada por todo el territorio nacional que desarrollan estas funciones tuitivas y de protección.
CONVENIO CON PLENA INCLUSIÓN ‘PARA GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ACCEDAN A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD’
La Fiscalía General del Estado ha suscrito este mes un convenio de colaboración con la Confederación Plena Inclusión España, que integra a las organizaciones de representación y defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de todo el territorio nacional, «para garantizar que las personas con discapacidad intelectual accedan a la justicia en condiciones de igualdad».
Dicho convenio recoge un compromiso de apoyo a los fiscales que lo requieran en el marco de los procedimientos en los que intervengan personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Delgado apuesta por «la igualdad y la integración e inclusión plena de todas las personas con discapacidad en la sociedad democrática, garantizando una justicia más accesible y más comprensible, un trato homogéneo, una justicia de mayor calidad y más cercana que atienda a sus específicas necesidades durante el proceso”.
Recuerda la actuación proactiva del Ministerio Fiscal para garantizar los derechos de la ciudadanía y, en especial, de las personas más vulnerables.
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