El grupo TERSA se ha propuesto proteger su marco de actuación y sostenibilidad como empresa pública de servicios medioambientales en las áreas de gestión de residuos y energía, que opera en el área metropolitana de Barcelona. Objetivo que pasa por atender todas las cuestiones de índole jurídica que puedan afectar tanto al desarrollo de su actividad como a su organización interna.
Para garantizar esa cobertura legal, la empresa de servicios municipales ha englobado en un mismo acuerdo marco las diferentes áreas jurídicas de las que puede requerir asesoramiento o defensa en el caso de necesitarla. El monto del contrato asciende a 1,1 millones de euros, con un plazo de ejecución de hasta dos años.
De acuerdo a la documentación consultada por este medio, la llamada de TERSA ha acaparado la atención de buen parte del entorno legal, lo que ha animado la presentación de candidaturas por parte de boutiques locales y grandes firmas de referencia. Sin ir más lejos, dentro del primer lote, que comprende la asistencia en derecho administrativo, destaca la presencia de Andersen, BDO Abogados y el Bufete Vallbé.
Vallbé, que suele colaborar con las administraciones catalanas en distintos asuntos, concurre a su vez al área de asesoramiento laboral junto a Unive Abogados, FJM advocatos, Deloitte Legal o DWF-RCD. Y en el resto de servicios, que abarcan desde el derecho penal al medioambiental, figuran Garrigues, PwC Tax & Legal, Lener o Toda & Nel-lo.
Casi todas las firmas están presentes en al menos dos lotes, cuya elección les habilita para competir por cada uno de los contratos que saque a licitación la empresa pública durante los dos próximos años.
Con esta contratación, TERSA, presidida por el concejal de Barcelona en Comú Eloi Badia, prefiere no dejar nada al azar ningún aspecto relacionado con su actividad. Menos aún después de que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público decidiera suspender en agosto el concurso del Área Metropolitana de Barcelona, de la que Badia es el responsable del áre de ecología, para construir un nuevo centro de reciclaje.
El proyecto en cuestión era el Centro de Producción de Biofertilizantes y Adobos (CEBA), destinado al tratamiento de casi medio millón de toneladas de desechos orgánicos, pero la autoridad de contratación frenó los trámites ante las sospechas de irregularidades en la convocatoria denunciadas por una empresa que había sido excluida del proceso.
