«Se trata de una propuesta de reforma tibia, que no toca los aspectos claves de la politización de la Justicia y que, por tanto, no va a acabar con esta. De hecho, si se consumase tal cual, acabaría definitivamente con el prestigio del Poder Judicial».
Es la opinión de la asociación Foro Judicial Independiente (FJI) sobre la la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para la renovación del CGPJ que el PP ha propuesto y cuya toma en consideración ha sido recientemente rechazada por el Congreso de los Diputados.
La asociación que preside Concepción Rodríguez sostiene, tal y como afirma en un comunicado, que «el sistema de elección de los vocales judiciales por los jueces que se propone favorece claramente a las asociaciones judiciales sobre los jueces no asociados, que son casi la mitad de la carrera».
«Desde luego, sustituir el control de los partidos políticos por el control de las asociaciones judiciales, es justo lo contrario a una solución».
Además, agrega, dentro de las asociaciones, «el sistema propuesto favorece a las asociaciones mayoritarias. Si esta reforma saliese adelante, es fácil anticipar que todos los vocales pertenecerían a éstas».
Hay que tener en cuenta que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, en España hay 5.320 jueces y magistrados en activo, de los cuales solo algo más de la mitad, 2.977, pertenecen a las principales asociaciones judiciales.
Esto es, Asociación Profesional de la Magistratura (1.345), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (845), Juezas y Jueces para la Democracia (451) y Foro Judicial Independiente (336).
A juicio de FJI, «es necesario un sistema que garantice la pluralidad proporcional en su composición».
Además, considera que «la reforma propuesta por el PP se olvida de algo esencial. El problema del CGPJ no es únicamente la elección parlamentaria de todos los vocales, sino, también y de forma muy significativa, los nombramientos discrecionales que hace el propio CGPJ».
Esta asociación afirma que «la evaluación de los méritos de los candidatos a tales nombramientos debe ser objetiva, sí, pero además debería ser individualizada y respecto de todos los candidatos, no solo del candidato seleccionado, como se hace en la actualidad. Nada se dice de esto».
Asimismo, añade que «los propios méritos deberían ser objetivos, y esto se obvia». La propuesta, subraya, «sigue dejando que sea el propio CGPJ quien fije los méritos para cada convocatoria, lo que no cumple con las exigencias europeas».
«Europa reclama que los méritos sean objetivos y que estén fijados por Ley, ambas cosas, es decir, hay que otorgar este poder al Parlamento, sacarlo del CGPJ».
Señala que «seguir considerando entre esos méritos el tiempo que el juez ha estado en política, no es razonable».
Por último, advierte que no se elimina la figura del magistrado autonómico, que permanece intacta y «no se tocan las puertas giratorias, la zanahoria con la que la clase política tienta a los jueces».
Por eso, FJI pide a las fuerzas políticas, incluido el PP, «la mejor forma de proceder a estas esenciales e ineludibles reformas».
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