El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Alejandro Abascal ha citado como investigado para el próximo 24 de febrero al exjefe de ETA Ignacio Miguel Gracia Arregui, más conocido como “Iñaki de Rentería”, por su presunta responsabilidad en el asesinato de Gregorio Ordoñez el 23 de enero de 1995, en San Sebastián, en cuya decisión al parecer tomó parte.
Así lo acuerda el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 en un auto dictado hoy, en el que prorroga el plazo de investigación judicial en este sumario por seis meses, computados desde el 29 de enero, de modo que el plazo finalizará el 29 de julio de 2022, sin perjuicio de las prórrogas por periodos iguales o inferiores que puedan acordarse para la práctica de las diligencias de instrucción.
Señala que pudo estar implicado en «la toma de decisión de asesinar a Gregorio Ordóñez», ya que en esa época «formaba parte de la dirección terrorista»
El magistrado explica para el buen fin de la instrucción resulta necesario que declare en calidad de investigado, con asistencia letrada, Ignacio Miguel Garcia Arregui, a través de videoconferencia con los Juzgados de San Sebastián, el 24 de febrero, a las 10.30 horas, “por su presunta responsabilidad en la toma de decisión de asesinar a don Gregorio Ordóñez en los términos que ya se conoce por auto de 10 de noviembre de 2015, integrante del comité ejecutivo de ETA entre mediados de 1992, tras Bidart, y su detención el 15 de septiembre de 2000, como responsable de los aparatos militar y logístico”.
Por tanto, “temporalmente formaba parte de la dirección terrorista en las fechas en que asesinaron al señor Ordóñez”, añade.
El juez estima idónea y pertinente la diligencia, pues el inculpado ha permanecido voluntariamente en territorio nacional durante más de 45 días desde su expulsión de territorio francés, por lo que resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley de Extradición pasiva sobre la innecesariedad de acudir a la ampliación de la entrega para actuar contra Arregui.
27 AÑOS DEL ASESINATO DE GREGORIO ORDÓÑEZ
El pasado domingo se cumplieron 27 años del crimen.
Uno de los tres etarras condenados como cooperadores necesarios en el asesinato de Gregorio Ordóñez se acercó por detrás mientras almorzaba en un bar de la capital donostiarra (La Cepa) con varios compañeros del partido, María San Gil, Enrique Villar e Iciar Urtasun. El asesino le atravesó la cabeza de un disparo.
Los etarras Francisco Javier García Gaztelu, Juan Ramón Carasatorre Aldaz y Valentín Lasarte Oliden, del llamado comando Donosti, fueron condenados por su asesinato. En marzo de 2015 quedó libre Lasarte, tras cumplir 18 años.
Gregorio Ordóñez estaba casado con Ana Iríbar y tenía un hijo de 14 meses, Javier.
Unos meses después del asesinato de Gregorio Ordóñez, su hermana, Consuelo Ordóñez, comenzó a ir a las concentraciones que pedían la liberación del secuestrado de turno. “Desde entonces, salir a la calle, codearme con la primera línea del activismo, se convirtió en mi vía de escape, en mi mejor estrategia para sobrellevar el duelo. Tenía que recoger el testigo de mi hermano en su lucha por los derechos más básicos. Se lo debía”, explica a Confilegal la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).
«Tengo hipotecada mi vida solo a esto, y voy a seguir dejándomela por los intereses de las víctimas. La defensa de la libertad es, más que una causa, una forma de vida. Hace 27 años recogí el testigo de mi hermano, y continuaré en la lucha trabajando con todas mis fuerzas porque hay tareas pendientes y merecen el compromiso de todos”, manifiesta.
CONSUELO ORDÓÑEZ ACUSA A LA IZQUIERDA ABERTZALE DE HABER SIDO CÓMPLICE
El pasado sábado, en el responso del 27º aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez, celebrado en el cementerio donostiarra de Polloe, la presidenta de Covite aseguró “estar convencida de que la orden de asesinar a Gregorio salió del despacho de Herri Batasuna en el Ayuntamiento donostiarra”.
En su discurso recordó que el asesinato de su hermano “fue la crónica de una muerte anunciada”. “Los cómplices políticos y sociales de ETA se pasaron meses, o incluso años, señalándolo como objetivo prioritario de la banda terrorista por medio de una brutal campaña de persecución y amenazas”, señaló.
Ordóñez también destacó que su hermano “se metió en política en el lugar y el momento más difíciles para hacerlo” y que enseguida se convirtió “en uno de los más valientes enemigos de ETA, en uno de los pocos representantes públicos que se atrevía a decirles a la cara a los de Herri Batasuna que ellos eran tan responsables de los crímenes de ETA como los propios terroristas que los perpetraban”.
En este sentido, Consuelo Ordóñez mostró su convicción de que “la orden de asesinar a Gregorio salió del despacho de al lado del suyo en el Ayuntamiento, del despacho de HB”. “¿O acaso creéis que la orden de matar a mi hermano salió del jefe etarra de turno que estuviera escondido
en un zulo en Francia?”, planteó, para a continuación insistir en que “sin duda, toda la cúpula de ETA de aquel momento tiene responsabilidades criminales en su asesinato«. «Pero estoy segura de que quien ordenó matar a mi hermano fueron los dirigentes políticos de la izquierda abertzale”, agregó.
La presidenta de Covite denuncia que «el 40% de las víctimas de ETA no han tenido Justicia y no se ha condenado a nadie por los asesinatos de sus familiares»
Ordóñez ha denunciado que esos mismos dirigentes políticos de la izquierda abertzale, “que siempre han hecho política gracias a ETA y a costa de los crímenes de ETA, pero, eso sí, sin mancharse las manos de sangre, siguen hoy haciendo política en primera línea y beneficiándose de un marco de impunidad que nadie se atreve a cuestionar”.
La presidenta de Covite ha puesto como ejemplo a David Pla, quien fuera último jefe de ETA, coincidiendo con la ratificación de su nombramiento como dirigente de Sortu. “ETA también tiene sus puertas giratorias”, ironizó. “¿Acaso David Pla no tendría nada que decir sobre dónde están los asesinos de Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, las últimas víctimas de ETA asesinadas en España, en el año 2009? ¿Acaso no debería ser investigado él mismo por su implicación, como mínimo intelectual, en estos asesinatos, siendo como era de la cúpula de ETA cuando se perpetraron?”, lanzó Consuelo Ordóñez durante su discurso.
La presidenta de Covite lamenta que “en este país, por lo general, la justicia no persigue a los jefes de ETA que daban las órdenes de asesinar y que tienen tanta responsabilidad criminal como los propios asesinos”. Asimismo, denuncia que las víctimas de ETA están pagando “las consecuencias de un final de ETA negociado”.
Y denuncia que «el 40% de las víctimas de ETA no han tenido Justicia y no se ha condenado a nadie por los asesinatos de sus familiares».
Consuelo Ordóñez clausuró el acto afirmando que “este país ha incumplido su obligación de impartir una justicia efectiva, a la que está obligada por haber suscrito el Convenio Europeo de Derechos Humanos, con más de la mitad de las víctimas». «La lentitud también es un déficit en esa Justicia efectiva debida a las víctimas”, sentenció.
