El juez Pablo Llarena ha comunicado hoy al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia), a través del representante de España en Eurojust, que las órdenes de detención contra los exconsjeros Clara Ponsatí y Toni Comín siguen vigentes.
El instructor de la causa del ‘procés’ se dirige así a la justicia italiana, en dos providencias con fecha de este lunes, tras conocer que ambos dirigentes podrían haberse trasladado a Cerdeña con motivo de la comparecencia del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ante el tribunal de Sassari, que debe decidir sobre su entrega a España.
En la resolución, el magistrado recuerda que ambos están encausados en el mismo procedimiento que Puigdemont y que su situación es la misma que manifestó el pasado 30 de septiembre respecto al expresidente.
Entonces, Llarena pidió a la justicia italiana la entrega inmediata de Puigdemont a la jurisdicción española, a fin de poder continuar la tramitación del procedimiento, tras señalar que la orden europea de detención contra él sigue vigente.
Subsidiariamente, para el supuesto de que Puigdemont volviera a reclamar ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) la recuperación cautelar de su inmunidad –algo que ya ha hecho– y suponiendo que le fuera concedida, el juez solicita a la autoridad judicial italiana que suspenda la tramitación del proceso de entrega ahora iniciado.
Y ello, indicó, adoptando las medidas precisas parar garantizar que se sigan dando las condiciones materiales necesarias para una entrega efectiva cuando Puigdemont haya dejado de disfrutar del privilegio o inmunidad.
Esta nueva comunicación de Llarena se ha realizado a la vista de que el artículo 9.1 de la Decisión Marco 2002/584/JAI, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.
En ella se establece que «cuando se conozca el paradero de la persona buscada, la autoridad judicial emisora podrá comunicar directamente a la autoridad judicial de ejecución la orden de detención europea», así todo el juez tiene presente que la noticia de la presencia de ambos consejeros en la isla no ha podido ser confirmada por la autoridad judicial española.
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