La Asociación de Fiscales aprovecha esta ocasión para reclamar que se dote al Ministerio Fiscal de presupuesto propio para la ejecución de este "anhelado plan reclamado en la carrera fiscal desde hace 30 años, y que incomprensiblemente no elaboró la actual fiscal del Estado en su etapa como ministra de Justicia". Foto: Carlos Berbell/Confilegal
La AF exige que la Carrera Fiscal tenga su propio Plan de Prevención de Riesgos Laborales y su propio servicio de prevención
Esta asociación hace una serie de reivindicaciones al borrador de Convenio de Prevención Riesgos Laborales presentado por el Ministerio de Justicia
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14/10/2021 10:19
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Actualizado: 14/10/2021 10:19
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La Asociación de Fiscales (AF), la asociación mayoritaria de fiscales, reclama que la Carrera Fiscal tenga su propio Plan de Prevención de Riesgos Laborales y su propio servicio de prevención.
Así lo ha reivindica en sus alegaciones al borrador de Convenio de Prevención de Riesgos Laborales en el Ministerio Fiscal redactado el Ministerio de Justicia, del que el fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral, Félix Pantoja, informó el pasado 29 de septiembre a los miembros de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales y de las observaciones que sobre él ha redactado la Fiscalía General del Estado (FGE).
La presidenta de la AF, Cristina Dexeus, expone en Confilegal las reivindicaciones de su asociación para este «anhelado plan reclamado en la Carrera Fiscal desde hace 30 años, y que incomprensiblemente no elaboró la actual fiscal del Estado en su etapa como ministra de Justicia».
La AF valora positivamente que se den los impulsos necesarios para la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales para la Carrera Fiscal, «una reivindicación histórica de esta asociación», pero destaca que en el borrador «nada se contempla en concreto en relación a la Carrera Fiscal, más allá de referirse a una sección dentro de la Administración de Justicia que contemple las especificidades del Ministerio Fiscal».
Para la AF, es necesaria la creación de un Plan, no dentro del genérico para la Administración de Justicia, sino de un Plan propio, y también un servicio propio de Prevención de Riesgos y no una Sección dentro del Servicio de Prevención del Ministerio de Justicia.
También señala que en el apartado 3.5 del borrador se dice que hay que garantizar las condiciones de trabajo de la Carrera Fiscal, pero solo se refieren a situación de embarazo y durante el período de lactancia. La AF exige medidas de protección específicas para los puestos de trabajo de los fiscales con «una casuística más amplia que refleje todas las situaciones de riesgo, por ejemplo las derivadas de estrés, accidentes in itinere, así como cualquier otro tipo de enfermedad o patología que puedan afectar a la salud de los miembros del Ministerio Fiscal, por lo que a las ya recogidas, se deben añadir todas estas otras».
Para ello, Dexeus considera necesario que se haga un estudio de las enfermedades laborales específicas de los miembros de la Carrera Fiscal.
Además, la AF aprovecha esta ocasión para reclamar que se dote al Ministerio Fiscal de presupuesto propio para la ejecución del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
Dexeus reclama «un plan ambicioso, en el que se determine la carga de trabajo razonable y proporcional para asegurar la salud de los fiscales, que analice los excesos de carga de trabajo y la afectación que ello puede tener para la salud, y las medidas necesarias para paliar esas situaciones, de forma que ese estudio de cargas de trabajo sirva también para determinar las necesidades de ampliación de plantilla y a efectos de productividad».
Por otra parte, afea que en el borrador del convenio se aluda a los fiscales como “empleados del Ministerio de Justicia”. «No podemos tolerar esta expresión, pues no somos empleados del Ministerio Justicia, somos miembros del Ministerio Fiscal, órgano constitucional integrado con autonomía funcional dentro del Poder Judicial», subraya la AF.
En cuanto a la coordinación con las Comunidades Autónomas, señala que el convenio deberá referirse exclusivamente a que doten a la carrera fiscal de los medios materiales necesarios para hacer factible el plan de prevención, «pues los fiscales no dependen de las CCAA y no son sus empleados».
Además, expresa que se trata de un convenio en principio no suscrito por las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, «lo que puede hacer ineficaz dicho convenio».
La AF también pone el foco en que al tratar la regulación de la Comisión Mixta de Seguimiento se hace alusión a que habrá un representante por cada una de las asociaciones fiscales. En opinión de la AF, «la representación asociativa debe ser proporcional al número de asociados de cada una de las asociaciones y que los representantes de las asociaciones tengan derecho a voto, no sólo voz».
Considera que debe ser así «porque no debe hacerse una equiparación mimética entre sindicatos y asociaciones de fiscales, no sólo por la diferente naturaleza de unos y otras y la prohibición de pertenencia a sindicatos impuesta a los fiscales estatutariamente, sino porque los sindicatos tienen, por su propia naturaleza, una mayor presencia y relevancia institucional en los canales o mecanismos de negociación, tanto sectoriales como colectivos, de lo que carecen las asociaciones de fiscales», explica Dexeus.
En cuanto a las alegaciones hechas por la Fiscalía General del Estado al borrador del convenio, a las ya expuestas esta asociación añade que en la cláusula segunda, «además del lenguaje inclusivo, debe excluirse a los fiscales del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), que dependen estatutariamente del Ministerio de Justicia (como fiscales en prácticas) dentro de su Plan de Prevención de Riesgos Laborales para la Administración de Justicia».
«Hasta que no tomen posesión del cargo dependen del CEJ y, por tanto, estarían dentro del Plan de Prevención del Ministerio de Justicia», precisa Dexeus.
La AF también se muestra contraria a la creación de una plaza de Fiscal de Sala para el puesto de Jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, propuesto por la Fiscalía General del Estado.
Afirma que esta función no debe ser asumida por un órgano interno del Ministerio Fiscal, sino que debe externalizarse en coherencia con la constitución del Servicio de Prevención, que deberá estar compuesto por técnicos superiores en prevención de Riesgos Laborales que deben ser contratados en el plazo de dos meses desde la firma del Convenio.
También alega que «lo que urge a la carrera no es la creación ex novo de nuevas plazas de fiscal de Sala con sus adjuntos y con su propia dotación presupuestaria, sino la ampliación de la plantilla con creación de plazas de segunda categoría y el reajuste de plazas de tercera categoría a segunda, y mejorar la plantilla en las secciones territoriales y en las fiscalías de área».
A esto se suma, según la AF, «la necesidad de suprimir la quinta categoría del complemento de población, y realizar una nueva distribución de dicho complemento entre las capitales de provincia teniendo en consideración aspectos como el índice de población, y de litigiosidad».
También ve necesario revisar el complemento de penosidad para determinados territorios o zonas que por distintas razones requieran de una mejora salarial o de reconocimiento del esfuerzo profesional realizado y de las circunstancias concretas, como por ejemplo la zona del Campo de Gibraltar, Ibiza y Cataluña, entre otras.
La Fiscalía General del Estado infomó el pasado 22 de septiembre tras el Consejo Fiscal que una vez que la Comisión Mixta de Riesgos Laborales acordara el contenido final de las alegaciones al borrador de convenio, se harían llegar al Ministerio de Justicia «para que se ponga en inmediato funcionamiento un instrumento específico de prevención para la Carrera Fiscal en el marco de la administración de justicia».
La AF insiste en que dicho plan sea propio de la Carrera Fiscal. «En esta materia tenemos una ocasión propicia para reclamar mayor independencia del Ministerio de Justicia, desmarcándonos así del tratamiento de empleados de dicho Ministerio y obteniendo dotación presupuestaria propia. No se debe desaprovechar esta oportunidad si realmente lo que se pretende es cortar el cordón umbilical que nos une todavía al Ministerio de Justicia», concluye Dexeus.
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