El que fuera el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, ha interpuesto una reclamación económica contra el consistorio que gobernó. El político, inmerso en varias causas de corrupción, demanda 48.400 euros derivados de la defensa jurídica que requirió en una de las diligencias abiertas contra él.
De acuerdo con la documentación adelantada por El Confidencial y consultada por este medio, se trata del procedimiento por prevaricación y malversación de caudales públicos durante el ejercicio de sus funciones como alcalde. La causa fue abierta en 2010 por el Juzgado de 10 Penal número 1 de Móstoles y González Panero resultó absuelto en octubre de 2017.
El exalcalde de Boadilla expone que tuvo que contratar los servicios de un letrado para su defensa y representación, recurriendo a los servicios de Gustavo Galán. Manifiesta que los honorarios del abogado ascendieron a los 48.400 euros reclamados tras 16 años de gestión ante la justicia. Este periodo comprende el tiempo transcurrido desde el procedimiento penal en primera instancia hasta la impugnación del recurso de apelación interpuesto por la acusación particular.
La cantidad fue asumida por su hermano, Javier Gónzalez Panero, quien optó por fraccionar el pago en dos: uno en diciembre de 2019 y otro en julio de 2020. No obstante, según el Estatuto Básico del Empleado Público no tendría que haber asumido personalente el coste de su defensa.
Algo a lo que se opone el consistorio, aduciendo, por un lado, la supuesta falta de acreditación documental realizadas por el letrado defensa y, por otro, que la factura presentada no podía ser de base a la reclamación. Por su parte, la defensa de González Panero ha recurrido a un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid solicitando que se proceda a la devolución de estos gastos por el desempeño de “una labor técnica en una causa especialmente prolija”.
Sin embargo, Alicia Vallejo, trabajadora del ayuntamiento, ha remitido toda la documentación a la Fiscalía Anticorrupción por las dudas sobre el origen de los fondos con los que se saldó la factura.
«Si observamos los datos de la cuenta del ordenante de esos pagos, vemos que faltan los números identificativos de la cuenta de origen del dinero de la transferencia, entonces ¿por que han ocultado esos datos? ¿y desde qué cuenta se ha efectuado? ¿y el origen de ese dinero?» señala la trabajadora en su escrito de colaboración.
En vista de que se han borrado los números de cuentas en los resguardos bancarios aportados, la Fiscalía ha elevado la documetnación a la Audiencia Nacional, «por si pudiera ser de interés del tribunal» de cara a la celebración del juicio por la pieza de Boadilla en el Caso Gürtel, cuya vista oral comenzará el próximo 10 de octubre.
