El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha acordado ampliar seis meses más la investigación sobre presuntas irregularidades en el contrato que Podemos firmó con la consultora Neurona para la campaña a las elecciones generales de abril de 2019.
Entre las razones que da el magistrado en un auto fechado este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, figura una comisión rogatoria a México.
La Audiencia Provincial de Madrid ordenó practicar esta diligencia después de que dos de las acusaciones presentaran recursos ante la negativa del juez a interrogar en calidad de testigos a dos trabajadores de Neurona que residen en ese país.
Aunque la decisión de la Audiencia Provincial se dio a conocer el pasado noviembre, Escalonilla ha asegurado en su escrito que no fue hasta el 13 de enero que recibió el auto de la Sección 30 en el que se ordena tomar declaración a los dos testigos.
Según los datos aportados a la causa, se trata de Germán Cobos Pío, el presunto nexo entre Podemos y Neurona, según el administrador de Neurona en España; y a Waldemar Aguado Butanda, quien en marzo de 2019 recibió la primera copia del contrato que se investiga y estuvo a cargo de realizar 48 diseños gráficos para la campaña.
Así, en el marco de la resolución en la que acuerda la prórroga de seis meses, el juez ha acordado ordenar y remitir la comisión rogatoria a México para celebrar el interrogatorio a ambos trabajadores de Neurona.
En el auto, además, el titular del Juzgado ha recordado que también falta por practicar el informe pericial que encargó para determinar si el coste de los servicios prestados por Neurona se corresponde al pago de 363.000 euros que hizo la formación ahora liderada por Ione Belarra.
Ha precisado, sin embargo, que esta diligencia se acordó dentro del plazo actual de instrucción y que aún si el informe llega fuera de plazo sería plenamente válido de conformidad con la ley.
La decisión tiene lugar un día antes de que caduque el plazo de seis meses que firmó el pasado julio. El magistrado se ha pronunciado tras haber pedido a todas las partes del procedimiento que se pronunciaran sobre si consideraban o no oportuno extender otros seis meses la investigación.
Según consta en el auto, todas las acusaciones pidieron la prórroga y todas las defensas se opusieron. La Fiscalía también se opuso.
El Ministerio Público consideró que, una vez que ha quedado acreditada la prestación del servicio por parte de Neurona a Podemos, la única diligencia «necesaria» a practicar –que ya ha sido acordada– era la relativa a la tasación de los servicios realizados.
En un escrito previo, la fiscal mostró su oposición a la hipótesis principal del juez y concluyó que de las diligencias practicadas hasta el momento «no resulta indiciariamente acreditado la existencia de un contrato simulado» entre Podemos y Neurona.
El magistrado insistió en que hay «discordancias existentes» entre el contrato, las facturas y los servicios prestados lo justifican y recordó que, de las diligencias practicadas hasta ahora, unos trabajos se podían acreditar y otros no.
Tras más de año y medio de investigación, en el marco del caso Neurona se han abierto líneas de investigación sobre varios hechos delictivos: el supuesto abono de sobresueldos, las obras en la sede del partido, la donación a #404 y los contratos con Neurona, con la posible vinculación de Juan Carlos Monedero, y ABD.
Hasta ahora se ha acordado el sobreseimiento respecto de todas estas aristas, a excepción del contrato con Neurona y la posible vinculación de Monedero.
Queda pendiente que, tal y como ordenó la Audiencia Provincial de Madrid, el juez recupere el denominado ‘caso Niñera’ y el de la ‘Fundación 25M’. Ambas líneas de investigación fueron derivadas por el magistrado al turno de reparto en los Juzgados de Plaza de Castilla; la primera se envió al Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid; y la segunda se remitió al Juzgado Número 1.
En el caso relativo a las donaciones realizadas por Podemos a la Fundación 25M, la Audiencia Provincial de Madrid ya confirmó el archivo dictado –«por falta de indicios»– por el Juzgado de Instrucción Número 1.
