Para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la aprobación de la reforma laboral que ella ha impulsado es una prueba de fuego personal. Foto: Congreso.
Convalidación de la reforma laboral en el Congreso: prueba de fuego para la credibilidad de la negociación colectiva
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24/1/2022 06:48
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Actualizado: 24/1/2022 00:25
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A menos de dos semanas de la convalidación de la reforma laboral en el Congreso, las alertas han saltado ante la imposibilidad del Gobierno de tener los votos suficientes para respaldar ese acuerdo salido de la negociación colectiva.
Al mismo tiempo las demandas de sus socios de Gobierno, ERC y PNV, pondrían a la reforma laboral en un escenario de cambio impensable, con un texto menos consensuado y al que ya la patronal CEOE ha advertido que no va a respaldar.
Especialmente críticos se muestran las formaciones políticas ERC y Bildu, donde reconocen que no han tenido información del avance de estas negociaciones. Solo el PNV ha estado puntualmente informado de los pasos que se iban dando.
La votación en el pleno está prevista para el 3 de febrero, en vísperas de las elecciones autonómicas del 13-F en Castilla y León.
Bastaría una mayoría simple para que se convalidase, pero no será sencillo.
Confilegal ha pedido la opinión a dos expertos en derecho del trabajo que han estado cerca de las negociaciones para hacer una valoración del nuevo escenario que se abriría en el caso de que se introdujesen cambios de calado en la reforma laboral.
“Seria un duro golpe a la negociación colectiva y su credibilidad”, apuntan.
Una tramitación parlamentaria peligrosa
Javier Thibault, consultor del área laboral de Abdon Pedrajas Littler, doctor en Derecho y profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid, cree que respecto a la tramitación parlamentaria “en estos momentos, parece difícil hacer pronósticos. Lo deseable a todas luces es que, en caso de convalidarse, no se tramite como proyecto de ley”.
“Ahora bien, vistas las dificultades que, parece, tiene el Gobierno para ahormar una mayoría suficiente que convalide su reforma, no puede descartarse que la primera condición que impongan algunos partidos políticos para prestarle su apoyo sea su tramitación como proyecto de ley”, añade.
No sería, desde luego, una buena noticia. «Primero, porque mandaría un mensaje de transitoriedad en la regulación del mercado de trabajo que en nada ayuda a la estabilidad y la recuperación económica y del empleo”
También cree que “generaría la lógica desconfianza de los agentes sociales, en un momento en que el dialogo social se ha demostrado como un pilar fundamental para la recuperación”.
Para Román Gil, socio de Sagardoy Abogados y experto en negociación colectiva, “hay dos cuestiones que están interrelacionadas, una cosa son las reglas de la negociación colectiva que se deben respetar y otras las que marcan la tramitación parlamentaria”.
Desde su punto de vista, “si aceptas las reglas de la negociación colectiva es para respetarlas, sino sería una irresponsabilidad, tendrías que haber negociado sujetándolo a un trámite parlamentario y no se ha hecho as. Lo que no es de recibo es que la negociación colectiva que no sea autónoma y este sujeta a decisiones de terceros”.
Gil recuerda que “solo en algunas negociaciones colectivas se somete esos acuerdos a la decisión de un tercero. Hay acuerdos en el SIMA que luego las partes someten a una asamblea, para que nadie se engañe”.
Este abogado corrobora que en estos casi diez meses de negociación colectiva “nunca se ha planteado que la negociación estuviera supeditada a nuestro Parlamento. Es comprensible que la CEOE esté molesta con algún cambio que se produzca”.
Reivindicaciones que rompen el acuerdo
En cuanto a las reivindicaciones que quieren incorporar formaciones como ERC y PNV para ajustar el tono de la reforma laboral, Thibault señala que “en el caso de ERC las reclamaciones, son numerosas y variadas, por cuanto no se refieren sólo a la estructura de la negociación colectiva sino que plantean también revisar las causas del despido, volver a la autorización administrativa en los despidos colectivos, incrementar la cuantía de la indemnización y recuperar los salarios de tramitación”, aclara
“Todos ellos aspectos esenciales de la reforma laboral de 2012, pero que no han sido modificados por el Real Decreto-ley 32/2021”.
En cuanto al PNV, este experto comenta que “estaría tratando de imponer la prioridad absoluta del convenio colectivo autonómico frente al estatal. Su pretensión es blindar el marco vasco de negociación colectiva. Un objetivo que no es nuevo”.
“Porque, conviene recordarlo, ya en la reforma laboral de 1994 el PNV forzó al Gobierno -en minoría también- a reconocer la prioridad aplicativa del convenio colectivo autonómico, salvo que un convenio estatal estableciera lo contrario y excepto en determinadas materias”, rememora.
Thibault afirma que “lo que persigue ahora es, parece, suprimir esas salvaguardas, de suerte que el convenio colectivo estatal quede relegado en todo caso y circunstanciado frente al convenio autonómico”.
