Aprobada la Ley que pone fin a la incapacitación judicial de personas con discapacidad
El avance de esta reforma, que entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, es que desaparece el concepto de capacidad modificada o limitada en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Foto: Carlos Berbell/Confilegal

Aprobada la Ley que pone fin a la incapacitación judicial de personas con discapacidad

Reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
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21/5/2021 13:16
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Actualizado: 09/3/2022 11:36
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El Pleno del Congreso aprobó ayer la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, con la incorporación de todas las enmiendas presentadas en el Senado.

El avance de esta reforma es que desaparece el concepto de capacidad modificada o limitada en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos, excepto VOX, y queda lista para su entrada en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Mediante esta reforma se adapta el ordenamiento jurídico español a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que establece que estas personas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida e insta a los Estados a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

De este modo, se proponen modificaciones en la Ley del Notariado, el Código Civil; la Ley Hipotecaria, la Ley de Enjuiciamiento Civil; la Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad; la Ley del Registro Civil, y en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria.

Tal y como recoge la exposición de motivos del texto, esta iniciativa no busca «un mero cambio de terminología» para convertirse en un texto «más preciso y respetuoso», sino que quiere modificar «el enfoque de la realidad» para que este sea «más acertado» y «advierta» sobre situaciones que, hasta ahora, habían pasado «desapercibidas», como que «las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones».

La nueva regulación pivota sobre el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona y sobre el apoyo que esta precise, en lugar de sobre la incapacitación de quien no se considera suficientemente capaz o la modificación de una capacidad que resulta inherente a la condición de persona humana y, por ello, no puede modificarse.

El término «apoyo» englobará todo tipo de actuaciones, desde el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo tipo, el consejo, o incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad.

Asimismo, se eliminan las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, consideradas como «poco adaptadas» al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad que la ley propone. En su lugar, el sistema de justicia deberá proporcionar a este colectivo las ayudas que precise para que pueda llevar a cabo actos jurídicos como casarse, adquirir un inmueble o hacer un testamento.

El texto también recoge la figura del defensor judicial, prevista para determinadas situaciones, como aquellas en que exista conflicto de intereses entre la figura de apoyo y la persona con discapacidad, o aquella en que exista imposibilidad coyuntural de que la figura de apoyo habitual lo ejerza.

LAS ENMIENDAS INTRODUCIDAS EN EL SENADO

Además de numerosas modificaciones de mejora técnica y correcciones de redacción, tras su paso por el Senado se ha aprobado una enmienda que introduce cambios en el apartado 4 del artículo 2, que modifica el apartado 2 del artículo 20 del Código Civil con el objetivo de eliminar la autorización del encargado del Registro Civil previo dictamen de la Fiscalía para la solicitud de opción formulada por el representante legal del menor de 14 años. En caso de discrepancia entre los representantes legales se prevé la tramitación del expediente previsto en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria.

En lo que respecta a la reforma del Código Civil, el Senado también introdujo que podrán beneficiarse de las medidas de apoyo cualquier persona que las precise, con independencia de si su situación de discapacidad ha obtenido algún reconocimiento administrativo. Todas las medidas de apoyo adoptadas judicialmente serán revisadas periódicamente en un plazo máximo de tres años o, en casos excepcionales, de hasta seis. En todo caso, el texto indica que pueden ser revisadas ante cualquier cambio en la situación de la persona que pueda requerir su modificación.

En la Cámara Alta también se han aprobado cambios en el apartado 10 del artículo 2, al que se incorporan dos párrafos nuevos, el cuarto y el quinto, en el que se prevén los supuestos en que no procederá el establecimiento del régimen de visitas en coherencia con las previsiones del Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Asimismo, en el Senado se acordó introducir un apartado nuevo en el artículo 5 para modificar el artículo 2 de la Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad con el fin de regular los beneficiarios del patrimonio protegido y la definición de persona con discapacidad a tales efectos.

Entre otros cambios aprobados por el Senado, se añade un nuevo artículo, el octavo, por el que se modifica el Código de Comercio para adaptarlo a la reforma realizada por la presente Ley.

EL DEBATE

Los ministros de Justicia y de Derechos Sociales comparecieron en el Congreso para apoyar con su presencia el trámite de aprobación de esta ley.

«Hoy es un día de enorme satisfacción porque vamos a aprobar una ley que es justa, social, igualitaria y digna, una ley que genera satisfacción», ha subrayado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

«Por fin se garantiza la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad», ha señalado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

El titular de Justicia también ha celebrado el amplio consenso parlamentario que ha generado esta norma y que demuestra que «hay una nueva forma de hacer política», basada en la fórmula del «acuerdo, del consenso, del sacrificio recíproco y de arrimar el hombro».

