El Parlamento Europeo la incluyó en varios grupos de trabajo para la aprobación de la Directiva Whistleblower.
Ana Garrido, denunciante de Gürtel, pone en marcha una consultora para ayudar a las organizaciones a implementar canales de denuncia
Se trat de Proética & Compliance dirigida a implentar canales de denuncia
|
26/11/2021 06:48
|
Actualizado: 26/11/2021 00:10
|
No es casualidad que ahora que se abre juicio en la Audiencia Nacional sobre la pieza de Gürtel que involucra al ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, Ana Garrido -testigo directo de las irregularidades- haya dado un paso adelante para poner en marcha su consultora Proética & Compliance.
En estos catorce años, desde que se destapó Gürtel, Garrido ha ejercido como activista del colectivo de alertadores o denunciantes, con escasa protección hasta el momento en nuestro país, donde ha desarrollado diferentes actividades para visibilizar la problemática de estas personas denunciantes.
Hace algo más de un año formaba parte de un grupo de alertadores que instaron a través de una carta a mantener una reunión con la fiscal general del Estado para explicarle su situación y apremiarla para que dicte una instrucción que cubra el vacío de la Directiva «Whistleblower» hasta que entre en vigor, en diciembre de 2021.
Sin embargo, la reunión se canceló en el último momento y esa instrucción que pidieron a Dolores Delgado nunca se publicó.
«Pocas cosas sabemos de la transposición de la directiva de Whistleblowing, esperamos que no se apruebe por Real Decreto«, afirmaba poco antes de que publicásemos los avances del Ministerio de Justicia sobre dicha transposición.
La actividad de Garrido llegó a Bruselas, de esta forma el Parlamento Europeo la incluyó en varios grupos de trabajo para la aprobación de la citada Directiva, a la vez que sigue manteniendo reuniones con diputados del Congreso para la implementación de dicha norma comunitaria.
Al margen de esta actividad, Garrido se ha convertido de nuevo en empresaria, tras su negocio de bisutería de hace años, para poner en marcha Proética & Compliance, donde ha invertido todos sus ahorros. Reconoce que pesa más la ilusión de la iniciativa que el vértigo.
Con esta nuevo proyecto empresarial pretende “fomentar conductas éticas y que se geste la aprobación Directiva whistleblowing 2019/1337, de la que fui uno de sus precursores en su momento».
En este periodo de tiempo, se ha rodeado de un grupo de profesionales que ayudarán a esa promoción de conductas éticas y a la implementación de canales de denuncia en fundaciones y en el sector público. Recuerda que es “de obligado cumplimiento desde el 18 de diciembre para organizaciones que tengan más de 50 empleados, entidades del sector publico o aquellas empresas que trabajen para el sector público”.
En este periodo de tiempo, Ana Garrido ha completado su formación en esta materia “tengo un título de gestores de canales de denuncia por la Escuela de Practica Jurídica de la Universidad Complutense. Un canal de denuncias incluye una serie de delitos y otros no. No es lo mismo un canal de denuncias que un buzón de quejas y sugerencias”.
En este contexto empresarial, recuerda que «la Directiva establece unos plazos rigurosos desde que recibes una denuncia de un empleado, yo como gestor del canal tengo contestar en un plazo de tres días y luego la instrucción del caso que tiene un plazo máximo tres meses.»
«Para la instrucción necesitas un especialista que esté relacionado con la pregunta irregularidad que presuntamente se comete en la empresa».
A este respecto, Garrido ha elegido a distintos profesionales con experiencia acreditada en estas actividades
“En temas de blanqueo de capitales, contamos con Juan Carlos Galindo, como experto externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inscrito ante el SEPBLAC), perito Judicial experto en Investigación de Delincuencia Económica, especializado en blanqueo de capitales y Compliance penal (Colegiado en ASPEJURE y en AIF). Es también detective privado (UEMC»).
«En otros asuntos de protección de medioambiente, el experto es Ángel Juarez, presidente de Mare Terra Fundació Mediterrània, miembro de la nueva junta directiva del Comité Español de la UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza».
Otro tema importante en este tipo de compañías es la seguridad informática y la ciberseguridad y encriptamiento, «hemos blindado la web para evitar ciberataques. Los canales están encriptados. No podemos permitir ni un minino resquicio para dar a conocer al denunciante».
