El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) busca ponerse al día como entidad pública. El llamado banco público de la Generalitat ha cerrado la contratación de los servicios jurídicos de varias firmas legales para la elaboración e implantación de diversos planes de cumplimiento normativo, así como, en su caso, el seguimiento y la actualización.
En verano el organismo empezó a sondear el interés del mercado legal en el desarrollo y evaluación de cuatro medidas de carácter obligatorio, como son un plan de igualdad, de prevención de riesgos penales, de teletrabajo y de adecuación del IVF en materia de protección de datos de carácter personal.
Había presupuestado cerca de 100.000 euros para llevar a cabo estos trabajos, dividos en cuatro lotes, si bien los precios de adjudicación final han supuesto un ahorro significativo.
Según la información consultada por Confilegal, el banco de la Generalitat ha resuelto adjudicar cada lote a un proveedor jurídico distinto.
Por un lado, ha encargado la creación e implementación del plan de igualdad a CONCILIA2 SOLUCIONES, consultora especializada en temas de igualdad, conciliación y recursos humanos.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 6/2019, el IVF tiene que negociar y aprobar unos protocolos internos que la legislación define como «un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de hombres y mujeres».
Para el programa de prevención de riesgos penales, sobre el que no existe una obligación expresa pra las administraciones públicas, reservó una asignación de 40.000 euros.
Tras recibir y evaluar las ofertas presentadas por varias firmas, ha optado por recurrir a los servicios de Broseta Abogados.
La firma valenciana percibirá 37.000 euros por encargase de las políticas de compliance del IVF después de que su propuesta fuera mejor puntuada que las planteadas por Ramón y Cajal Abogados, Informa Consulting o Deloitte Advisory.
Precisamente, la filial jurídica de la Big Four ha resultado elegida para dieñar el plan de teletrabajo de la entidad pública.
Deloitte Legal deberá concretar en su diseño los puestos de trabajo susceptibles de poder ser desempeñados en remoto.
Lo hará atendiendo a la actividad desempeñada, así como a sus propias especificidades, y previa negociación con la representación de las personas trabajadoras.
Por un último, la actualización del plan de protección de datos recaerá sobre el Centro Regional de Servicios Avanzados. Si bien el IVF incorporó en su día la normativa de aplicación, reconoce que se requiere una evaluación de la misma y un desarrollo a fin de dar cumplimiento con plenas garantías a la normativa en la materia.
Sobre todo porque, en su condición de intermediario financiero, trata datos personales de los profesionales autónomos que se financian a través de IVF, así como los datos propios de cualquier entidad.