Sería una mala noticia en un país «que se caracteriza ya por la existencia de importantes diferencias regionales en el mercado de trabajo y donde una crítica recurrente es la hiperregulación del mismo, que ahora se vería agravada por la posible existencia de 17 reinos de taifas”.
Por su parte, Gil destaca que “el PNV lo que pretende es romper la unidad de negociación y de mercado. Eso crearía inseguridad jurídica y seria malo para inversión extranjera, No se pueden dividir los territorios de esta manera a nivel legal. Generará muchos problemas”.
Negociación con evidente tinte político
Al mismo tiempo considera que esta decisión tiene un tinte político y soberano por encima de cualquier concepto económico .“No es un principio de subsidiariedad como el de la UE, es de ruptura de mercado. Tampoco creo que fue catastrófico”.
Respecto a las demandas de ERC «que plantea de recuperar la autorización administrativa para los despidos, es una media regulatoria propia de los regímenes totalitarios. Es una herencia del franquismo. Ya dijo la UE hace años que este tipo de comportamientos podrían ir contra la libre competencia, frenar los ajustes que puedan hacer las empresas para su viabilidad. En países como Grecia o Portugal se eliminó en su día».
A juicio de este experto “igual pasa por volver a los salarios de tramitación o endurecer las causas del despido como ahora se pide son negativas y ahora no es por donde va Europa ni es la medida adecuada”.
“En Europa se ha apostado por la flexiseguridad, con un hueco para la negociación colectiva. No podemos confundir lo socialmente deseable con lo económicamente posible. Siempre hay que encontrar equilibrios adecuados, fuera de maximalismos que dañarían económicamente a todos”.
¿Qué escenario nos podremos encontrar?
En cuanto al escenario que nos podríamos encontrar si estas medidas se aprobasen en el texto de la reforma laboral, Javier Thibault explica que, “dejando a un lado los efectos sobre la recuperación y el mercado de trabajo, la credibilidad del Gobierno y de las reformas emprendidas quedaría claramente en entredicho”.
Supondría claramente «incumplir el componente 23, esto es, el Plan del Gobierno para la reforma laboral que validó Bruselas. De una parte, porque en el citado documento en ningún momento se plantea revisar los aspectos anudados a la extinción del contrato de trabajo y, de otra, porque difícilmente se puede entender que bajo el eufemismo de la ‘modernización de la negociación colectiva’ se oculta la creación de 17 mercados de trabajo en un país».
Lo que, por otra parte, «mandaría un mensaje muy negativo a los inversores y a las empresas que, ante todo, buscan certezas y seguridad jurídica a la hora de apostar por un país y emprender nuevos proyectos», comenta.
Este jurista recuerda que “el aspecto más preocupante, si se aprobasen esos cambios en sede parlamentaria, el acuerdo suscrito con los agentes sociales se convertiría en papel mojado y el diálogo social tendría un devenir incierto”.
“Porque, no hay que olvidar que este no es un acuerdo a dos bandas, que sindicatos y patronal trasladan al Gobierno para su valoración, sino que es fruto del diálogo social y el Gobierno, al rubricarlo, ya ha adquirido un compromiso”, recuerda.
De ahí que fuentes de la patronal hayan advertido que “si se cambia una coma del acuerdo, nos plantearemos no volver a sentarnos a negociar y no seguir en el diálogo social”.
Desde luego, «el acuerdo es tanto sobre lo que está en el papel como sobre lo que no figura en el mismo, porque precisamente se decidió no abordarlo o desecharlo para alcanzar el consenso».
En el caso que se aprobasen estas medidas, «las empresas serán menos competitivas, estarán más lastradas y generará un daño económico. Creo debemos ver lo que hacen países de nuestro entorno, a ver qué tipo de sistemas relaciones laborales mantienen”.
Dos modelos de despidos extremos
Lo que que se vaya a hacer «tiene que contar con la realidad económica actual para afinar en los planteamientos. Se trata de evitar el daño económico que este tipo de planteamientos pudiera ocasionar.
Este experto recuerda que hay dos modelos de despidos extremos: “el modelo norteamericano, basado en lo que se entiende como empleo a voluntad, donde todo el mundo se supone que es temporal y te pueden despedir en cualquier momento, y un modelo más protector donde el despido es más indemnizado y difícil de realizar”.
“Los dos sistemas tienen ventajas e inconvenientes. El primero genera mucha incertidumbre y hace difícil los tránsitos, pero genera flexibilidad en el mercado”, aclara.
En este contexto recuerda que la regulación nueva donde aparece la contratación fija discontinua “creo que es muy inteligente, flexible y adecuada. En el caso de que en ese momento no haya trabajo hay una extinción temporal, se suspende, cuando tenga trabajo vuelve a llamar. Es un buen ejemplo donde confluyen el modelo de protección y el de adecuación a la realidad económica”.
Por último, recuerda que “el derecho del trabajo no puede estar desconectado de la realidad económica. Es una cuestión de equilibrios y de ajustes continuos. Esta reforma laboral en los términos concebida es prudente y no incide en cuestiones maximalistas”.
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