Jaume Alonso-Cuevillas, a la izquierda, y Gonzalo Boye, a la derecha; los dos han firmado un manifesto contra el "comunicado 'ultra'" de la Sección de Derecho Constitucional del ICAB que pide que las sentencias se respeten. Foto: national.cat.
Los abogados de Puigdemont acosan a la Junta de Gobierno del ICAB porque su Sección de Derecho Constitucional pidió que se cumplan las sentencias
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30/12/2021 01:00
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Actualizado: 30/12/2021 10:19
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Jaume Alonso-Cuevillas y Gonzalo Boye, abogados del expresidente de la Generalitat, el fugitivo Carles Puigdemont, forman parte de la articulación de una operación política para erosionar y poner contra las cuerdas a la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).
Capitaneada por Maria Eugènia Gay, la actual Junta se impuso con contundencia, en las últimas elecciones, celebradas el pasado mes de junio, a la candidatura independentista de Gonçal Oliveros.
Frustrando así su plan general de tratar de acaparar las instituciones públicas.
Gay centró su programa en los colegiados y lo alejó de la cosa política.
La percha para esta operación de acoso es la declaración pública que realizó la Sección de Derecho Constitucional del ICAB mostrando su «profunda preocupación» por la postura expresada por el Govern de desobedecer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Un fallo que obliga a la Generalitat a impartir un 25 por ciento de la enseñanza en castellano. De fondo estaba el caso del acoso al niño de Canet de Mar.
«La actitud adoptada por las autoridades de la Generalitat», decían los abogados de la Sección de Derecho Constitucional en un comunicado, «es de extrema gravedad y atenta de modo frontal contra el principio del Estado de Derecho reconocido en el artículo 1 de la Constitución».
Y añadieron que estos hechos afectan también «a algo tan fundamental en una democracia avanzada como la nuestra como es el garantizar la protección integral de los menores contra toda forma de violencia y de victimización secundaria.
Principios estos consagrados por nuestro ordenamiento con rango de Ley Orgánica»
Dicho texto destacaba –y aclaraba– que, de acuerdo al artículo 87.7 de los estatutos colegiales, las comunicaciones de las comisiones de personas colegiadas no se pueden atribuir a la corporación.
Es decir, que su opinión no era la del Colegio: «La voz oficial del Colegio se manifiesta a través de su Junta de Gobierno», subrayaron en el escrito.
Aún sabiendo eso, los abogados independentistas han conminado a Gay y a su Junta de Gobierno a pronunciarse contra el comunicado de la Sección de Derecho Constitucional, cosa que no han hecho, en esta vuelta de tuerca claramente política.
TODO COMENZÓ EN TWITTER
Y lo empezó el 24 de diciembre Alonso-Cuevillas, diputado en el Congreso por Junts, con un tuit que decía: «Como abogado y ex decano del Colegio de Abogados de Barcelona me siento profundamente avergonzado por el comunicado de la Sección de Derecho Constitucional de @comunicacioicab que, entre otras cosas, no respeta la presunción de inocencia«.
Un comunicado que, dijo, se había alineado «con las tesis ultranacionalistas españolas que tanto han ayudado a vaciar de contenido las palabras ‘Constitución’ y ‘constitucionalista’ que dicen defender».
A lo que respondió ese mismo día Chantal Moll, profesora de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona y vicepresidenta de la Sección de Derecho Civil del ICAB, con un mensaje directo al también catedrático de derecho procesal: «Hola Jaime! ¿Te refieres a que la Junta @comunicacioicab saque un comunicado para negar que en el Estado de Derecho las sentencias se han de cumplir y que se ha de respetar el principio superior de protección del menor? Eso va en contra de lo que explicamos en Derecho. ¿Crees que la gente cumplirá la sentencia del TSJC?».
Y se armó la marimorena.
Con intercambio de tuits por una y otra parte.
Confirmando que la «espiral del silencio», articulada por la socióloga y politóloga alemana, Elisabeth Noelle-Neumann y que tantas raíces ha echado en Cataluña, por la que si una parte de la sociedad articula un discurso y no encuentra respuesta, termina por imponerse, ha dejado de estar vigente.
El independentismo legal ha encontrado su némesis en los abogados constitucionalistas que, a través de la plataforma Change.org, lanzaron una campaña de recogida de firmas en apoyo de la Sección de Derecho Constitucional.
LAS SENTENCIAS SE CUMPLEN, NO HAY DEBATE
«No puede existir debate en esto», explica la profesora Moll. «Las sentencias se cumplen en todo el territorio español. Punto. Es un tema de justicia».
La iniciativa impulsada por los abogados constitucionalistas dice: «Ante la campaña de acoso al ICAB promovida por sectores del independentismo radical, entre los que se encuentra un grupo minoritario de abogados, la mayoría de los abogados de Barcelona, de Cataluña y del resto de España queremos mostrar nuestro más firme apoyo y solidaridad con el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, su Sección de Derecho Constitucional y los compañeros que han sido señalados públicamente por esos radicales».
Añadiendo a continuación: «Los abogados del ICAB rechazan totalmente la postura del Govern en esta cuestión y, sobre todo, cómo ha ignorado el acoso a un niño de 5 años de Canet de Mar cuya familia había pedido a la Justicia que recibiera parte de su educación en castellano. Recuerdan que el Ejecutivo presidido por el republicano Pere Aragonés no ha mencionado ‘para nada’ hechos como que algunos separatistas propusieran en redes sociales, incluso, ir a apedrear la casa de este menor», añade la misma.
Paralelamente, 200 abogados y asociaciones alineados con el separatismo y con Alonso-Cuevillas, elaboraron un manifiesto y lo firmaron «opiniéndose al comunicado ‘ultra’ contra la inmersión» lingüística.
Es decir, contra la desaparición del castellano de la enseñanza en las escuelas de Cataluña. S
La postura del separatismo es que el castellano debe dejar de enseñarse en esas escuelas.
Hoy los abogados que han promovido la campaña de apoyo a la Sección de Derecho Constitucional del Colegio de Abogacía de Barcelona (ICAB) se concentrarán a partir de las 12 ante las puertas del ICAB para exigir a la Generalitat el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que pone fin a la inmersión lingüística en educación.
Un acto en el que se realizará una declaración de apoyo a la citada Sección «y a los valores fundamentales de nuestro Estado de Derecho».
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