En esta parcela de ciberseguridad, Garrido cuenta con Ángel Bahamontes, presidente asociación nacional de tasadores y peritos informáticos. Al mismo tiempo es experto en Derecho Informático y Pericias Judiciales con numerosas certificaciones nacionales e internacionales que avalan dicha capacitación.
En esta organización, Josep Jover, abogado muy volcado a los temas comunitarios, es otro de los miembros de este comité de sabios, “aprovechamos sus conocimientos en temas de encriptamiento y nuevas tecnologías. Su equipo de trabajo ha diseñado un software que da seguridad a los denunciantes.
En este equipo también participa Julio Méndez, abogado personal de Ana Garrido y especialista en acoso laboral, un tema que sufren muchos denunciantes de corrupción. Al mismo tiempo es director de los Servicios Jurídicos Fundación En Acción contra el Acoso y director de los Servicios Jurídicos de PRIDICAM Mobbing Madrid.
La importancia de los Códigos Éticos
Garrido es consciente de que el Compliance tiene que ver con el código ético de las empresas. “Nosotros también ayudamos a las organizaciones mas pequeñas y a otras que no lo tengan a implementar dicho código ético”.
En este tema cuenta con Alba Lema, abogada y Compliance Officer -certificado a nivel internacional por IFCA (International Federation of Compliance Associations) y por la World Compliance Association-. A nivel nacional dispone de la certificación CESCOM, expedida por la Asociación Española de Compliance.
En el terreno de derecho administrativo, la participación de Dalmacio Martin, juez desde el año 2002, ahora en excedencia, especializado en lo contencioso administrativo desde 2010 con nombramientos los destinos eran en los juzgados Mixtos de Primera Instancia e Instrucción, Penal, Civil, Instrucción y Juzgados de Menores, predominando hasta su especialización en el ámbito contencioso administrativo, en el ámbito civil y penal.
Su colaboración va a ser clave para implementar canales de denuncia en el sector público. Es una pieza clave en las reuniones que mantenemos con corporaciones locales interesadas en implementar este tipo de canales de denuncia
Externalización de canales de denuncia
Le preguntamos a Ana Garrido sobre las claves para que un canal de denuncias funcione “en mi opinión, que los canales de denuncia sean internos genera riesgos, soy mas partidaria de su externalización. Se trata que el denunciante tenga más seguridad”.
Esta experta recuerda que la Directiva obliga a ofrecer al denunciante varias vías en cuanto a la gestión de su denuncia, “correo electrónico, por teléfono, vía presencial o WhatsApp. Nosotros ofrecemos todas las vías. Podemos también hacernos cargo de la gestión e implementar el código ético de la organización”.
A su juicio, “lo primero que hay que hacer es informar a los trabajadores de la existencia del canal de denuncias. Explicar como funciona, la empresa pone un link que puede ir al buzón de Proética. Aun así el denunciante puede tener temor y hacerlo de otra manera. La externalización de los canales blinda más al denunciante a la hora de gestionar las denuncias. De esa forma se evita que se sepa de donde viene la denuncia realmente”.
Antes de implementar el canal hay que implementar el Código Ético, “se hace en colaboración con la alta dirección de la empresa. No es un servicio que se promueva desde un departamento concreto. Hace falta ese compromiso para que luego designe a un profesional como interlocutor”.
Ese Código Ético es muy útil antes de que se ponga en marcha el citado canal de denuncia “está al alcance de cualquier organización y es una inversión asumible por cualquier entidad. Se trata de que quede reflejada la filosofía de la empresa y que se establezca la parte sancionadora al amparo de la directiva de Whistleblowing. Todo depende de la irregularidad que se cometa”.
En este proceso, explica, el denunciante puede adjuntar documentación si aquí lo precisa, “durante la instrucción se hacen varias entrevistas al personal de la empresa. Se trata de tener un informe de todo lo que sucede. La última decisión al final la toma la propia empresa en este sentido».
Al final de lo que se trata es de “resolver este conflicto antes de que merme la reputación de la compañía y el asunto se enquiste y acabe en los tribunales o filtrado a los medios de comunicación. Es importante que se sepan gestionar esas denuncias desde la cúpula de la organización«.
Noticias Relacionadas:
