El PP va a proponer un proyecto de ley en el Congreso para poner fin al pago por parte de las personas físicas del impuesto de plusvalía y que este se cobre únicamente a las empresas que facturan por encima del millón de euros, con el objetivo de que las pequeñas y medianas queden también exentas del mismo.
Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, quien ha enmarcado esta iniciativa en el programa de bajada de impuestos que defiende su partido y ha destacado que la norma prevé garantías para que su aplicación no afecte a la economía de las entidades locales.
«Se trata de que las entidades locales no vean reducida su capacidad económica, pero de que los españoles no veamos cómo las transmisiones patrimoniales están sujetas a tanto impuesto», ha resumido la dirigente ‘popular’ en entrevista a Europa Press.
«La voluntad de esta rebaja fiscal, que deberá extenderse a otras figuras de nuestro marco tributario, es la de avanzar hacia un entramado impositivo menos intenso, que beneficie al conjunto de los ciudadanos y, muy particularmente, a aquellos con rentas más bajas», defiende el PP en la exposición de motivos de su texto.
Además de registrar esta propuesta a través de una proposición de ley, el PP la va a defender como enmienda de totalidad al decreto ley aprobado por el Gobierno para cambiar la regulación del impuesto tras la sentencia del Tribunal Constitucional que lo anuló por considerarlo «excesivo y exagerado».
El Congreso convalidó ese decreto, pero forzó su tramitación como proyecto de ley. El PP ha decidido presentar su alternativa esta doble vía.
SEIS MESES PARA EL NUEVO MECANISMO
En concreto, el primer partido de la oposición apuesta por eximir a todas las personas físicas del pago de la tributación del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), pero también a todas las personas jurídicas que facturen menos de un millón de euros.
Además, pretenden que en el plazo de seis meses el Ministerio de Hacienda y Función Pública apruebe un mecanismo progresivo de compensación a los ayuntamientos por las exenciones, previa participación y consulta con la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Este mecanismo deberá permitir que las entidades locales participen en mayor medida que la actual en aquellos tributos estatales que ya gravan el aumento de valor o plusvalía de los bienes inmuebles, como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el que actúa sobre la Renta de los no Residentes o el de Sociedades.
La legislación que defiende el PP también da seis meses a Hacienda para aprobar una partida presupuestaria para compensar de forma extraordinaria el posible desequilibrio financiero de los ayuntamientos en caso de permitirse las reclamaciones por abonos realizados por este tributo.