Además, Campo ha agradecido la colaboración y el impulso de las organizaciones y entidades de personas con discapacidad.

El diputado socialista Miguel Ángel González Caballero ha indicado que esta norma garantizará que millones de personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones y cumplir sus sueños con la ayuda que precisen.

Para González, gracias a esta ley se construye una sociedad más íntegra que no discrimina a nadie.

El único partido que se no ha apoyado el texto es VOX. Su portavoz en este debate, Rocío de Meer, ha señalado que la ley está basada en «un tremendo y gigante error: Pensar que la dignidad de la personas reside en la voluntad», y afirma que «el espíritu de este proyecto de ley es erróneo».

«Hay personas con discapacidad limitativa hasta el extremo, para los cuales es un logro pestañear y su dignidad es exactamente igual que la de ustedes», ha apuntado De Meer, y ha insistido en que «es un error que gran parte de estas políticas estén basadas en esta dignidad fundamentada en la capacidad y la voluntad».

«Rechazan ustedes conceptos como decidir en función del mejor interés del discapacitado y eliminan la tutela porque consideran que es discriminatorio. Esto es un gigantesco error», ha insistido.

Además, De Meer ha manifestado que esta ley considera que las familias no son el mejor entorno para los discapacitados.

«Esta ley refuerza a las familias, las personas que más quieren a sus hijos, se dan los apoyos, que además serán voluntarios, y ya no tendrán que demandar a sus hijos para establecer la protección, podrán llevarlo a cabo con una declaración voluntaria o con un acuerdo», le ha replicado la diputada del PP María Jesús Moro.

Y ha destacado que para aquellos casos más graves donde sea necesario un mayor apoyo, la ley prevé la curatela con funciones representativas.

Además, ha resaltado que esta ley «nos va a permitir mirar a los ojos a las personas con discapacidad» y dejará de ser «la imposición por la imposición».

«Usted no ha participado, no ha colaborado», ha reprochado, además, a Rocío de Meer, y María Jesús Moro se ha mostrado muy «orgullosa» del trabajo realizado con esta norma y que se ha producido, según ha explicado, «con mucho debate» y con «mucho escuchar a expertos y a personas con discapacidad».

Moro ha destacado tamnién que esta reforma trata sobre el derecho de las personas y supone «un paso más» en un proceso que comenzó con la Constitución.

La diputada del PP también ha indicado que esta ley será comprendida de mejor manera por las mujeres que en 1975 consiguieron «el derecho a disponer de su patrimonio, de actuar en el tráfico jurídico», porque «tenían limitada su capacidad, como la han tenido las personas con discapacidad, hasta ahora».

Desde el PNV, Mikel Legarda también ha señalado que esta ley supone una «evolución» en el concepto de discapacidad «situándola en le ámbito de los derechos sociales y los derechos humanos», y Sara Giménez, de Ciudadanos, ha celebrado que el Congreso esté «votando avance» con este texto que tiene «un enfoque con perspectiva de derechos humanos» que «respeta la autonomía» del colectivo en su toma de decisiones.

«Estamos dando una gran respuesta a la diversidad social», ha insistido Giménez, que ha subrayado, además, que esta ley permitirá pasar de un sistema que «sustituía a las personas» a un sistema de acompañamiento.

La portavoz de Unidas Podemos en este debate, Marisa Saavedra, ha resaltado que esta norma ofrece ayudas para superar barreras y garantizar la igualdad en el ejercicio de derechos. Considera que hace a España un país «más digno y justo».

Desde el grupo Plural, Genís Boadella ha señalado que con esta aprobación se pone «la semilla» para una nueva legislación que pueda venir a partir de ahora, mientras Mikel Legarda (PNV) ha incidido en el cambio de sensibilidad a la hora de afrontar el tratamiento de la discapacidad y situarlo en el ámbito de los derechos fundamentales.

El portavoz del PSOE en esta materia, Miguel Ángel González Caballero, ha recordado que esta iniciativa comenzó con el Gobierno del PP y la impulsó el actual, y ha celebrado que la política pasara ayer «de la bronca a la cooperación» y de «un campo de combate» a un «campo de colaboración».

«Lamento que VOX quiera salirse de nuevo de esta foto», ha señalado, antes de agradecer a todos los portavoces de los grupos su trabajo, con «mención especial a la diputada del PP, María Jesús Moro, por su buen trabajo, lealtad y colaboración para llevar adelante esta ley».

El pasado miércoles, el ministro de Justicia también agradeció a María Jesús Moro en la Comisión de Justicia su colaboración para conseguir el consenso en esta ley.

Al debate han asistido representantes del Tercer Sector como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena Inclusión, que han celebrado este hito que elimina «una discriminación histórica» hacia este colectivo.

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