La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por vulnerar el principio de libertad de movimiento de capitales al negar a los ciudadanos no residentes que tributan en España una posibilidad que sí ofrece a los contribuyentes residentes.
En concreto, la legislación española permite a los ciudadanos residentes optar por aplazar el impuesto sobre las plusvalías cuando el pago de la transferencia de activos se aplaza por más de un año o se abona en plazos durante un periodo superior a un ejercicio.
En este caso, el impuesto se abona de forma proporcional a medida que se recibe cada plazo del precio, lo que permite un «beneficio de tesorería» puesto que únicamente se tributa por la parte de la plusvalía que corresponde a los pagos realizados.
Sin embargo, en el caso de los no residentes, el impuesto se recauda de forma íntegra en el momento de la transmisión del activo.
Esto impide que los contribuyentes no residentes se puedan acoger a la opción de aplazar el pago del tributo incluso «aunque reciban el pago a plazos a lo largo del tiempo».
El Ejecutivo comunitario ya advirtió a España de este trato fiscal discriminatorio en 2021 y 2024, pero las autoridades nacionales han defendido en sus diálogos e intercambios posteriores que la legislación tributaria española se ajusta a las normas europeas.
La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades españolas han sido «insuficientes» y, en consecuencia, ha decidido llevar a España ante el TJUE.
