El último Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) eligió a diez consejeros electos entre las 28 candidaturas recibidas. Y ha situado a Jordi Albareda, decano del Colegio de Abogados de Lleida, como nuevo secretario general.
El nuevo número dos de la abogacía institucional será una pieza clave en la cohesión interna del CGAE y de sus distintas comisiones de trabajo, en relación con la actual presidenta, Victoria Ortega. Así como uno de los interlocutores con el Gobierno y otros operadores jurídicos.
En este contexto, Jordi Albareda resalta “como incompresible que la Ley Orgánica del Derecho de Defensa para la que se creó una Comisión de Trabajo se encuentre parada. El proyecto ya esta concluido y no sabemos porque no se tramita en el Parlamento”.
“Ha habido un trabajo muy intenso con todas las instituciones implicadas. No hay conflictividad que justifique este parón que ahora sufrimos”.
Desde su punto de vista está normativa “protege el secreto profesional del abogado de presiones externas y salvaguarda los derechos del justiciable. Es una ley marco que pretende solidificar los principios de la defensa de la ciudadanía. Se trata de la defensa del Estado de Derecho; de proteger el acceso de los ciudadanos a la justicia y desde aquí lograr una justicia de calidad”.
Le recordamos a Albareda que ya hubo un parón importante en la aprobación del nuevo Estatuto General de la Abogacía y si eso significa que las normativas relacionadas con la abogacía preocupan al poder “no quisiera pensar en eso que usted señala, pero la verdad es que no hay nada que impida su tramitación parlamentaria”.
OBJETIVOS
Los objetivos que se plantea este jurista son los de seguir las tesis de las Juntas de Gobierno celebradas en Bilbao en septiembre del 2021, donde, además, se celebró un Pleno del CGAE.
La Declaración del Bilbao, que es como se ha compendidado habla de impulsar la formación continua y especializada de los abogados como garantía de un mejor servicio.
También otra cuestión que se resaltó en esas jornadas fue una mayor protección del secreto profesional.
“Estamos hablando del alma de nuestra profesión. Nos preocupa que se pueda situar a la abogacía en una situación de su vulneración en aras de lograr determinadas informaciones que el abogado tiene derecho a reservar. Esta confrontación de intereses jurídicos nos preocupa”, afirma.
Albareda, ya recibió el encargo de presidir el Comité Organizador, junto con el Colegio de Abogados de Valladolid, del último Congreso de la Abogacía que se celeb´ro en dicha ciudad castellana en el 2019 y que sorprendió por su formato disruptivo desde el plano de la organización del evento.
“La futura Ley Orgánica del Derecho de Defensa protege el secreto profesional del abogado de presiones externas y salvaguarda los derechos del justiciable», según Albareda
Ahora se espera que, en los próximos meses, otro Pleno de el pistoletazo de salida para la convocatoria del nuevo Congreso siguiendo las directrices del nuevo Estatuto General de la Abogacía.
Tendrá lugar en 2023 y, según fuentes consultadas por Confilegal, podría ser Barcelona donde tenga su sede.
En principio ese nuevo Congreso podría seguir el formato del celebrado en Valladolid, aunque, al parecer, en los primeros trabajos que ya se están haciendo internamente en el CGAE queda por definir la temática del mismo.
Albareda ni confirma ni desmiente esa información. Cree que el CGAE está haciendo un esfuerzo importante para acercarse al colegiado.
“Estamos mejorando en transparencia y todas las sugerencias las estudiamos”, contesta cuando se le pregunta cuando los Plenos del CGAE serán abiertos y tengan la misma difusión que los Consejos de Ministros.
QUIÉN ES EL NUEVO SECRETARIO GENERAL DEL CGAE
Jordi Albareda (Lleida, 1965) se licenció en Derecho en la Universidad de Lleida en 1989. Casado y padre de tres hijos, continúa como socio de un despacho de abogados de su ciudad natal en el que empezó como pasante. Trabaja con diversas materias, pero con el tiempo se ha especializado en el área de Responsabilidad Civil.
Desde hace ocho años es decano del Colegio de Abogados de Lleida, lo que le abrió las puertas para ser consejero del CGAE y vicesecretario general de esta entidad, hasta el Pleno de hace unos días
Fue, precisamente, el cargo de secretario general de gran relieve en esta entidad lo que le abrió las puertas a Victoria Ortega para presentar su candidatura a la presidencia del CGAE y ganar las elecciones en el 2016, ya en su segundo mandato.
