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El contexto pandémico, clave para entender que no debió producirse el encausamiento contra el exdecano de Málaga
Francisco Javier Lara, a la derecha, en una foto tomada el pasado viernes junto a Juan Manuel Mayllo, presidente de la Asociación de Letradas y Letrados por un Turno de Oficio Digno, minutos antes de arrancar la manifestación en su apoyo. Foto: Confilegal.
05/12/2021 06:50
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Actualizado: 24/1/2022 17:43
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Mi amiga Yolanda Rodríguez tiene una frase recurrente que ayuda a comprender muchas cosas que suceden: «Tenemos memoria de pez». Y tiene toda la razón. Nuestras vidas transcurren a tanta velocidad que solemos olvidar los detalles esenciales.
Un buen ejemplo es el caso de Francisco Javier Lara, decano del Colegio de Abogados de Málaga el 5 de mayo de 2020, cuando sucedieron los hechos.
Lara ha sido encausado por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 6 de Málaga, Juan Carlos Velasco Báez, por un supuesto delito de desobediencia judicial a otra magistrada: Estela Gómez Giner, del Juzgado de Instrucción 10.
Gómez se hallaba de guardia ese día.
Desde el despacho de Su Señoría se hizo una llamada al Servicio del Turno de Oficio del Colegio de abogados malagueño en esa mañana para que enviaran a los calabozos de la Ciudad de la Justicia a cuatro abogados con el fin de asistir en persona a cuatro detenidos, como es preceptivo.
En persona.
Este es un dato esencial para comprender el caso.
Lara se negó a enviar a ningún letrado para hacer ese servicio en esas condiciones. Una decisión que fue refrendada por los 14 miembros que conformaban su Junta de Gobierno.
Porque significaba poner en riesgo la vida de los cuatro abogados.
Así lo entendieron todos.
UN CONTEXTO QUE PARECE OLVIDADO
Recordemos que España entera estaba confinada desde hacía 51 días. El Gobierno había impuesto el estado de alarma para hacer frente a la pandemia de COVID-19 el 14 de marzo de 2020.
A través de los medios de comunicación las noticias no podían ser más preocupantes y desalentadoras.
En esas fechas en España ya había 235.400 casos diagnosticados; 122.439 personas habían precisado hospitalización. Las Unidades de Cuidados Intensivos de los Hospitales estaban al límite.
Las muertes ya se elevaban a 26.834 personas (la cifra final oficial a día de hoy es de 88.159).
No se daba abasto para enterrarlas o para incinerarlas. Muchos ataudes fueron apilados en pistas de hielo, pabellones de deportes y lugares por el estilo.
Éramos el tercer país europeo –entendido como continente no como Unión Europea–con más enfermos por COVID-19.
En Andalucía los contagiados se elevaban a 12.450 personas; 6.131 estaban hospitalizadas.
Los fallecidos entonces ya sumaban las 1.334 personas (en Andalucía 11.350, a día de hoy).
Y subiendo.
Nadie sabía cómo se estaba transmitiendo el COVID-19. La sensación generalizada era de ignorancia y, sobre todo, de pánico.
El confinamiento extendió la desconfianza hacia el prójimo. Nos pareció el fin del mundo.
El Gobierno no impuso el uso obligatorio de la mascarilla hasta 15 días después, el 20 de mayo. Las benditas vacunas todavía no habían sido desarrolladas.
La impresión generalizada de los españoles es que íbamos a caer como chinches a poco que nos expusiéramos mínimamente a relacionarnos con otras personas.
Y los calabozos eran focos de infección clara, donde no existía protección de ningún tipo.
¿Cómo desde el Juzgado de Guardia la magistrada insistió en que los abogados del turno de oficio fueran a esos calabozos, a asistir en persona a los detenidos, si la práctica habitual en aquel momento, en toda España, era hacerlo por videoconferencia, o por teléfono?
En ese contexto de terror generalizado, el Colegio de Abogados de Málaga respondió al Juzgado de la única forma: Informando que los abogados del turno de oficio solo harían esas asistencias por videoconferencia por razones obvias.
De salud.
Desde el Juzgado, la magistrada Gómez Giner contestó pidiendo conocer los nombres de los abogados del turno que debían hacer aquel trabajo y que, en el caso de que no aparecieran, se deduciría testimonio por un supuesto delito de desobediencia.
