El éxodo de empresas de Cataluña a Madrid de los últimos años puso en la pista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para mejorar los trámites de cara a que las empresas se ubiquen en la región.
Ahora el proyecto de Ley de Mercado Abierto, aprobado en Consejo de Gobierno y que inicia sus trámites en la Asamblea de Madrid, tiene como objetivo convertir a Madrid en la primera región de España donde las empresas y operadores económicos de todo el territorio nacional se instalen sin tener que solicitar permisos o licencias adicionales que ya tengan en sus lugares de origen.
Por ello, la futura Ley de Mercado Abierto también recoge el compromiso del Gobierno madrileño de suprimir regulación propia en aquellos casos en los que los requisitos de acceso a la actividad sean mayores que los de otras comunidades.
Según las previsiones del Gobierno de Ayuso, la aplicación de la nueva Ley de Mercado Abierto supondrá un aumento del PIB madrileño de un 1,6% a medio y largo plazo, lo cual se traducirá en una creación de riqueza próxima a 4.000 millones de euros anuales y unos 50.000 nuevos empleos.
La idea de llevar esta iniciativa a nivel nacional sería complicada por las particularidades de las Comunidades Autónomas.
Y es que, una iniciativa similar, la de la Ley de Unidad de Mercado de 2013 acabó en el Tribunal Constitucional con bastantes cambios. Poco se ha sabido de ella luego.
Buscar el mercado único
José Carlos González, socio de derecho societario de Ceca Magán Abogados, recuerda que “este proyecto de ley plantea una relevante simplificación no viene sino a darle vigencia automática a todas las licencias y autorizaciones administrativas otorgadas por otras CCAA para poder ejercer ciertas actividades empresariales en sus respectivos territorios también dentro de la Comunidad de Madrid”.
Lo que propone Ayuso, explica, es que «da por bueno el control administrativo ya realizado por otras administraciones públicas para facilitar la movilidad de esas empresas y la expansión de sus actividades a nuestra comunidad”.
Este experto recuerda que “la exigencia de 17 trámites diferentes (esencialmente, idénticos) para poder ejercer ciertas actividades dentro del territorio nacional no deja de ser un obstáculo al mercado único y a la libre competencia dentro de España que esta norma viene a eliminar, lógicamente, solo en su ámbito de aplicación (la Comunidad de Madrid)».
En realidad, es lo mismo que en determinados sectores se ha venido buscando e implementado dentro de Unión Europea, el denominado “pasaporte” comunitario, es decir, que otorgada una licencia de actividad (pensemos en el ámbito bancario, de seguros o de mercado de valores) en un Estado miembro, la empresa autorizada pueda desempeñar esa actividad en el resto de la UE sin tener que repetir los trámites administrativos en el resto de países miembros (lógicamente, porque se han armonizado previamente los requisitos que se exigen para ejercer dicha actividad).
“Pues bien, lo que hace la Comunidad de Madrid, es considerar como pasaporte o licencia válida en Madrid la otorgada en cualquier otra parte del territorio nacional”, comenta.
Para González, “sin duda es una medida muy saludable, que incrementa la competencia, elimina barreras de entrada y favorece la actividad empresarial, al agilizar y abaratar la posibilidad de que empresas ya válidamente establecidas en otras regiones, bien amplíen sus actividades a Madrid o, incluso, las trasladen íntegramente sin necesidad de pesados y largos trámites administrativos”.
En su opinión, “debería cundir el ejemplo, si bien la mejor solución sería que, a nivel nacional se uniformaran los trámites administrativos básicos exigibles, dejando en su caso a las CCAA donde se instale cada empresa su tramitación y concesión pero con validez no sólo autonómica sino nacional”.
«El problema, sin embargo, probablemente vendría porque alguien considerase que ello invade sus competencias autonómicas y fuera recurrido al TC (probablemente con éxito), a menos que dicha reforma obedeciera a un previo acuerdo político entre las propias CCAA para facilitar esa mayor transparencia y competencia del mercado, sin ineficientes barreras administrativas autonómicas”.
Reducir la burocracia es bueno
Marco Bolognini, socio responsable del área mercantil de Maio Legal, destaca que “en su ejercicio constante de coherencia política, guste o no guste (naturalmente son comprensibles todas las posturas al respecto), el Ejecutivo autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso da un paso más de una gran envergadura política y con cierto alcance práctico, si finalmente la norma verá la luz”.
“La incipiente Ley de Mercado Abierto para la libre circulación de empresas y servicios en la región, actualmente en tramitación legislativa, aspira a hacer de la Comunidad de Madrid (CAM) la primera región de España donde las empresas y operadores económicos, de todo el territorio nacional, puedan instalarse sin tener que solicitar permisos o licencias adicionales que ya tengan en sus lugares de origen”, comenta.
Para este experto, “son excelentes noticias, tanto para los operadores económicos de determinados sectores que sufren constantemente la asfixiante maraña del ‘permitting’ autonómico, como para los asesores jurídicos, que en demasiadas ocasiones hemos tenido que ofrecer unos servicios de escaso valor añadido para sortear trámites repetitivos, tediosos y básicamente innecesarios a la hora de duplicar información y pasos burocráticos en cada comunidad autónoma”.
