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Cosas que le pasan a un abogado

José Luis Sariego Morillo
Cosas que le pasan a un abogado
El abogado José Luis Sariego Morillo, autor de esta columna, explica las razones por las que defiende a los hombres que son denunciados por malos tratos.
31/10/2021 06:48
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Actualizado: 31/10/2021 10:01
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Uno recibe una sentencia favorable a la custodia compartida y tiene un subidón. Reflexiono sobre ese caso en concreto.

Uno sabe que hay personas a las que caigo bien y otras, a las que no.  

Pero así es la vida.

En mi ámbito profesional he obtenido, y sentido, respeto, cariño, elogios, seguridad y abrazos de verdad.

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Muchos abrazos.

Pero también he recibido rechazo, críticas, injurias, calumnias, odio y lo peor: Envidia, mucha envidia.

Algunos juristas me critican porque en mi actual perfil profesional defiendo, sobre todo, los derechos de los hombres y de la masculinidad.

Me critican o me rechazan porque no hago publicidad o me hago eco de los casos de violencia que sufren las mujeres y que llevo unos años denunciando la discriminación que sufren los niños varones y los hombres en este país.

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EL 45 % DE MIS CLIENTES SON MUJERES

Ignoran que el 45% de mis clientes son mujeres.

Ya hace unos años y en base a mis principios y valores como jurista que vive en un estado de derecho y en una democracia parlamentaria, decidí que no podía callarme ante la aprobación de leyes que vulneran los derechos humanos de cualquiera de mis conciudadanos.

Y como una deriva totalitaria legislativa contra los hombres, es por ello que he tomado partido por todos ellos.

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Existe un blog (Obs. Galileo) con el que hemos colaborado en donde puedes comprobar que hay más de 300 leyes aprobadas en España en las que se discrimina a los hombres por el hecho de ser hombres.[i]

Recuerdo que pertenecí a «Amnesty Internacional» (AI) y me di de baja cuando no encontré apoyo para denunciar las leyes discriminatorias que se aprobaban en España contra los hombres.

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De hecho, redactaron un informe “oficial” en 2005 que se basaba en encuestas e informes falsos [ii]

Denuncié todo ello de forma documentada a la central de AI pero la respuesta que logré fue que afectaría mucho a la credibilidad de AI el reconocer públicamente las falsedades recogidas en el mismo.

Más tarde, me enteré de que el Partido Socialista había tomado el control de AI España a comienzos del siglo XXI.

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Debo recordar que también pertenecí a Greeenpeace y tuve que darme de baja cuando descubrí que esta organización se usó como fuente de financiación para la creación de un partido político.

La Fundación Equo nació de forma un poco oscura en cuanto a su financiación, ya que fue creada en parte con fondos de Greenpeace [iii] y de otra parte con fondos de dirigentes o miembros de partidos de izquierda y sindicatos, para más tarde convertirse en el partido Equo, hoy integrada en Podemos.

Por ello, la inicial “apolítica” fundación Equo, que obtuvo ayudas públicas y fondos de donantes “desconocidos” (según sus auditorias), utilizó este dinero para lanzar el partido Equo y la propia fundación tuvo que cambiarse el nombre al de Transición Verde [iv].

Fundación que hoy sigue recibiendo ayudas públicas y privadas y financiando actividades del partido Equo.

JURAR LA CONSTITUCIÓN

Todo abogado en activo ha debido jurar o prometer hacer cumplir la Constitución Española, así como defender los derechos de sus clientes. Por eso, quizás haya sido un poco rebelde con las leyes aprobadas por políticos sin escrúpulos o con escrúpulos, pero con poca sesera.

En los años 90 colaboré con diferentes asociaciones de mujeres que defendían el derecho a un trato igual que no estaba desarrollada en ley alguna. Existían leyes que no protegían de forma debida a las víctimas de la violencia dentro de las familias, porque el Estado no había querido entrar demasiado en ese ámbito tan privado como es la familia.

