El exdecano malagueño, Francisco Javier Lara, ha recibido un tsunami de solidaridad desde la gran parte de los colegios españoles, asociaciones nacionales y organizaciones internacionales. En la foto, en el Congreso del CGAE de Valladolid, en 2019. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de A Coruña apoya al exdecano de Málaga, Francisco Javier Lara
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01/2/2022 06:48
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Actualizado: 31/1/2022 22:36
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Esta declaración expresa de apoyo de la Junta de Gobierno del colegio coruñés al exdecano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, se ha producido después de que se pronunciase la Audiencia Provincial de Málaga en auto, dando luz verde al Ministerio Fiscal para ejercer la acusación contra su persona por un supuesto delito de desobediencia judicial.
Los hechos sucedieron el 6 de mayo de 2020, en plena pandemia y bajo el estado de alarma, cuando no todavía no existían vacunas, se desconocía cómo se propagaba el coronavirus, miles de personas colapasaban los hospitales y cientos morían diariamente.
«El Colegio de Abogados de A Coruña manifiesta que la decisión tomada por el entonces Decano del Colegio de Abogados de Málaga de suspender la asistencia presencial de los letrados del Turno de Oficio en mayo de 2020, ante la situación que vivían los abogados de esta ciudad andaluza, sin contar con las condiciones sanitarias pertinentes y necesarias, no impidió el acceso de la ciudadanía a la Justicia. El servicio se siguió prestando de manera telemática, por lo que, sólo se modificó en la forma. De hecho, las videoconferencias han sido y son una opción perfectamente válida para prestar este servicio y se continúa empleando en la actualidad», dice el comunicado de la Junta de Gobierno de esa organización colegial.
«Desde el Colegio de Abogados de A Coruña deseamos que este asunto finalice cuanto antes y de forma satisfactoria para el compañero Francisco Javier Lara«, añade el Colegio de Abogados de A Coruña.
Lara fue denunciado por negarse a enviar a cuatro abogados del turno de oficio a los calabozos de la Ciudad de la Justicia para asistir a los detenidos ante el peligro de que pudieran contraer el virus, poniendo así en riesgo su vida. Un requerimiento que había hecho la juez de instrucción de guardia. No les dieron la alternativa de hacer esa asistencia vía telefónica o por videoconferencia, como se estaba produciendo en el resto de España.
La Junta de Gobierno que presidía el entonces decano ha asumido también la autoría de dicha decisión.
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