La Comisión de Justicia del Senado ha aprobado este lunes una enmienda transaccional a través de la cual suprime la obligación de los profesionales de solicitar una cita previa para acceder a los juzgados.
Esta era una de las principales reivindicaciones de abogados, procuradores y graduados sociales tras la publicación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
El texto definitivo, acordado entre todos los grupos parlamentarios, suprime la alusión a los profesionales, por lo que la ley limitará el acceso únicamente al público.
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha celebrado esta decisión en un comunicado en el que recuerda que esta medida era precisamente una de las observaciones presentadas al Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19, en el ámbito de la Administración de Justicia, procedente del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril.
«No se entendía la limitación de acceso a los profesionales por las importantes trabas que ello suponía para la ejecución de su trabajo cotidiano», afirma.
Los portavoces de todos los grupos parlamentarios han destacado la importancia de que no se dificulte el acceso a los juzgados a los abogados, procuradores y graduados sociales. A partir de ahora no será necesario que soliciten cita previa.
Después de su aprobación definitiva en la comisión de Justicia, el proyecto de ley se votará este martes en la sesión plenaria del Senado. Posteriormente regresará al Congreso, donde deberá ser refrendado por la Cámara Baja, antes de convertirse en ley.
