Carlos San Juan, de 78 años, ha recogido ya más de 350.000 firmas en change.org para que las personas mayores reciban un trato "sin trabas tecnológicas y con más paciencia y humanidad". Foto: EP.
Evitar su exclusión social: Reclaman fondos europeos para alfabetizar en la digitalización a las personas mayores
Más de 11 millones de españoles mayores de 55 años no saben manejarse en Internet ni interactuar con su banco
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25/1/2022 06:48
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Actualizado: 25/1/2022 00:05
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La petición masiva, a través de la plataforma Change.org, del ciudadano Carlos San Juan, de 78 años, para solicitar que las personas mayores reciban en los bancos un trato «sin trabas tecnológicas y con más paciencia y humanidad» supera ya las 350.000 firmas.
Desde el sindicato UGT denuncian la exclusión digital e informática y la desprotección que sufren las personas mayores de 55 años, que incide en una exclusión sanitaria y bancaria, máxime ante la escasez de recursos sanitarios públicos y el cierre de sucursales bancarias.
A causa de tales limitaciones, 9,4 millones de españoles de más de 55 años no puede acceder a la banca online, y 11 millones no saben cómo pedir cita con un médico por internet o instalar una app en su móvil, que le permita descargarse el certificado Covid o interactuar con su banco.
Según datos aportados por este sindicato, en 2021, el 30% de las personas mayores de 55 años no ha utilizado nunca internet y hasta un 70% no sabe instalar una app en su móvil. Además, casi la mitad de los mayores de 55 años no acredita ninguna habilidad informática y menos del 18% tiene habilidades digitales básicas.
Las mujeres son las más vulnerables en esta materia: el aprovechamiento de estos servicios esenciales desciende hasta 8 puntos porcentuales con respecto a los hombres.
UGT exige poner en marcha, de forma inmediata, planes de alfabetización digital centrados en los colectivos donde se concentra la fractura tecnológica, implicar a todas las Administraciones Públicas, especialmente a las entidades locales y diputaciones, y prestar una atención prioritaria al género y al hábitat rural.
La financiación europea debe ayudar para cumplir con este objetivo, pero debe comenzar a fluir, rápida y eficazmente, para llegar a la ciudadanía que necesita esta ayuda imprescindible.
La alfabetización es clave
Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), señala que el Pleno que tendrá lugar este martes abordarán este asunto.
“Nosotros hemos puesto de manifiesto la situación de la España Vaciada y de este colectivo. Las asociaciones de consumidores que lo integran están de acuerdo en que hay una brecha digital relacionada con las personas mayores. El problema es la falta de alfabetización digital de todas estas personas que no será fácil. Estamos hablando de consumidores vulnerables”.
Ballugera recuerda que hará falta fondos y profesionales para hacer esa labor formativa. “Algunos viven solos y otros tienen demencias de cierto tipo. El abordaje debe ser desde el punto de vista gubernamental. La campaña de Correos es para que acerquen a este colectivo medios técnicos y la posibilidad de hacer pagos y domiciliaciones en este último trimestre”.
9,4 millones de españoles de más de 55 años no puede acceder a la banca online, y 11 millones no saben cómo pedir cita con un médico por internet o instalar una app en su móvil.
Para este jurista, “el artículo 85 del apartado tercero del Texto Refundido de la Ley de Defensa de Consumidores dice que se puede modificar las condiciones de las cuentas por motivos validos expresados en el contrato. Es si se va a cambiar el horario de caja, eso debería estar previsto en el contrato de cuenta corriente. Creemos que no aparece. Podría reclamar pero no creemos que lo haga realmente”.
Para Ballugera es positiva la acción de la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, hacia la banca para que se adapte a esta nueva situación y que las personas mayores tengan la atención que merecen. “En este caso se ha reunido con representantes de la patronal bancaria para buscar una solución”.
En el encuentro que señala ese experto se acordó que el Observatorio para la Inclusión Financiera realizará un diagnóstico de la situación, y en el plazo de un mes las patronales bancarias revisarán su Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca firmado el año pasado para plantear nuevas medidas, según los comunicados remitidos.
