De izquierda a derecha los eurodiputados de la Comisión que visitaron España: Jorge Buxadé, Kosma Zlotowski, Alex Agius Saliba, Cristina Maestre, Agnès Evren, Vlad Gheorghe, Maite Pagazaratundúa y Dolors Montserrat.
España debe investigar los 379 asesinatos de ETA sin resolver y acabar con los homenajes a los etarras liberados
|
13/3/2022 06:51
|
Actualizado: 18/1/2024 11:25
|
Son dos de las 31 recomendaciones contenidas en el informe elaborado por una delegación de siete miembros de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, capitaneada por la eurodiputada francesa Agnè Evren, por tras la visita realizada a España entre el 3 y el 5 de noviembre pasados.
El informe será presentado ante dicha Comisión el próximo lunes.
En el mismo «se sugiere» a las instituciones competentes que «agoten las posibilidades interpretativas del derecho penal, incluyendo el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad (crímenes de lesa humanidad, en la terminología legal española), incluso anteriores a 2004 y que, por tanto, se consideren imprescriptibles o amnistiables». Y recuerda que se han presentado varias iniciativas de modificación del Código Penal para que el principio de legalidad se interprete de acuerdo con el derecho internacional.
En este sentido, los europarlamentarios han asumido el planteamiento del peticionario, quien promovió la intervención del Parlamento Europeo en España en el decimo aniversario del anuncio de ETA de que abandonaba las armas: Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, e hijo del fiscal superior de Andalucía, Luis Portero, asesinado por ETA en 2000 en el portal de su casa en Granada, y del abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias.
También «sugieren» a las instituciones competentes que agoten las posibilidades interpretativas del derecho penal, también en relación con la teoría de la autoría indirecta, «los inductores», por vía del artículo 28 del Código Penal, «para que los miembros de la dirección de ETA en el momento en que se cometieron los distintos atentados no resueltos puedan ser procesados como los instigadores y prescriptores de la orden».
En el informe se hace un llamamiento al Gobierno de España para que se continue investigando, de forma exhaustiva los casos no resueltos, en el seno de la fiscalía y con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: «Sin valoración previa de la posible prescripción legal del caso, para dar respuesta a las familias que siguen esperando justicia. Esta determinación debe hacerse al final de la investigación, y las víctimas deben ser informadas del resultado si lo solicitan».
Asimismo, se refiere al hecho de que entre 2016, cuando se hizo la petición de intervención del Europarlamento, y noviembre de 2021, solo se ha resuelto un caso de los 379 que quedan por resolver.
Los eurodiputados proponen «Crear una comisión de juristas para elaborar un informe detallado sobre cada uno de los expedientes de las víctimas de ETA cuyos casos aún no se han resuelto. Todos los expedientes deben ser solicitados a la Audiencia Nacional una vez que se haya elaborado una lista actualizada con los nombres de todas las víctimas asesinadas por ETA que no han recibido justicia».
¿POR QUÉ HAY TANTA «IMPUNIDAD» RESPECTO A LOS CRÍMENES DE ETA?
La Audiencia Nacional, prosiguen, a través de su oficina de Víctimas del Terrorismo, «debería comunicar la situación procesal a todas las víctimas del terrorismo o sus familiares con casos sin resolver. De esta manera, será posible acercarse a la verdad judicial sobre cómo la gestión judicial y policial de los asesinatos de ETA no resueltos se ha llevado a cabo y contribuir al esclarecimiento de por qué hay tanta impunidad respecto a los crímenes de ETA».
De la misma manera, alientan a las autoridades competentes de los estados miembros de la Unión Europea y de terceros países para continuar «e impulsar la cooperación policial y judicial con el Estado español, que es uno de los medios fundamentales para resolver los casos sin resolver en los que se presume que los responsables pueden estar huidos de la justicia española».
Sobre los homenajes a los etarras excarcelados en España, recomiendan que se evite «la glorificación pública de los terroristas condenados cuando salen de la cárcel, debido al dolor y la victimización secundaria que esto supone para las víctimas del terrorismo. Evitar la humillación de las víctimas a través de estos actos, reforzando los instrumentos jurídicos, para que sean eficaces y prevenir la impunidad y la revictimización».
Por lo que se refiere a los privilegios carcelarios y el tratamiento de los condenados por terrorismo, la delegación recomienda que se vinculen a su cooperación en la resolución de todos los atentados terroristas sobre los que tengan información como un signo adicional de su verdadero arrepentimiento.
«Es necesario garantizar que todas y cada una de las familias de los casi cuatrocientos de los casi cuatrocientos asesinatos impunes de ETA sean notificados personalmente y a la mayor brevedad posible de cualquier cambio en el estado de su causa judicial y de la situación personal y penitenciaria de los autores», subrayan.
CON QUIENES SE ENTREVISTARON
La delegación de la Comisión de Peticiones que viajó a España estuvo formada por los eurodiputados Alex Agius Saliba, Vlad Gheorghe, Kosma Zlotowski, Dolors Montserrat, Cristina Maestre Martín de Almagro, Maite Pagazartundúa y Jorge Buxadé Villalba.
En nuestro país se entrevistaron con Valentín Díaz Blanco, general de Brigada de la Guardia Civil y jefe del Servicio de Información de la Benemérita; y con Eugenio Pereiro Blanco, comisario principal de la Policía Nacional y jefe de la Comisaría General de Información.
Ambos mandos explicaron lo que sus respectivos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad estaban haciendo para resolver los 379 asesinatos.
En el lado de la Justicia y la Fiscalía se entrevistaron con Antonio del Moral, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con Juan Pablo González, presidnete de la Audiencia Provincial de Madrid, con Ana María Rubio Encinas, magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con Jesús Alonso, fiscal jefe de ese mismo órgano, y con Marcelo de Azcárraga Urteaga, fiscal en ese mismo destino.
Y por el lado de las víctimas, los representantes parlamentarios europeos se vieron con Tomás Caballero Martínez, presidnete de la Fundación Víctimas del Terrorismo, con Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo COVITE, de Víctimas del Terrorismo, y con María Teresa Araluce, presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo.
También con Luis Heredero, con Vicky Uriarte, con Ana Isabel Ortigosa, y con Álvaro y Pablo Ryan, todos ellos víctimas del terrorismo.
Noticias Relacionadas:
