Desde septiembre de 2020, el acceso a las sedes judiciales está limitado únicamente al público después de que se suprimiera la obligación de los profesionales de solicitar una cita previa para acceder. Foto: EP.
El Consejo General de la Abogacía Española pide al CGPJ que se elimine la cita previa en los juzgados
El ICAM y el ICPM también han solicitado a los jueces-decanos de la Comunidad de Madrid que pongan fin a las restricciones de acceso
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22/10/2021 15:26
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Actualizado: 22/10/2021 15:26
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El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha pedido al Consejo General del Poder Judicial la supresión de las medidas extraordinarias adoptadas en las sede judiciales con motivo de la pandemia como la cita previa.
«La evidente mejoría de la situación sanitaria, hace que decaiga la justificación de las medidas que, en la práctica, suponen una limitación al pleno ejercicio del derecho de defensa, acceso a los tribunales y publicidad de las actuaciones», afirma la presidenta del Consejo, Victoria Ortega, en la carta enviada al presidente en funciones del CGPJ, Carlos Lesmes.
El pleno del Consejo, en su reunión del pasado 20 de octubre, decidió por unanimidad pedir que se normalice la situación en los tribunales, según ha informado el CGAE.
«En tal sentido, y en línea con lo acordado por algunos Tribunales Superiores de Justicia, procede la supresión de la cita previa, así como la de cualquier barrera u obstáculo que impida o dificulte a los ciudadanos y sus abogados, el acceso a las dependencias judiciales», añade la misiva.
Además, el Consejo se ha dirigido también a la Ministra de Hacienda, María Jesus Montero, para expresarle su «preocupación por la alarmante desatención de las administraciones públicas hacia los ciudadanos que requieren sus servicios».
«La crisis sanitaria generada por la pandemia ha acentuado una situación que venía observándose ya con anterioridad. La exigencia de cita previa, muchas veces difícil de obtener en un plazo razonable o la necesidad del uso de medios tecnológicos inaccesibles para una buena parte de la población, por poner solo algunos ejemplos, deterioran gravemente la atención de calidad que el ciudadano merece por parte de las administraciones públicas que tienen el mandato constitucional de eficacia y la obligación de promover las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer con plenitud sus derechos», afirma Ortega.
Al mismo tiempo, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, y del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), Gabriel María de Diego Quevedo, han solicitado el fin de las restricciones de acceso a los juzgados madrileños.
En un comunicado conjunto, se dirigen a los jueces-decanos de la Comunidad de Madrid para que «finalicen, o en su defecto flexibilicen, los protocolos y las medidas tecnológicas, organizativas y restrictivas acordadas en las sedes judiciales».
En concreto, mencionan «las limitaciones de aforo, atención preferentemente presencial, y, en suma, aquellas dirigidas a restablecer el acceso y uso por parte del personal de la Administración de Justicia y de Procuradores, Abogados y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Ambos decanos explican en el comunicado que realizan esta petición «dado el considerable descenso de la incidencia acumulada y la favorable situación epidemiológica del COVID-19 y de vacunación, que han llevado al Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid a aprobar cambios en la regulación de distintos sectores».
Afirman que el fin de las restricciones o su flexibilización ha de compatibilizarse «con la adecuada protección de la salud del personal de la Administración de Justicia, del resto de profesionales y de los particulares que acuden a sus sedes, sin perjuicio de que se mantengan las medidas de salud, prevención e higiene necesarias como el uso de la mascarilla y las mamparas de protección, entre tanto subsista la situación de pandemia y crisis sanitaria actuales».
Desde septiembre de 2020, el acceso a las sedes judiciales está limitado únicamente al público después de que la Comisión de Justicia del Senado aprobara una enmienda a través de la cual se suprimió la obligación de los profesionales de solicitar una cita previa para acceder a los juzgados.
Esta era una de las principales reivindicaciones de abogados, procuradores y graduados sociales tras la publicación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Recientemente, la juez decana de Madrid, la magistrada María Jesús del Barco, autorizó la entrada en las sedes judiciales de este partido judicial a los alumnos del máster de acceso a la abogacía y a los abogados en prácticas.
La decisión se produjo días después de que la Agrupación de Jóvenes Abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (AJA Madrid) pidiese al decanato que los profesionales en formación de la abogacía pudiesen asistir presencialmente a vistas en los juzgados.
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