Conciliación y corresponsabilidad para los profesionales de la Justicia

Conciliar la vida profesional y familiar sigue siendo uno de los grandes desafíos para avanzar hacia una igualdad efectiva en el ámbito profesional. Por desgracia, este reto muchas veces no se resuelve, tan solo se supera a base de renuncias, sea a formar una familia, sea a desarrollar una carrera profesional.

El gran problema es que esta disyuntiva, y las renuncias que llevan aparejadas, sigue siendo hoy día un dilema que afrontamos mayoritariamente las mujeres. Somos nosotras las que solemos vernos en la tesitura de tener que elegir.

Esta disyuntiva se produce, esencialmente, por la falta de corresponsabilidad que todavía impera en nuestra sociedad. Los datos nos muestran que, ante el nacimiento de un bebé, somos las mujeres las que mayoritariamente pedimos excedencias, reducimos la jornada laboral o nos planteamos la triste decisión de optar entre nuestro desarrollo profesional o nuestra familia.

Según un estudio del Banco de España, el nacimiento del primer hijo se asocia para las mujeres a una caída del 11% de su salario, en promedio, mientras que para los hombres no se aprecia ningún efecto negativo sobre sus ingresos.

Este efecto es acumulativo a medida que nacen más niños: a la larga, por cada hijo a cargo las mujeres sufrimos una penalización del 28% en nuestro salario. Para los hombres, sin embargo, tener un hijo no parece llevar aparejada ninguna penalización.

Esa es la mayor desigualdad a la que las mujeres nos enfrentamos en nuestra vida profesional: la asunción colectiva de que, cuando se trata de cuidar a nuestros hijos, o a nuestros padres dependientes, siempre seremos nosotras las que al final renunciaremos para garantizar que sean atendidos como se merecen.

Pero, además, se da la circunstancia de que la conciliación es prácticamente imposible en algunas profesiones, como en el caso de los abogados y procuradores que actúan por cuenta propia.

Conciliar sigue siendo una carrera llena de obstáculos

Realmente resulta irónico que un sector profesional que en una gran parte de su ejercicio se dedica a promover la igualdad se encuentre, sin embargo, en una situación de desventaja frente a otros profesionales que también trabajan en el ámbito de la Justicia.

Recuerdo mi propia situación personal cuando me quedé embarazada y ejercía como abogada. El embarazo es un proceso a veces complejo, con momentos de indisposición o donde es preciso un reposo. Las dificultades se agravan todavía más cuando nace el bebé, que requiere una atención prácticamente constante. 

Hablo en todos los casos de eventualidades, claro, que el cliente no esperaba, y que, desgraciadamente, como bien saben muchas abogadas, no siempre afronta con la mayor comprensión. Por si fuera poco, las vistas no se suspendían bajo ninguna circunstancia.

Naturalmente, yo quería disfrutar y cuidar de mi hijo e intentaba llegar a todo de la mejor forma posible. En unos casos pidiendo colaboración a compañeros, en otros dejando a mi bebé con la abuela o con cuidadoras, etc. Realmente fue un momento frustrante, en el que percibí la gran diferencia existente cuando hablamos de conciliación entre trabajar por cuenta ajena a hacerlo por cuenta propia. Dos mundos muy distintos.

Conciliar sigue siendo una carrera llena de obstáculos. Todo ello a pesar de que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, consagra en su artículo 14, como criterios generales de actuación de los poderes públicos «la protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia» (artículo 14.7), «el establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia» (artículo 14.8).

Estos principios generales de actuación se proyectan legislativamente en el específico ámbito de los trabajadores por cuenta propia, al reconocerlos la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, como un derecho individual en el ejercicio de su actividad profesional. Concretamente, su artículo 4.3.g) declara que: «La conciliación de su actividad profesional con la vida personal y familiar, con el derecho a suspender su actividad en las situaciones de nacimiento, ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, y adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento familiar (…)».

A pesar de estas previsiones, para una parte de los profesionales de la justicia, principalmente abogados y procuradores que actúan por cuenta propia, no resulta nada fácil desarrollar plenamente sus proyectos vitales, tanto a nivel profesional como personal y familiar.

Por ese motivo, desde Ciudadanos hemos presentado varias iniciativas parlamentarias, estando en vigor para su tramitación una Proposición no de Ley que modifica diversas normas procesales para hacer posible la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

En particular, nuestra propuesta introduce diferentes modificaciones sobre las previsiones legales contenidas en las Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal relativas a la conciliación de las personas profesionales que actúan en el ámbito de la Justicia, cuya redacción actual es claramente insuficiente y presenta un tratamiento fragmentario de la cuestión, al no tomar en su debida consideración su encaje en el proceso ni en los diversos órdenes jurisdiccionales.

En definitiva, se trata de una regulación que no solo no permite garantizar el derecho a la conciliación familiar que los profesionales de la Justicia tienen reconocido en su condición de trabajadores por cuenta propia, sino que, además, los sitúa en una evidente situación de desventaja frente a otros trabajadores.

Para corregir esta anomalía, queremos que se establezca un periodo de vacaciones judiciales navideñas, adicional al estival; que se amplíe para cada uno de los órdenes jurisdiccionales las causas que habilitan para la suspensión del proceso, para el aplazamiento de las vistas y para la no asistencia justificada a las mismas por alguna de las partes, a fin de garantizar el derecho a la conciliación familiar de los operadores que intervienen en el ámbito del proceso judicial; y que esta previsión se haga extensible cuando se intervenga como abogado o abogada en un procedimiento de arbitraje o mediación.

Medidas que se tienen que desarrollar teniendo que ponderar el derecho a la conciliación de los operadores jurídicos y el derecho a la tutela judicial efectiva de los litigantes.

La conciliación y la corresponsabilidad son uno de los pilares fundamentales a mejorar en nuestra sociedad en materia de igualdad.

Desde Ciudadanos somos conscientes de que no basta con declarar este compromiso, sino que hay trabajar y ejecutar medidas para conseguir que se haga realidad. Y precisamente con este objetivo, hemos presentado esta iniciativa. Para que para los profesionales que intervienen en el ámbito de la Justicia por cuenta propia, poder conciliar de forma corresponsable sea también una realidad.

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