Esta solución fue planteada el 23 de septiembre pasado por Fernando Blanco, socio director de Blanco Abogados & Asociados –una de las firmas punteras en el sector legal de los seguros– como una salida viable y original. Ya fueran plataneras o viviendas
«La erupción de un volcán, como el de la isla de La Palma no se puede comparar a una inundación de ningún modo. Porque no puede recuperarse la propiedad de ningún modo, lo que sí ocurre en las inundaciones”.
También aclara que “durante más de 100 años esa lava va a estar caliente en su interior a una profundidad de 10 o 15 centímetros. A temperaturas, quizá, de 50 o 100 grados centígrados. Es la ruina total«, afirma.
«Una solución, ciertamente justa, sería que el Estado expropiara todas esas propiedades afectadas e indemnizara a sus propietarios pagándoles el justiprecio correspondiente. De esa forma daría la posibilidad a todos ellos de comenzar de nuevo. Y evitaría, en gran parte, los problemas de aquellas propiedades que no hayan estado aseguradas», añade.
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La Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) también ha planteado una solución parecida pero dentro de un plan: la creación de un Parque Nacional en esa zona.
Una idea que han hecho llegar a los 10 grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, instándoles a elaborar una ley que convierta todos los terrenos arrasados por el volcán de Cumbre Vieja, en la Palma.
“La creación de un Parque Nacional permitirá un plan global para poner en marcha una reordenación del territorio acompañada de un mapa de riesgos. De esta manera, las familias canarias podrán empezar de cero en un espacio seguro, además de evitar el desarraigo”, dice la misiva enviada por la organización que preside Patricia Suárez.
“La creación de Parque Nacional debe ser aprobada por Ley en el Congreso. Es por ello que la participación de su grupo es fundamental. Los palmeros y palmeras merecen la solidaridad de todos sus compatriotas”, remacha.
ASUFIN recuerda que la mayor parte de los propietarios no disponen de un seguro contratado. El 55% según los últimos datos recopilados por la patronal UNESPA (datos de 2020), que los deja en situación de desprotección y absolutamente al margen de la cobertura que gestionará el Consorcio de Compensación de Seguros.
La figura del Parque Nacional, de competencia estatal, no es incompatible con la propiedad privada de aquéllos españoles que han visto salvadas sus tierras.
Pero al mismo tiempo la ley permite expropiar a los afectados y reconocer un precio indemnizatorio, «lo que conocemos como justiprecio. De lo contrario, y con la legislación de expropiación forzosa ordinaria, el terreno no tiene ningún valor puesto que se ha convertido en lo que se denomina el malpaís», concluyen.
