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El Observatorio de la Insolvencia Personal del ICAB reclama reformas en el mecanismo de Segunda Oportunidad
El estudio presentado ha tenido como base el análisis de 293 expedientes correspondientes a una decena de juzgados de Cataluña durante el periodo comprendido entre 2016 a 2020.

El Observatorio de la Insolvencia Personal del ICAB reclama reformas en el mecanismo de Segunda Oportunidad

Presenta su primer informe en el transcurso del Congreso Europeo de Segunda Oportunidad que organiza la entidad colegial
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18/11/2021 01:00
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Actualizado: 18/11/2021 00:19
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Los procedimientos de exoneración de deudas a personas físicas a través del mecanismo de Segunda Oportunidad funcionan en un 95%, pero son muy lentos, cuestión que agrava la situación de estas personas a medio plazo.

Este es una de las conclusiones del estudio realizado por el Observatorio de Insolvencia personal, idea del Colegio de la Abogacía de Barcelona, presentado este miércoles en el transcurso del I Congreso Europeo de Segunda Oportunidad al que acuden expertos de toda Europa.

El estudio presentado ha tenido como base el análisis de 293 expedientes correspondientes a una decena de juzgados de Cataluña durante el periodo comprendido entre 2016 a 2020

El citado Observatorio está impulsado por el grupo de trabajo que esta entidad y el ICAC configuran y en el que participan Jesús Sánchez, vicedecano del ICAB; Yvonne Pavia, diputada y tesorera de la Junta de Gobierno del ICAB; Martí Batllori i Bas, abogado, y Miguel Ángel Salazar, economista, auditor de cuentas y abogado.

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Junto a ellos, Cristina Vallejo, coordinadora de Formación ICAB; Isidor García , coordinador de normativa del ICAB; Jaime Campá, abogado; Maria Elisa Escolà i Besora, abogada y profesora asociada de la UB; Octavio Gracia , abogado y economista, y Borja Pardo, abogado.

Para estos juristas es fundamental que la reforma que plantea el Gobierno con la trasposición de la Directiva de Insolvencia mejore este procedimiento que ayuda a las personas físicas a reemprender su vida, exonerado de deudas.

En dicho estudio se indica que en relación al perfil del deudor insolvente que viene declarado en concurso consecutivo, es del de una persona (mayoritariamente hombre) de nacionalidad española y de 50 años edad, con, al menos un hijo menor a su cargo, y empleado por cuenta ajena que propuso a sus acreedores –entidades bancarias en un 90%- el pago de una sexta parte de sus deudas en el marco del acuerdo extrajudicial de pagos.

A nivel de casuística estos expertos han detectado que declarado el concurso de acreedores, tras un año y medio, y previa liquidación del patrimonio del deudor, el 95% de los deudores concursados obtienen el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho sobre una deuda aproximada de 250.000 euros.

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La excesiva duración del mecanismo trae consigo consecuencias negativas, siendo los deudores y el propio Estado quienes sufren las consecuencias de la tardanza.

El deudor porque retrasa su incorporación al circuito económico del país, y el Estado porque deja de percibir, en la mayoría de ocasiones, los ingresos por impuestos tanto directos como indirectos, así como las cotizaciones a la seguridad social.

Desde este Observatorio se apunta que en la reforma concursal, ahora en anteproyecto, el mecanismo prescindirá de la primera fase extrajudicial y por lo tanto se acortará el procedimiento considerablemente. También, la generalización de la tramitación de los concursos sin masa de forma abreviada ayudará a agilizar el procedimiento de insolvencias de los más vulnerables.

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Otro dato revelador de este informe es que en cuanto a la composición del pasivo (el 90% de la deuda es de naturaleza bancaria) abre la puerta a un debate necesario sobre el endeudamiento responsable y la concesión responsable del crédito por parte de las entidades financieras.

Desde esta perspectiva estos juristas plantean que se abra un debate centrado en una mayor exigencia de evaluación del riesgo del deudor por parte de los acreedores financieros, siguiendo  sistemas financieros de otros países con la implementación de ficheros de solvencia de los deudores, así como también la concienciación de la ciudadanía de los riesgos del sobreendeudamiento.

