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Canarias estrena hoy el primer juzgado de Violencia contra la Infancia de España

Se trata de una experiencia piloto que se desarrollará durante un máximo de 24 mesesEl magistrado que afronta la dirección del proyecto es Tomás Luis Martín Rodríguez. Foto: TSJC.
| | Actualizado: 01/10/2021 13:28

Las Palmas de Gran Canaria es desde hoy la primera capital de España en contar con un Juzgado especializado en la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. Se trata del Juzgado de Instrucción número 3 del partido judicial.

Es una experiencia piloto que se desarrollará durante un plazo máximo de 24 meses.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó en febrero el acuerdo para que todos los procesos penales registrados en el partido judicial de la capital (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y La Vega de San Mateo) por presuntos delitos en los que las víctimas sean niños o adolescentes se remitan a este juzgado.

El órgano judicial tenía previsto iniciar su andadura el pasado 1 de abril, pero aplazó esta fecha para dar cabida en el proyecto a todos los estamentos que lo secundaron y solicitaron integrarse.

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Así, entre el 1 de abril y la fecha de inicio se ha desarrollado una primera fase de preparación de las dependencias judiciales y se ha intensificado la coordinación con el resto de agentes que intervendrán en el desarrollo propio de las funciones del juzgado, ahora con las nuevas previsiones y exigencias introducidas por la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la infancia.

El magistrado que afronta la dirección del proyecto piloto es Tomás Luis Martín Rodríguez, magistrado de carrera desde 1997, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca en 1992.

Es titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria desde julio de 2003 y, según ha informado el TSJC, cuenta con una amplia experiencia en materia de la lucha contra el maltrato a la infancia y adolescencia.

Hasta el momento, a través del juez decano, Óscar González Prieto, y previo informe a los órganos de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se han alcanzado varios acuerdos que incluyen la creación de la primera Unidad Integral de Valoración Forense de Violencia Contra la Infancia y Adolescencia de la que formarán parte dos médicos forenses, y profesionales de la psicología forense.

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También la creación una mesa de trabajo conjunta, a fin de optimizar recursos e incrementar la coordinación, con la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia del Gobierno de Canarias y los Servicios Sociales de cada municipio que se integran en el partido judicial.

Asimismo, el desarrollo de un protocolo de actuación específico en el ámbito sanitario. En este sentido, se ha impulsado la autodotación de espacios y entornos amigables y seguros para el abordaje de estos casos.

Se han iniciado los procedimientos para la habilitación de un espacio en el hospital de referencia, Hospital Materno Infantil para implementar una comisaría de recepción de denuncias y toma de declaraciones, a expensas de los preceptivos informes de los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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Igualmente, de un despacho para el médico forense el cual, se prevé, podrá acceder, e incorporar a su informe el historial clínico de la víctima en el mismo hospital.

Reuniones organizativas con el sector sanitario a fin de revisar el Protocolo de actuación conjunta y lograr una mayor especialización en la pediatría forense. Además, se prevé la incorporación de un nuevo equipo de documentación y registro en el ámbito hospitalario.

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Así como la dotación de una nueva sala Gesell telemática y sala polivalente de uso exclusivo por este juzgado en la planta 5 de la Torre 4.

La iniciativa, impulsada por la Junta de Jueces de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria y avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se implanta en desarrollo de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia.

En su disposición final decimoséptima, esta normativa contempla un mandato al Gobierno para la elaboración de dos proyectos de ley con el fin de establecer la especialización de la jurisdicción penal y civil, como en su día se hizo con la puesta en marcha de los juzgados de Violencia sobre la Mujer.

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El CGPJ aprobó en su momento el Informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, entonces limitado a la especialización de los juzgados de infancia, familia y capacidad.

Recordó que la creación de los órganos judiciales con competencia especializada en la protección de menores y adolescentes ya se contemplaba, como recomendación, en la Observación General del Comité de los Derechos del Niño nº 13 y en las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de España.

En particular, en este último, en su apartado 47, se recomendaba que el Estado español aumentara «el número de jueces especializados en la infancia» y velara «por que se disponga de juzgados especializados en justicia de menores y de procedimientos que tengan en cuenta las necesidades de los niños y, a este respecto, revise el acuerdo del CGPJ de 2017 relativo a transferir a los juzgados ordinarios jueces especializados en la infancia».

Cuando finalice el proyecto, el juzgado elaborará una memoria en la que deberá, entre otros datos, recoger el número de asuntos tramitados, propuestas de mejora en la coordinación con otros órganos del sistema de protección, fiscalía, Juzgados de Violencia Sobre la Mujer, propuestas de mejora a fin de disminuir la duración del plazo de instrucción o para disminuir y/o eliminar la victimización secundaria, y cuantas medidas pudieran servir de inicial fuente de conocimiento para un mejor funcionamiento de los proyectados Juzgados de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.

Esta memoria se remitirá a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de requerirse y por su conducto, al Consejo General del Poder Judicial.