Recuerdo mis charlas, conferencias y reuniones con asociaciones nacionales e internacionales. Asociaciones de madres solteras y de madres solas (abandonadas con sus hijos por el padre), de mujeres maltratadas a las que cuando iban al médico o a la policía se les decía que debían regresar a casa y resolver sus problemas en casa.

Recuerdo mi colaboración con alguna asociación de homosexuales que luchaba por tener los mismos derechos que los heterosexuales en cuanto al derecho a contraer matrimonio.

O mi colaboración con los objetores al servicio militar o movimiento de insumisión, recordando que en 1987 ganaba mi primer recurso de casación ante el Supremo, alegando que la mili obligatoria discriminaba a los hombres.

Ya en 1989-90 participé en la modificación del artículo 159 de Código Civil que también discriminaba a los padres ya que, hasta entonces, la ley otorgaba de forma automática la custodia de los hijos menores de 7 años a las madres en caso de separación y/o divorcio.

Desde aquella Ley 11/1990, de 15 de octubre [v], no ha habido ninguna reforma legal que ayude al trato igualitario de hombres y mujeres en contextos de divorcios o separación con hijos. Ninguna.

Existe una ley sobre igualdad de trato (LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) que apenas se usa y casi nunca se aplica en estos contextos de conflictos de pareja.

Por ejemplo, no se puede alegar en estos contextos los artículos 2, 3 y 6 de dicha ley.

Sobre todo, cuando alegas en un juicio la discriminación indirecta que sufren los hombres y padres en base a la ideología o perspectiva de género.  

Cuando se aplica la denostada LO 1/2004 (hoy en revisión) o las reformas del Código Penal que establecen penas diferentes para hombres y mujeres por el mismo delito [vi] , ningún juzgado quiere hacerse eco de que estas últimas contravienen la Ley de Igualdad de Trato que desarrolla el artículo 14 de la CE y el inaplicable (por rechazo de los juzgados) de los artículos 21 y 23 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01).

Cuando en cada pueblo, ciudad, universidad, colegio, instituto, centro de salud, hospital, etc., o en cada Ministerio existe una unidad de género.

Cuando un país que tiene 18 Institutos de la Mujer (con miles de funcionarios), Observatorios varios, Direcciones generales, Centros de atención a la mujer en cerca de 6.000 ayuntamientos, y centros de atención en cada una de las más de 5.000 comisarías de la policía, guardia civil, locales y resto de FCSE, etc.

Cuando existe incluso un Ministerio que tiene un presupuesto de más de 500.000.000 de euros sólo para dedicarse a intentar resolver los problemas de la mitad de la ciudadanía: Las mujeres.

Cuando los colegios profesionales, todos ellos, tienen un presupuesto propio para la defensa de los derechos de las colegiadas.

Cuando el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado o los miles de jueces que imparten justicia tiene formación sólo para garantizar los derechos de las mujeres.

Cuando las redes sociales están llenas de cientos de instituciones y decenas de miles de mujeres, profesionales, etc., con un discurso denostando y despreciando a los hombres.

E incluso, cuando hay miles de asociaciones y fundaciones que gastan miles de millones de recursos públicos y privados para visibilizar los problemas de las mujeres.

Cuando miles se hacen millonarias campañas para prevenir enfermedades que sufren las mujeres.

Cuando, después de todo esto, te llama un hombre que tiene miedo a ser detenido si va una comisaría a denunciar que sufre malos tratos de su esposa.

Cuando compruebas que los derechos de los hombres no sólo están siendo invisibilizados, sino que también están siendo sistemáticamente ignorados.

¿Cómo no ser un defensor de los derechos de los hombres en España?

¿En España y en 2021?


[i] https://diferenciaslegaleshombremujerenespana.law.blog/

[ii] https://www.amnesty.org/es/documents/eur41/005/2005/es/

[iii] http://fundacionequo.es/

[iv] https://transicionverde.es/

[v] https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-25089

[vi] https://observatoriogalileo.blogspot.com/2017/01/la-asimetria-penal-en-la-violencia-de.html

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