Albareda rechaza tener interés alguno en presidir la entidad como ya lo hicieran en su día Antonio Goicochea (1943-19522), primer presidente, Antonio Pedrol (1973-92) y Eugeni Gay (1993-2001), todos juristas catalanes.
«Otro clamor de la abogacía institucional tiene que ver con la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. “Los tiempos han cambiado y hay situaciones procesales y preprocesales que no quedan cubiertas por la normativa actual»
El nuevo secretario general del CGAE analiza las ultimas elecciones a consejeros electivos, donde Confilegal ya adelantaba que al menos siete de los diez puestos ya tenían dueño como algo normal “es lógico que quien se sienta acogido y útil a la institución tenga pretensiones de seguir aportando”.
“Al final tal número elevado de candidatos, cercano a treinta, indica que los abogados confluyen en la utilidad del CGAE como institución para nuestra profesión”.
Desde su punto de vista, “estamos avanzando bastante en la transparencia de la entidad. Hemos recibido altas calificaciones por organismos nacionales e internacionales a este respecto. Creo que estamos mejorando y seguiremos mejorando porque los tiempos en materia de transparencia van a ser más exigentes, cuestión que es lógica”.
A este respecto el CGAE puso en marcha su portal de transparencia desde donde se dan respuesta a muchas reclamaciones que se plantean “la transparencia tiene sus límites e instituciones como la nuestra tiene derecho a una reserva a nivel informativa en estas cuestiones. “
COVID, ABOGACÍA Y REFORMA DE LA JUSTICIA GRATUITA
Nuestro interlocutor reconoce que muchos de los abogados del país, como otros estratos de la sociedad, han sufrido el impacto de la crisis derivada del COvid19. “Desde el CGAE se han ofrecido ayudas en dos fases, una a nivel económicas directas que no tuvo mucho impacto porque los solicitantes no cumplían los requisitos”.
También destaca que “en una segunda fase de dotación de recursos digitales a los beneficiarios. Que esos recursos pudieran ayudar a mejorar su actividad. Fue una ayuda modesta para el mejor ejercicio profesional. Tuvimos 3.600 solicitantes, no se llegó a cubrir la partida de millón de euros, pero alcanzamos los 750.000 euros”
En este escenario convulso se han precipitado muchas iniciativas legislativas concentradas en ese periodo de tiempo de crisis “esta es una de las funciones del CGAE la supervisión de dicha normativa y aportar ideas de mejora. Hay todavía paquetes legislativos que tienen que salir a la luz y mejorarse a nuestro criterio”.
Otro clamor de la abogacía institucional tiene que ver con la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. “Los tiempos han cambiado y hay situaciones procesales y preprocesales que no quedan cubiertas por la normativa actual. Ha ido creciendo la necesidad de proteger el acceso a la justicia de todos los ciudadanos”, afirma.
En ese sentido, “desde el CGAE impulsamos la renovación de la ley y mientras llega seria bueno hacer modificaciones de su Reglamento para dar respuesta a las necesidades, tanto en lo referente a la asistencia a las personas jurídicas que son susceptibles de ser sancionadas en el derecho penal, como en la cobertura en aquellos casos donde los juzgados imponen un abogado de oficio, sin que existe declaración de justicia gratuita”.
Cree que es mejorable la financiación del servicio a los colegios de abogados: “La realidad ahora es dispar. No es fácil establecer una línea única para cada caso porque hay competencias transferidas en justicia a las comunidades autónomas. Pero esa financiación esta infradotada, los costes que asumen los Colegios de Abogados por el servicio no están satisfechos”.
Albareda está convencido que habría que impulsar un Turno de Oficio a nivel de Segunda Oportunidad debido a la crisis económica que ya han impulsado colegios como el de Barcelona o Granada “está en manos de los Colegios que se ponga en marcha, creemos que sería bueno su implementación “.
También recuerda que la abogacía institucional ha sido muy crítica con el proyecto de ley de reforma concursal del Gobierno que saca fuera al abogado de estos procedimientos y deja que el deudor gestione su procedimiento concursal, como ya se ha dicho desde el ICAB de Barcelona.
“Otra situación incompresible, la intervención de los abogados en los procedimientos concursales es clave y no debe soslayarse de cara a ofrecer seguridad jurídica a todas las partes del procedimiento”, remacha.