Lo hizo a través de e-mail a las 11.30 de ese 5 de mayo de 2020.
Lara se negó a facilitar dichos nombres.
Pero no lo hizo para desobedecer a la magistrada, a la Justicia, sino para preservar la salud de los abogados de su colegio. Para salvaguardar sus vidas.
Por un bien mayor.
Así de simple.
NO HUBO INTENCIONALIDAD DE DESOBEDECER
No hubo intencionalidad de desobedecer, lo repito, porque lo creo. Dolo, en el «suajili» jurídico.
¿Por qué razón un decano de un Colegio de Abogados, y su Junta, podrían querer desobedecer una orden de un magistrado?
¿En qué cabeza le puede caber a alguien que una persona, un colectivo como este, pueda tomar una decisión de esas características si no es por una cuestión de fuerza mayor?
La de la salud y la vida de los colegiados.
Dentro de poco, precisamente, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, la corporacion profesional más grande de Europa, con 75.000 colegiados, puede verse en esa misma situación. Acusado de desobediencia judicial.
Alonso ha dicho por activa y por pasiva que no van a designar a ningún abogado del turno de oficio para defender a personas jurídicas, a empresas, en macrojuicios. No está contemplado en la ley y «su gente», la misma gente que la de Lara, no va a trabajar por amor al arte.
Por lo que los políticos tienen que encontrar una solución.
Está dispuesto a llegar hasta el final. Entiéndase como se quiera entender. Yo entiendo que hasta verse imputado, como Lara, si llega el caso. Porque toca y porque es su deber. Para defender a los colegiados. Es su obligación.
Después de solucionar el problema de la presencialidad de los abogados en los calabozos, el servicio se hizo como en el resto de España. Por videoconferencia o por teléfono.
Sin embargo, a pesar de todo, el magistrado instructor de Málaga, Velasco Báez, ha «corroborado» la existencia de indicios delictivos.
Considera que Francisco Javier Lara es responsable de un delito de desobediencia judicial.
Le ha pasado la pelota al Ministerio Fiscal para que articule una acusación en toda regla.
No es de extrañar que dicha decisión haya levantado un tsunami de solidaridad generalizada desde la Abogacía de toda España.
Lo que ha provocado manifestaciones ante el Consejo General del Poder Judicial, en Madrid, concentraciones en diferentes ciudades, y llamadas a Lara de personas tan relevantes para la abogacía como Antonio Garrigues, mostrando su apoyo.
Un tsunami que ha llegado hasta el otro lado del Atlántico. A Barranquilla, Colombia, convertida en la capital mundial de la Abogacía durante dos días por la celebración del World Law Congress que preside el español Javier Cremades.
Desde allí se envió un mensaje de solidaridad a Lara.
Los abogados no entienden que se proceda judicialmente contra el decano de un Colegio de Abogados por, precisamente, querer proteger a su gente.
Y que el magistrado instructor haya olvidado -o minimizado- el peligroso contexto en que sucedieron los hechos.
Me pongo en la piel de Velasco Báez y entiendo que, si introduzco el factor del contexto de la pandemia en el auto de conversión de procedimiento abreviado a diligencias previas, me quedo sin base para investigar.
Para llegar a la conclusión a la que ha llegado.
Se ha equivocado. Es mi opinión. Lo digo con toda claridad y convencimiento. En pleno ejercicio de mi derecho a opinar, que protege el artículo 20 de la Constitución.
Y el fiscal del caso también se va a equivocar si procede con acusar a Lara.
Porque va a tener a toda la abogacía española de a pie de frente en un juicio que, de celebrarse, provocará una profunda fractura en las relaciones con jueces y fiscales.
Se verá como una agresión contra todo el colectivo.
Un proceso judicial que puede convertirse, a su vez, en un juicio de opinión, desde la abogacía, contra la propia justicia y el Ministerio Fiscal, con lo que eso conlleva.
Los abogados no entienden que, desde el otro lado, desde la judicatura, no les entre en la cabeza que el entonces decano del Colegio de Abogados de Málaga hizo precisamente lo que esperan que haga cualquiera de los 82 decanos de los restantes colegios, de encontrarse en esas mismas condiciones: proteger a los suyos.
Para eso fueron elegidos Lara y su Junta de Gobierno, entre otras cosas. Eso lo tuvieron siempre muy claro los 15.
A ver si, finalmente, lo entienden los de enfrente.
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