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En relación a la composición del activo, el 40 por ciento de los deudores acude al sistema de exoneración con vivienda habitual. Ante ese dato significativo se debe dar una solución a todas aquellas familias que, tras la liquidación de su patrimonio, se quedan sin vivienda y recursos suficientes como para poder sufragar el gasto habitacional.

Tambien estos expertos tienen en consideración que que tras una declaración de insolvencia personal existen otras consecuencias que quedan al margen de este primer  informe por la dificultad que entraña su recabación y que tienen que ver con las emociones, como los trastornos psicológicos, rupturas familiares, suicidios, aumento del consumo de alcohol y drogas, antidepresivos, etc.

Un Congreso Europeo pionero

La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona y presidenta de la Abogacía Catalana, Maria Eugènia Gay; la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega; la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; y el comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, inauguraron el 1er Congreso Europeo sobre Segunda Oportunidad, una iniciativa pionera en su género.

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Se trata  como principal objetivo dar a conocer el funcionamiento del mecanismo de la Segunda Oportunidad y analizar desde un punto de vista multidisciplinar la problemática de la insolvencia personal. El Congreso Europeo sobre Segunda Oportunidad se desarrolla hasta hoy jueves tanto de forma presencial -en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona- como de forma telemática.  

Durante el acto inaugural, la decana del ICAB, Maria Eugènia Gay , indicó que en Cataluña hace muchos años que se está trabajando en la difusión de este mecanismo, incluso “antes de la aprobación de la Ley de Segunda Oportunidad» remarcando la implicación de todos los colectivos profesionales y, sobre todo, la determinación del Grupo de la Segunda Oportunidad ICAB-CICAC por haberse mostrado siempre convencidos de la necesidad de difundir esta solución prevista en nuestro ordenamiento jurídico.

La decana también dio a conocer que “en España, de acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han registrado un total de 13.741 concursos durante el año 2020, de los que 8.507 correspondieron a personas físicas y, de éstas, 2.924 se dieron en Cataluña. En 2021, y hasta el segundo trimestre, ha habido 10.166 concursos, 7.125 de los cuales han sido de personas físicas, 2.924 en Cataluña».

Tendencia al alza de personas físicas

“Se trata de una tendencia al alza, sobre todo, de los procesos referidos a ciudadanos y ciudadanas que, bien por causa de sus créditos particulares (préstamos personales o hipotecarios) o bien por el infortunio en su actividad profesional (autónomos y pequeñas empresas), lo han perdido todo menos sus deudas”.

En esta misma línea, la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, via online, destacó que es importante que  los afectados «conozcan y ejerzan sus derechos con total garantía». 

De ahí que haya denunciado que el anteproyecto de ley para transponer a la legislación española la directiva europea contiene la propuesta de excluir la intervención necesaria del abogado o abogada en el procedimiento para microempresas, que incluye a los autónomos; lo que generaría claras situaciones de indefensión.

El acto inaugural también contó  con las palabras via online  de bienvenida de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien expuso la necesidad de proteger a las empresas y facilitar los procesos concursales como una de las claves para sentar las bases de la recuperación económica después de la pandemia.

En este sentido, Calviño destacó también la necesidad de favorecer el emprendimiento y la reestructuración de las empresas para facilitar su crecimiento, mejorar la productividad y minimizar las situaciones de insolvencia, así como dar una segunda oportunidad a los emprendedores que se vean abocados a un concurso de acreedores. 

Por su parte, el Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, en otra intervención online,  instó  a los Estados miembros de la UE a incorporar en sus legislaciones a la directiva europea sobre segunda oportunidad, ya que hasta el momento solo cuatro Estados lo han hecho efectivo. 

Por eso, consideró que el hecho de transponer la directiva por parte de los países de la Unión a sus legislaciones ya supone propiamente una segunda oportunidad para los emprendedores. 

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