Este jurista recuerda que “todos conocemos algún caso de pymes que han rehusado (o retrasado) implantar un plan de crecimiento nacional por las trabas administrativas que conlleva la apertura en cada comunidad autónoma, con los costes y los tiempos que cada proceso autonómico comporta”.
La efectividad de la norma dependerá de su texto definitivo. Un uso ambiguo de frases o palabras puede desvirtuar la mejor de las intenciones
“En realidad, el Gobierno de la CAM – al margen de la coherencia política – aprovecha con astucia el momento legislativo nacional, encaminado a una simplificación de los trámites para constituir una sociedad mercantil, y añade ese quid local que hace falta – repito, según los sectores – para que la tendencia a nivel macro, aterrice también a nivel autonómico, con facilidades administrativas (que se presumen reales, prácticas) otrora impensables”, indica.
Desde su punto de vista, “entre los sectores que más se beneficiarán de ello, supongo se encontrará el alimentario, tanto a nivel de almacenaje como de producción o transformación”.
También cree que “se alegrará el mundo del turismo y las cadenas de restauración, lo celebrarán las empresas cuyas actividades industriales sean de reparación mecánica, de estocaje de sustancias químicas, de instalaciones eléctricas. El mundo del juego también brindará, así como el sector maderero y el ganadero”.
Sobre una iniciativa de este calado a nivel nacional, no lo ve fácil en estos momentos. “Deberían estar de acuerdo todas las comunidades autónomas, seguramente algunas trataran de cabalgar en la misma ola a rebufo de Madrid».
“Habrá otras que no querrán perder su independencia y particularidad. Ahí el gobierno central debería hacer un trabajo de convicción muy cuidadoso. Que no es fácil realmente. La problemática estaría en País Vasco y Cataluña que igual perderían algo de autonomía con una medida de este tipo”, indica.
“Como es natural, la efectividad de la norma dependerá de su texto definitivo. Un uso ambiguo de frases o palabras puede desvirtuar la mejor de las intenciones, así que confiamos en un acercamiento pragmático y empresarial a la hora de abordar su redacción definitiva”, comenta.
Hay que ser más eficiente
Para Juan Sánchez, socio de Life Abogados, ve necesarias medidas como esta de Ayuso. “Todo lo que sea reducir burocracia hay que aplaudirlo a quien sea. Sigue habiendo muchos trámites para cuestiones muy sencillas. Para abrir un local en Barcelona por ejemplo, incluso es necesario que acudan los técnicos de medioambiente y muchos permisos. Una licencia de apertura cuesta meses”.
“El problema de dicha burocracia es que a veces las cosas se complican mucho más de lo que debieran en cuento al interés que se protege. De todas formas, si la Administración fuera más eficaz la burocracia no sería el problema es que se identifica la burocracia con lentitud e ineficiencia, en estos momentos”.
Con la pandemia miles de empresas han llegado a Madrid desde Cataluña sin que estuviera está norma
A su juicio, “si tengo ya un local, he llegado a un acuerdo con un propietario para alquilarlo y quiero abrirlo, no debería tardar meses en tener esa licencia de apertura de un local. Otra cuestión son las licencias urbanísticas que realmente también son un lastre”.
Sobre la iniciativa legislativa que Ayuso plantea en la Asamblea de Madrid para agilizar la llegada de empresas de otras comunidades autónomas, Sánchez cree que hay que diferenciar dos ámbitos: “una cosa es que un despacho de abogados pueda abrir en otra ciudad y no necesito licencia, lo único que necesito es un local para desarrollar mi actividad, hay que darse en el IAE o en el 036 de Hacienda y no haría falta licencia”.
En el caso distinto de llevar una fábrica industrial a la capital de España “esa empresa va a tener que contratar una nave, poner en marcha unas instalaciones y todo eso requiere licencias. En principio no sería tan complicado poner en marcha estos proyectos. Lo hemos visto, con la pandemia miles de empresas han llegado a Madrid desde Cataluña sin que estuviera está norma”.
Para este jurista, “es posible que ese éxodo de empresas hacia la capital de España ha puesto de manifiesto esa necesidad de darle un instrumento legislativo de apoyo porque seguramente han tenido hacer determinado papeleo que a veces no es del todo necesario. Si no es una actuación fabril, los tramites deben ser sencillos y esta idea del Gobierno de Ayuso puede ayudar a dinamizar la llegada de empresas”.
En cuanto a los sectores que pueden verse beneficiados por la norma que plantea Ayuso cree que “pueden ser todos los relacionados con servicios o con comercio. Esto no va a influir demasiado en la parte industrial, por lo que comentábamos con anterioridad».
Para este jurista, la idea del Ejecutivo de Ayuso “debería ser escalable y poder aplicarse a nivel nacional. De hecho, era el espíritu de la Ley de Unidad de Mercado, cuestionada por la sentencia del Tribunal Constitucional. En esa sentencia, el TC aprovechó para cambiar sustancialmente su doctrina sobre la unidad de mercado».