Recientemente Calviño admitió que “los intensos cambios” del sector están generando “problemas de inclusión financiera, especialmente para nuestros mayores” y que las medidas ya puestas en marcha “no son suficientes porque hay que desplegar medidas específicas de apoyo a nuestros mayores”.
Sobre la exclusión financiera de nuestros mayores
Para Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo (AEDS), “el acceso a una cuenta de pago básica no es un privilegio hoy en día. La domiciliación de recibos se ha generalizado y el manejo de efectivo se ha ido reduciendo progresivamente hasta unos márgenes notablemente estrechos”.
“Se ha impuesto como medios de pago la tarjeta de crédito, el móvil, bizum y otros sistemas electrónicos que han expulsado a una parte muy significativa de la población de lo que debe ser una banca abierta a todos y accesible”.
“Entre ellos, nuestros mayores, aquellos que levantaron precisamente la banca que hoy les excluye y que también padecieron el azote de las preferentes y toda una suerte de productos tóxicos, son los más perjudicados”, comenta.
“Las entidades financieras están dilapidando la confianza social que atesoraron durante años como el principal valor que las distinguía», según Eugenio Ribón.
A su juicio, “las entidades financieras están dilapidando la confianza social que atesoraron durante años como el principal valor que las distinguía. De aquel afable director que conocía a cada persona del barrio, comprendía sus dificultades y era hasta su confesor en ocasiones, se ha pasado a una App, un cajero automático y la cita previa de 10:00 a 10:30 de la mañana los jueves. La función social que también tiene la banca, se esfuma ante una mirada contemplativa de los poderes públicos”.
Ribón recuerda que la Recomendación 2011/442/UE de la Comisión, de 18 de julio de 2011, sobre el acceso a una cuenta de pago básica, pretendía evitar la exclusión financiera. Dicha Recomendación exhortaba a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar su aplicación a más tardar seis meses después de su publicación.
“Ante el incumplimiento generalizado, de Recomendación se pasó a otro instrumento normativo imperativo y fue aprobada la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014”, comenta.
También aclara que “en nuestro país, esta Directiva se transpone a través del Real Decreto Ley 19/2017, de 25 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones. En su artículo 3 se reconoce el derecho a una cuenta de pago básica. Sin embargo, no basta con el reconocimiento de un derecho en el Boletín Oficial del Estado, si no se exige su aplicación efectiva. Y en especial la atención de los más vulnerables.”.
Destaca que “recientemente se ha introducido en nuestra legislación el concepto de “consumidor vulnerable”, en el artículo 3.2 TRLGDCU. Vulnerable es mi padre, con 87 años que empezó a trabajar a los 14 años y que desde entonces ha tenido su cuenta en la entidad que hoy le exige que haga las operaciones a través de un cajero automático, de una App o que le hace esperar a la intemperie a que le toque su turno el jueves de 10:00 a 10:30 para ser atendido”. “Miserable es aquel que lo así lo diseña y lo establece”, aclara
A su juicio, «indolente e irresponsable políticamente es quien como gobernante lo consiente. Gobierne quien gobierne, los derechos de nuestros mayores, se defienden”, afirma.
Por su parte, la Plataforma de Mayores y Pensionistas, el movimiento más representativo a nivel estatal para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas, insta al Gobierno a regular un marco legislativo que ayude a acabar con la exclusión financiera que sufren los más de 10 millones de personas mayores y pensionistas de España.
Esta entidad alerta de que la banca digital amenaza con excluir a las personas mayores, elevando el riesgo de exclusión de las personas más vulnerables, ya que, por ejemplo, les cuesta acordarse de las claves para aceptar una operación, encontrar la pestaña adecuada, incluir bien los datos o saber qué hacer cuando surge algún problema en la plataforma.
El montante anual del pago de pensiones de la Seguridad Social es de 170.000 millones de euros y, prácticamente, todo se ingresa en las cuentas bancarias que las personas mayores tienen en las entidades financieras. De ahí que la plataforma no entienda que sus derechos no sean reconocidos ni se les dispense el respeto que merecen.
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